VERDAD MANIPULADA

Como se esperaba, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), descalificó buena parte de la "investigación" realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), cuando estuvo encabezada por Jesús Murillo Karam.

El aspecto más relevante del informe es el que señala que hubo un quinto autobús (no sólo 4, como lo había establecido la PGR) tomado por los estudiantes, que al parecer fue el que generó la frenética reacción de las policías municipales de Iguala y Cocula, de la misma Policía Federal y del Ejército, y de los sicarios del cartel Guerreros Unidos. pues se dieron a la tarea de buscarlo y detenerlo (proceso durante el cual confundieron al autobús que transportaba al equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, con el que perseguían), pues sabían que en ese transporte se ocultaba droga del cartel Guerreros Unidos, que iba dirigida a los Estados Unidos (heroína), y tenían que recuperarla.

Esto es, si bien no lo dicen abiertamente los miembros del GIEI, dan a entender claramente que la reacción desproporcionada de autoridades locales y federales a la toma de autobuses por parte de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se debió a que esas autoridades estaban (y están) coludidas con el narcotráfico; lo que también explicaría el por qué se trató de centrar, desde el inicio de la investigación, las causas de la desaparición de los muchachos, en el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa M. de los Angeles, con objeto de evitar que los reflectores se pusieran sobre las autoridades federales involucradas en el tráfico de heroína.

Desde el principio Murillo Karam, una y otra vez, señaló que ni el Ejército, ni la Policía Federal intervinieron en el ataque y la desaparición de los muchachos. Esto indica que él supo (y por supuesto el presidente mismo), que la verdadera razón de esos hechos era la pérdida de un gran cargamento de heroína que iba en uno de los autobuses tomado por los estudiantes, y que originalmente tenía como destino la frontera con Estados Unidos.

Si Murillo quiso proteger a las autoridades federales involucradas en este ilícito (que por cierto no se limita a dicho cargamento, sino que es un flujo constante desde Guerrero hacia el norte del país, con la complicidad y protección de las autoridades federales, estatales y locales), ello quiere decir que no sólo saben, en los más altos niveles del gobierno, de este tráfico y del involucramiento de Ejército, Policía Federal y autoridades estatales y municipales, sino que son copartícipes de los beneficios económicos que dicho tráfico genera.

Basta mencionar que en lo que va del sexenio de Peña Nieto, el rubro de "errores y omisiones", dentro de la cuenta pública, alcanzó ya 38 mil millones de dólares que han salido del país (La Jornada, 7 de septiembre de 2015), sin que se sepa de dónde provino, ni adonde fue ese dinero. Es decir, es dinero que entró al país, al sistema financiero (¿pago de cargamentos de droga?), estuvo un tiempo y salió nuevamente, sin que la autoridad pudiera determinar a quiénes pertenece o a qué actividad económica está referido.

La verdad es que las autoridades financieras (Videgaray, y Carstens) sí saben de donde viene ese dinero y adonde va, y sobre todo de quién es. Es "lavado de dinero" de narcotráfico y corrupción de la propia subclase gobernante, de sus socios empresariales y de los operadores del negocio, los jefes de los carteles.

El caso Ayotzinapa se les salió de las manos porque estuvieron involucrados estudiantes de una Normal Rural combativa y cuyos padres y compañeros no iban a dejar pasar el hecho sin luchar por conocer la verdad. Pero la realidad es que esta "narcocracia" ha desaparecido a 25 mil personas en los últimos 8 años, sin inmutarse. El gobierno mexicano es el verdadero jefe de los carteles del narcotráfico y en general, de las actividades criminales del país. Las luchas entre bandas rivales, no significa más que dentro del propio gobierno se da una competencia por dominar el mercado y las rutas del narcotráfico y de las actividades criminales, y tanto Fuerzas Armadas como policías sirven como controladores o en su caso como tropas de estos distintos grupos criminales que tienen sus tentáculos por todo el sistema político y económico de México, pero cuya cabeza principal está en el propio gobierno federal.

Ojalá el GIEI siga algunos meses más desbaratando las mentiras del gobierno federal sobre este caso y al menos una parte de la sociedad mexicana, la más honesta, consciente e informada, tenga la oportunidad de dar a conocer al mundo la realidad de este país, desgobernado por criminales, corruptos y mafiosos.