¿DE AYOTZINAPA A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL?

En México los movimientos sociales se han desarrollado en los últimos 60 años alrededor de demandas específicas, relativas a ciertos sectores sociales (o a través de la visión marxista, clases sociales), ya sean el obrero (movimientos ferrocarrilero y petrolero a fines de los cincuentas; los electricistas y trabajadores universitarios en los setentas), el campesino (por ej. la lucha del "jaramillismo" durante los años cuarenta y cincuenta en el estado de Morelos), el estudiantil (movimiento estudiantil 1968-1971); los pueblos indígenas (a raíz de la aparición del EZLN en 1994), el magisterial (fines de los cincuentas, ochentas, noventas y hasta la actualidad); la lucha contra la minería y las hidroeléctricas, especialmente a partir del inicio de este siglo; etc.

Con el crecimiento desbordado de la violencia relacionada al crimen organizado (lucha por territorios y "mercado"; "guerra contra el crimen organizado", etc.) en los últimos 20 años, la movilización nacional ha sido tanto de estratos medios como de sectores populares, en busca de respuesta a su reclamo de seguridad, de justicia por los asesinatos, desapariciones forzadas, abuso de autoridad, violaciones a los derechos humanos, etc.

Otra por supuesto ha sido la vertiente de la protesta política, relacionada sobre todo con la exigencia democrática, el repudio al fraude y la extensión de los derechos políticos a diferentes grupos (1988, 1994, 2000, 2006, 2012).

Si hiciéramos un recuento de la protesta, de la movilización por motivos políticos, económicos y sociales de la población mexicana, nos podremos dar cuenta que esta última dista mucho de ser pasiva (aunque en principio esa es la impresión que se tiene), conforme, "satisfecha" (según varias encuestas de los últimos años) y favorable al régimen político y al sistema económico imperantes.

Sin embargo, rara vez todas estas protestas se traslapan en el tiempo, en la geografía o en el tipo de demandas hacia las autoridades locales, estatales o federales.

Casi siempre se detonan en sectores específicos, en regiones y en lapsos definidos, que permiten al Estado dar respuesta de diferente manera a esas exigencias. Ya sea difiriendo la solución (la más común), a través de respuestas burocráticas, con objeto de desgastar al movimiento en específico, y en especial al conjunto poblacional que las apoya; dando respuestas "a medias" que puedan permitir "desactivar" el conflicto, accediendo a algunas de las peticiones, negando otras y difiriendo la respuesta a otras más; cooptando a los líderes, a través de prebendas, trato diferenciado o de plano mediante posiciones políticas o beneficios económicos. Normalmente si estas vías no sirven para desactivar la protesta y la movilización, se recurre entonces a la "cerrazón" y a la definición de opciones limitadas (o aceptan la propuesta oficial o no reciben nada), utilizándose también la descalificación de la protesta y de sus líderes a través de los medios de comunicación; lo que comúnmente lleva a la radicalización del movimiento (o por lo menos a una parte de él); y ello finalmente deriva en la represión.

Si bien, no es necesariamente una secuencia precisa de cómo responde el Estado a los movimientos de protesta, pues ello depende del ámbito en el que se realiza (local, estatal, regional o nacional); del nivel de gobierno que lo debe atender, del tipo de recursos que se le exigen a la autoridad para resolverlo (leyes, decisiones administrativas, recursos económicos, etc.) y de la sensibilidad de los encargados de solucionar, diferir o negar las peticiones o exigencias que se hacen desde la sociedad civil, sí resume el catálogo de instrumentos que el sistema político y económico utiliza para procesar las demandas sociales que llegan a la movilización y a la protesta, en ocasiones de manera violenta.

A raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Brugos de Ayotzinpa, hace más de un año en Iguala, por parte de la policía municipal de esa ciudad, la de Cocula y sicarios del cártel Guerreros Unidos, con la complacencia y/u omisión de autoridades estatales y federales, en diversas organizaciones sociales y partidos de izquierda, se ha planteado la posibilidad de que Ayotzinapa pueda convertirse en el núcleo de una movilización transversal, que pueda aglutinar a numerosos sectores inconformes con la política económica, social, de seguridad, etc. del actual régimen, con objeto de articular un gran movimiento nacional que pueda cambiar al país de fondo.

Esta pretensión surgió en su momento con el movimiento estudiantil de 1968, del que se esperaba fuera el detonador para una movilización general de diferentes sectores que llevara a un cambio político y económico de gran envergadura. La represión primero, la cooptación después, la radicalización misma de la protesta (la guerrilla urbana de los setentas), el desgaste del movimiento y algunos cambios dentro del propio sistema político, desbarataron esa posibilidad.

El quiebre dentro del aparato priísta en 1986-88, con la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, volvió a abrir la esperanza de cambiar, ahora a través del sistema politico-electoral, al sistema. El fraude y los amagos de represión, más la prudencia (otros la llamarían falta de carácter) del principal protagonista de este episodio, permitieron al sistema salir airoso del reto, y no sólo eso, también terminar de constituir una nueva coalición de intereses, con un proyecto de subordinación al exterior, reflejado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La aparición del EZLN en 1994, fue un reto, primero armado, y después social y político, que cobró fuerza como un intento de desestabilizar a todo el sistema político y económico prevaleciente. Sin embargo, el sistema respondió rápidamente evitando la respuesta violenta (sólo duró 10 días), y pudo acotar las demandas al ámbito indígena (aunque tuvo también su repercusión en el ámbito político electoral), evitando así que la rebelión zapatista se convirtiera en el corazón de una protesta más vasta, a nivel nacional. Finalmente, no pudo trascender el sector del que surgió, el de los pueblos originarios de México.

Andrés Manuel López Obrador fue quien puso en riesgo al sistema con sus dos campañas presidenciales de 2006 y 2012, principalmente porque desde la izquierda política cuestionó la política económica y social, así como la corrupción y sus propuestas coincidieron en el tiempo con el auge de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, que comenzaron a dar resultados positivos en materia de disminución de la pobreza y redistribución del ingreso.

Sin embargo, el sistema una vez más utilizó todos los instrumentos a su disposición (el fraude electoral, la descalificación del contrario mediante un uso amplio de los medios de comunicación; gran cantidad de recursos económicos para "comprar" voluntades en diferentes sectores; represión selectiva, etc), y el reto lopezobradorista fue derrotado en ambas ocasiones.

Con motivo de las "reformas" estructurales" de Peña Nieto, se intentó generar protestas en contra de ellas, especialmente contra la energética y la educativa. En el primer caso la oposición quedó tan desarticulada y con tan poca presencia popular en las protestas (además de que se aprobó "fast track" en el Congreso, gracias a la mayoría oficialista), que no tuvo mayor problema en concretarse; ha sido la educativa la que ha encontrado mayor oposición por parte del magisterio, pero el Estado ha decidido utilizar la fuerza para imponerla (como en Oaxaca), sin que ello haya generado una respuesta popular en apoyo de la posición magisterial.

Vale la pena aquí recordar lo que Sergio Zermeño comenta en su libro México una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68 (Siglo XXI editores; 2a. edición; México; 1981; p. 266):

"El movimiento mexicano....proviene de dos fuentes de heterogeneidad: una externa, propia de la sociedad global, y otra interna, propia de la alianza transitoria de los sectores que la componen...Todo permanece en espera de la respuesta de los sectores populares y se busca un recalentamiento y un debilitamiento del orden que pueda conducir a una crisis general; pero mientras eso no sucede, el movimiento gravita en función de las actitudes de su adversario, en un campo en donde la correlación de fuerzas le es altamente desfavorable".

De ahí que el caso Ayotzinapa se encuentra en la dinámica propia de la protesta en favor de la justicia (una investigación creíble, que explique lo que sucedió con los estudiantes; castigo a todos los culpables y que el Estado realmente asuma su responsabilidad en lo sucedido); pero ello conlleva necesariamente jugar el juego de las autoridades (incluidas las instancias internacionales), y por lo mismo el paso del tiempo (por más que la protesta haya podido mantenerse durante un año), puede tender a desgastar, si bien no al núcleo de la protesta (padres y compañeros de los estudiantes), sí al resto de actores sociales que la han acompañado.

Así también, la discontinuidad en la protesta social en diferentes sectores, ámbitos geográficos y niveles de autoridad a la que va dirigida, impide una coordinación nacional de la misma, lo que se suma a su dispersión y heterogeneidad, y ello permite al Estado desconectar todos estos movimientos, aislarlos y en alguna medida acotarlos en su dimensión y riesgo hacia el sistema.

En el mejor de los casos, Ayotzinapa se ha convertido en el referente del desastre que es el país en materia de desapariciones forzadas, de irrespeto a los derechos humanos y de incompetencia e indiferencia de las autoridades ante esta crisis mayúscula. Pero que de aquí se pueda articular un movimiento nacional que realmente ponga en jaque a todo el sistema político y económico del país, parece más un ejercicio voluntarista, que una posibilidad realista.