ALIANZA GENERAL CONTRA MORENA
La reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la
que el servil Graco Ramirez (Morelos) dejó la presidencia de ese “grupo de
amigos” al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, marcó
el comienzo formal de la alianza entre los gobernadores, el gobierno federal y
los altos mandos de las fuerzas armadas (aunado al dato no menor de la
presencia del presidente de la Asociación
Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, el gobernador de Virginia,
Terry McAulife), en contra de Andrés Manuel López Obrador y el partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Ya no es novedad que los gobernadores del otrora partido de
oposición, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), estén reproduciendo
la retórica anti populista que ha intensificado en los últimos meses el
gobierno peñista. Y es que para todo efecto práctico, el PRD ha dejado de
existir como un partido de izquierda y se ha convertido en el cabús del
neoliberalismo, con objeto de mantener los privilegios para sus dirigentes[1]
(y el perdón para sus corruptelas) y posiciones de poder (que disminuyen
continuamente), para lo cual están ofreciendo a Peña Nieto sus servicios como
partido divisionista, encargado de reducir el caudal de votos y el apoyo de los
segmentos que se inclinan por Morena, con objeto de que se detenga el
crecimiento vertiginoso que este partido ha logrado en los últimos dos años.
Y es que el neoliberalismo mexicano enfrenta tres crisis
mayúsculas que no puede y no va a poder superar en lo que resta del sexenio
peñista: aumento exponencial de la violencia e inseguridad; corrupción desatada
en todos los niveles y órdenes de gobierno; y, cambio para peor en la relación
económica con Estados Unidos.
En el primer aspecto, hasta el propio Peña tuvo que reconocer
en la reunión de la Conago que los índices de violencia e inseguridad se han
disparado en varias entidades en el último año; y la realidad es que esto no se
va a poder contener en lo que resta del sexenio debido a que la lucha por la
sucesión presidencial, la renovación del Congreso y las sucesiones en gobiernos
estatales relevantes (Estado de México este año; Jalisco y ciudad de México el
próximo), llevan a un relajamiento (todavía mayor) y a un reposicionamiento de
grupos de poder y de sus asociaciones con las organizaciones criminales, que
generalmente derivan en mayores enfrentamientos (para colocarse en situaciones
ventajosas frente a sus adversarios, ante el cambio de gobierno), menor
vigilancia y combate a la criminalidad, y una lucha descarnada por ocupar las
nuevas posiciones de poder que permitirán “concesionar o vender” plazas y
sectores económicos a los diferentes grupos criminales.
En este contexto, los partidos políticos del establecimiento,
es decir los que actualmente dominan el panorama político (PRI, PAN, PRD y
PVEM), enfrentan una lucha interna por candidaturas para las próximas
elecciones, que lleva a que se disparen dos mecanismos: por un lado, la inseguridad
respecto a conseguir una nueva posición en el gobierno o ganar un puesto de
elección popular, lleva a los políticos a incrementar al máximo sus prácticas
corruptas (el famoso “año de Hidalgo””)[2],
para asegurarse, en caso de necesidad, un retiro temporal con recursos
financieros suficientes; y por otro lado, los que luchan por obtener
diputaciones, senadurías, alcaldías y gubernaturas, requieren ingentes recursos
económicas para allegarse de apoyos de sectores sociales y grupos de poder, por
lo que el uso ilegal del erario público para las campañas electorales también
se magnifica.
Así, en los próximos meses vamos a ver como el aumento de la
violencia y la inseguridad va a inundar la narrativa diaria (ya sucede en la
ciudad de México, en donde Mancera está ya enfocado en su precampaña, y los
grupos criminales en la ciudad están desatados y sin control alguno); y al
mismo tiempo, se van a multiplicar los casos de corrupción (y de impunidad) en
todos los niveles gubernamentales, pues la posibilidad de que llegue un partido
político que no esté de acuerdo en tapar la corrupción de sus antecesores, en
vez de llevar a los políticos a restringir esas prácticas, por el contrario los
azuza a reunir la mayor cantidad de recursos económicos para posteriormente
tener con que huir y/o pagar caros despachos de abogados que los
defiendan; o incluso para comprar su
libertad, entregando una parte de su fortuna mal habida a sus perseguidores.
En lo que respecta a la relación económica con Estados
Unidos, la insistencia de Donald Trump en cambiar de fondo el desequilibrio
comercial actual, que favorece a México; y la posibilidad de que Estados Unidos
negocie dos tratados de libre comercio separados, uno con México y otro con
Canadá; podría implicar que nuestro gobierno enfrente en una situación muy
desventajosa dicha negociación y tendría que aceptar, a pesar de que es lo
último que desea hacer, que debe dar por terminado el libre comercio con
Estados Unidos y acogerse a las reglas de la Organización Mundial de Comercio.
Ello sería un golpe brutal para la oligarquía nativa y sus socios
trasnacionales, quienes junto con la tecnocracia financiera mantienen
subordinado al servil gobierno mexicano.
De presentarse un panorama económico desfavorable, en medio
de un proceso electoral muy competido, no es difícil que la opción anti
neoliberal, o sea la de López Obrador y Morena, puedan crecer mucho más, a
pesar de los traspiés que una organización poco aceitada como Morena va a
enfrentar, como en los casos de corrupción de militantes, reciclados de otros
partidos o no (por ej. el de la diputada local por Veracruz, Eva Cadena).
Y Peña y socios lo saben, por lo que han decidido conformar
una gran coalición de partidos del establecimiento político, gobernadores,
legisladores, grandes empresarios, medios de comunicación y significativamente
los aparatos de coerción, inteligencia y seguridad de México y Estados Unidos
para sabotear, debilitar y detener el crecimiento de Morena y de López Obrador,
pues constituyen la única vertiente no controlada, ni chantajeable del sistema
político; y por lo mismo es vista como la principal amenaza al esquema
depredador-expoliador establecido desde hace 35 años en el país con la
imposición del modelo neoliberal; y contraria a una “guerra contra el
narcotráfico” cuyo verdadero objetivo es tener amedrentada y subyugada a la
población, para que no pueda organizarse contra este régimen de explotación
demencial.
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