SE INCREMENTAN LOS DESACUERDOS CON
ESTADOS UNIDOS
El gobierno
del presidente López Obrador (AMLO) ha intentado fortalecer la relación con la
administración del presidente Joe Biden, a través de un diálogo continuo entre
los funcionarios de ambos países, comenzando con los propios presidentes que ya
han conversado en dos ocasiones; así como las dos oportunidades en que el
presidente de México ha conversado también con la vicepresidenta Kamala Harris.
Está claro
que para el gobierno de Estados Unidos la relación con México, siempre
importante, ahora ha adquirido una significación aún mayor, por varias razones.
En primer
lugar, la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, detonada por la
llegada de decenas de miles de migrantes de Centroamérica principalmente, pero también
de nacionales de hasta de 70 países que han sido asegurados por las autoridades
estadounidenses, ha generado una ola de críticas a la administración Biden, especialmente
desde la oposición (Partido Republicano), que acusa al presidente de haber eliminado
los controles que se habían establecido durante el periodo del presidente Trump;
y al permitir la estancia en el país de todos aquellos menores no acompañados,
se envió el mensaje de que la frontera estaba “abierta”.
La realidad
es que Biden no ha podido balancear una razonable política de control
fronterizo, junto con un trato más humanitario para los migrantes y al mismo
tiempo, el impulso de la tan necesaria reforma migratoria integral, dentro de
la cual se ha prometido en principio, un camino a la legalización de hasta 1.2
millones de trabajadores agrícolas y la regularización de los llamados “dreamers”.
Por ello,
Biden ha encomendado a la vicepresidenta Harris que busque alternativas con los
presidentes de México y el llamado triángulo norte de Centroamérica (Guatemala,
El Salvador y Honduras), para que por un lado, desde estos países se ejerza un
control más estricto para evitar la salida de migrantes y en el caso mexicano,
para que se les detenga en su frontera sur; se combata a las organizaciones
criminales que promueven la migración indocumentada; y se inviertan recursos
económicos (Biden ha prometido 4 mil millones de dólares), para que se inicie
un proceso de mejora en las comunidades expulsoras, para desincentivar el
proceso de migración que ahora está siendo estimulado por las condiciones de
inseguridad, crisis económica y ciclos continuos de desastres naturales.
La segunda
razón que está impulsando una mayor preocupación de Estados Unidos, es la
continua llegada de cargamentos de fentanilo, de manera ilegal, a puertos
mexicanos, para de ahí pasar clandestinamente a Estados Unidos, lo que ha
elevado el número de casos de muerte por sobredosis, que con los confinamientos
por la pandemia se han disparado[1] (hasta 90 estadounidenses
mueren por sobredosis cada día).
Ya desde el
gobierno de Trump, se presionó al gobierno de AMLO para que los puertos y las
aduanas del país estuvieran bajo control de la Marina los primeros, y los
segundos del Ejército, con objeto de disminuir el ingreso del fentanilo al
país.
López Obrador
aceptó que la Marina se hiciera cargo de los puertos, lo que provocó un
conflicto con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes que se opuso,
lo que lo obligó a renunciar.
A pesar de
ello, la entrada de fentanilo al país sigue sin ser detenido, lo que ha llevado
a que las autoridades estadounidenses insistan con el gobierno mexicano para
que se permita una actuación más libre de sus propias agencias en el país, y
así ayudar a las mexicanas a detener este comercio ilegal.
Y ahí surge
otra de las preocupaciones estadounidenses, pues a raíz del arresto del general
Salvador Cienfuegos (ex secretario de la Defensa Nacional) en Los Angeles,
Cal., por parte de la DEA, sin el conocimiento previo del gobierno mexicano, se
generó una crisis, al final del gobierno de Trump (2020), que llevó al gobierno
mexicano a proponer al Congreso nuevas regulaciones en México para las agencias
de seguridad extranjeras (la cual fue aprobada), claramente dirigida contra las
agencias de Estados Unidos.
Si bien, el
gobierno de Trump entendió que el arresto de Cienfuegos puso en riesgo la
cooperación en materia de seguridad entre ambos países, y por lo tanto decidió
liberarlo; el hecho de que en México ya no se le siguiera ningún proceso,
aunado a la aprobación de una nueva ley para regular a las agencias extranjeras
de seguridad en el territorio mexicano, encendieron las alarmas en Washington y
vino una nueva presión para que se buscara un mecanismo “legal” mediante el
cual nuestro gobierno permitiera cierta laxitud a las agencias estadounidenses,
lo cual fue finalmente aceptado por el gobierno mexicano, con lo que la ley
para regular a estas agencias, prácticamente quedó anulado para el caso de las
estadounidenses.
Y un tema
que está generando cada vez más enojo en Washington es la política energética
nacionalista del presidente López Obrador, que ha intentado limitar la manga
ancha con la que las empresas petroleras y eléctricas privadas, nacionales y
del exterior se han manejado en el país, desde que el gobierno de Peña Nieto
reformó el marco jurídico para permitir la inversión extranjera en la
producción y distribución de hidrocarburos, y a través de las facilidades y
ventajas que desde el gobierno de Calderón las empresas privadas han tenido en
la producción y distribución de la electricidad; en ambos casos, dejando en
evidente desventaja a las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE.
Para el
gobierno y las trasnacionales de Estados Unidos es de vital importancia que el
sector energético mexicano siga abierto a sus inversiones y a las concesiones
que se les han dado en los últimos dos gobiernos de Peña Nieto y Calderón, por
lo que las propuestas de cambios a las legislaciones eléctrica y de hidrocarburos
que AMLO ha impulsado, las ven esencialmente como un “ataque” a sus intereses y
por lo tanto están presionando para que no se apliquen; además de que en el
ámbito interno mexicano, ya han logrado detener judicialmente ambas legislaciones,
a través de amparos.
Para el
gobierno de Biden, en voz de su representante comercial Katherine Tai, que está
participando en México en la reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC[2], México debe honrar sus compromisos
en materia energética asumidos en el tratado, y de la misma manera está
exigiendo que nuestro país permita nuevamente el uso de glifosato y de maíz
transgénico, algo que los ambientalistas mexicanos lograron que se prohibiera
por parte del gobierno de AMLO.
Así también,
ya hay quejas en materia laboral por falta de democracia sindical en una planta
en Matamoros, Tamaulipas; y de revisión de derechos laborales en una fábrica de
General Motors en Guanajuato.
Obviamente,
del lado mexicano también hay inconformidad con distintas políticas de los
Estados Unidos, destacando la nota diplomática que el presidente López Obrador
instruyó al canciller Ebrard para que se turnara al Departamento de Estado, en
la que se manifiesta el desacuerdo de nuestro gobierno con el financiamiento que
la USAID del gobierno de Estados Unidos da a ciertas organizaciones no
gubernamentales, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a las que
el gobierno de AMLO considera no sólo opositoras a su administración, sino
abiertamente “golpistas”.
De una
manera no tan velada, ante las crecientes presiones estadounidenses en
distintos ámbitos, el gobierno de AMLO ha manifestado reiteradamente en las
últimas semanas, su agradecimiento a China y Rusia por su ayuda con las vacunas
que han enviado durante la pandemia.
Incluso el
canciller Ebrard fue a Rusia para asegurar el envío de más dosis de la vacuna
Sputnik V y se aprovechó el viaje para reiterar la buena relación entre ambos
países.
Así también,
el presidente López Obrador realizó un acto en Coahuila para pedir perdón al
pueblo y gobierno chinos, al cumplirse 110 años de la masacre de 303 chinos
durante la Revolución Mexicana. Evento que sirvió para que nuestro gobierno
reconociera la ayuda brindada por China durante la pandemia y las buenas
relaciones entre ambos países.
Estos
mensajes obviamente son recibidos por Washington, que recientemente tuvo que
romper su política de no exportar vacunas al exterior sino hasta que todos los
ciudadanos estadounidenses estuvieran vacunados, para enviar un par de millones
de dosis a Canadá y México; y ahora Biden ha señalado que próximamente podrán
exportar varias decenas de millones de dosis más al resto del mundo, con objeto
de evitar que sólo chinos y rusos sean vistos como los países más solidarios en
esta pandemia.
Por un lado,
es muy positivo que el gobierno de AMLO, después de haber capitulado por
completo ante las presiones, chantajes y exigencias de Trump, esté
recapacitando, y si bien no tenga la intención de entrar en conflicto
permanente con Estados Unidos, sí al menos ya asumió que una actitud
complaciente ante la superpotencia sólo invita a más abusos y exigencias.
La relación
con Estados Unidos siempre será de cooperación y conflicto; unas veces primará
uno y en otras circunstancias el opuesto, pero lo que hay que tener presente es
que eso de que somos “socios, amigos y aliados” hay que tomarlo con mucho
cuidado, pues los estadounidenses siempre desean las mayores ventajas, especialmente
ante los países que consideran más débiles, por lo que nuestro gobierno debe
mantenerse vigilante, desconfiado y exigente a su vez ante Washington; pues
afortunadamente, aunque la relación es asimétrica en favor del vecino del
norte, también es cada vez más interdependiente, y México también cuenta con
numerosas palancas que puede utilizar para hacer la relación menos
desfavorable.
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