La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de
Marina han estado presionando desde hace por lo menos 6 años al poder civil,
para que les brinde un “paraguas” legal mediante el cual las fuerzas armadas
puedan seguir interviniendo en acciones de seguridad pública, sin tener que
estar enfrentando constantemente acusaciones de que exceden sus funciones o
peor aún, de cometer constantes violaciones a los derechos humanos.
Finalmente el PRI ha elaborado una ley que brindará tal
protección a las fuerzas armadas, que les permitirá seguir participando en
tareas de seguridad interior, en contra “de la corrupción” y el terrorismo; así
como obtener información “por cualquier medio”, lo que evidentemente deja intencionalmente
sin definir qué medios utilizarán los militares y marinos para allegarse de
información, ni tampoco delimita claramente en qué casos relativos a la
seguridad interior o nacional podrán actuar, lo que por supuesto les permitirá
intervenir en disputas políticas o contra protestas sociales, tan sólo
invocando que ponen en peligro la seguridad interior.
Ante el evidente fracaso del modelo económico neoliberal en
lo que se refiere a mejorar el nivel de vida de la población (no así en el
verdadero objetivo que es el de enriquecer a las élites depredadoras), y el
concomitante fracaso del sistema político en mantener la gobernabilidad, la
seguridad y la paz social, es claro que la violencia va en aumento en el país,
ya sea la derivada de la lucha entre las organizaciones criminales (apoyadas
por autoridades de diversos niveles), o la de la población contra dichas
organizaciones, en defensa propia; o simplemente la que se produce por la
anarquía en la que van cayendo zonas y regiones del país; así como una
creciente inconformidad social, que se expresa en protestas contra los
gobiernos municipales, estatales y el federal (principalmente por la corrupción
desbocada de los gobernantes); la subclase política, los oligarcas explotadores
y las empresas trasnacionales, no ven otra forma de mantener el sistema
depredador sino mediante la imposición, la “mano dura” y finalmente de ser
necesario, la dictadura.
Los presupuestos multimillonarios para las fuerzas armadas y
los cuerpos de seguridad, las cada vez más facultades que se les dan en leyes y
reglamentos para que puedan pasar por encima de las garantías individuales
establecidas en la Constitución, y especialmente el deseo de eliminar el
respeto a los derechos humanos como barrera a la actuación de las fuerzas
armadas y las policías, están llevando a conformar una legislación muy similar
a la que establecieron las dictaduras sudamericanas en los años 60, 70 y 80 del
siglo pasado.
En esas latitudes y épocas se le llamó “La Doctrina de la
Seguridad Nacional”, que elimina dos principios esenciales de un gobierno
democrático: la subordinación de los militares al poder civil y el deber de no
intervención en la política.[1]
Aunque supuestamente las fuerzas armadas mexicanas requerirán
que el Secretario de Gobernación (el poder civil) defina las circunstancias en
las que participarán en el mantenimiento de la seguridad interior, la realidad
es que es imposible que en el día a día, dicha secretaría pueda mantener un
control sobre lo que harán los militares, que con el “paraguas” de la nueva
legislación, podrán justificar cualquier exceso en materia de combate a la
delincuencia organizada, “fuegos cruzados” en los que resulten muertos y
heridos de la población civil; “equivocaciones” al ingresar a domicilios o
propiedades que no tengan relación con el crimen organizado; represión de
manifestantes por demandas sociales, políticas, etc.
Se abre así un amplio espectro de acciones que ahora los militares
y marinos podrán justificar mediante la nueva legislación, con objeto de no ser
molestados en sus funciones, con los molestos “derechos humanos”.
El neoliberalismo mexicano se convierte ahora en una “fortaleza”
para defender los privilegios y abusos de una minoría, que está decidida a
aplastar cualquier disidencia o inconformidad, pero que ni por asomo enfrenta
al crimen organizado, que en esencia viene a ser otra parte más de la
estructura de dominación, y por lo tanto no es considerado, en los hechos, como
enemigo. El enemigo para las élites depredadoras es el pueblo y quienes
intenten defenderlo.
[1]
Tapia Valdés, Jorge A.; El Terrorismo de Estado. La Doctrina de la Seguridad
Nacional; Editorial Nueva imagen; 1980; 1ª. Ed: México, D.F.; p.144
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