CRISIS EN EL GABINETE DE SEGURIDAD DE PEÑA NIETO

Cada día que pasa empeora la situación de los miembros de las áreas encargadas de la seguridad en el gabinete de Peña Nieto.

Desde el 26 de septiembre del año pasado, cuando miembros de las policías municipales de Iguala y Cocula en Guerrero, se encargaron de entregar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa al cártel “Guerreros Unidos”, y de asesinar a tres estudiantes y tres civiles más en esa trágica noche, las secretarías y dependencias del gobierno federal encargadas de la seguridad han ido en caída libre.

Primero, tanto el gobierno del estado de Guerrero, como las instancias federales (Policía Federal, Ejército Mexicano y PGR) que se enteraron de ese hecho la misma noche-madrugada en que sucedió, no sólo no hicieron nada por evitarlo, sino que decidieron no investigarlo (y lo minimizaron públicamente). No fue sino hasta que se hizo evidente que los estudiantes habían sido secuestrados y las policías municipales habían participado en el hecho, para que el gobierno federal decidiera intervenir en el asunto (esperando 10 días).

La “investigación” realizada por la PGR y su “verdad histórica” han sido continuamente cuestionadas por los padres de los estudiantes desaparecidos, numerosas organizaciones no gubernamentales (así como por los expertos forenses argentinos que coadyuvaron en la investigación) y organismos internacionales defensores de los derechos humanos, todo lo cual obligó al gobierno mexicano a solicitar, por primera vez, a una instancia internacional (la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos), su intervención para emitir recomendaciones sobre la investigación realizada sobre los hechos, por las autoridades mexicanas.

La labor de los expertos designados por la mencionada Comisión, ha sido obstaculizada en diversas formas por las autoridades, pero especialmente en su solicitud para entrevistar a los miembros del Ejército Mexicano que al parecer, no sólo tuvieron conocimiento de los hechos esa misma noche, sino que participaron en la retención de algunos de los muchachos, acusándolos de alborotadores.

La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una vez que se nombró a su nuevo titular Luis Raúl González Pérez, ha manifestado dudas sobre la investigación realizada por la PGR.

De ahí que a pesar de las reticencias de Peña Nieto para remover al procurador Jesús Murillo Karam, el cúmulo de cuestionamientos nacionales e internacionales a su actuación, obligaron al presidente a removerlo de la PGR (27 de febrero del 2015), pero manteniéndolo dentro del manto protector gubernamental, al designarlo secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por su parte, el Ejército Mexicano ya arrastraba desde mediados del 2014 los cuestionamientos sobre lo ocurrido en Tlatlaya, Estado  de México donde efectivos militares “abatieron” a 22 supuestos secuestradores en un “enfrentamiento”.

Sin embargo, el mismo septiembre trágico de los sucesos de Ayotzinapa se dio a conocer en una revista de Estados Unidos (Esquire), que realmente los miembros del Ejército asesinaron a sangre fría a la mayoría de los 22 supuestos delincuentes.

A partir de entonces el Ejército Mexicano intentó desacreditar esa versión primero, pero ante las evidencias (que después fueron corroboradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la muy reticente PGR aún encabezada por Murillo Karam), no hubo más remedio que iniciar una investigación y acusar a 7 soldados y oficiales por los hechos (juicio que por cierto aún no ha comenzado).

Ahora el Ejército enfrenta nuevas acusaciones de que participó en un tiroteo en Ostula, Michoacán (19 de julio), en donde murió un niño, cuando se detuvo a uno de los dirigentes de las autodefensas de esa región.

La cereza en el pastel fue por supuesto la nueva fuga de “el Chapo” Guzmán del CEFERESO No.1 del Altiplano (Estado de México), el pasado 11 de julio.

La responsabilidad de mantenerlo bajo custodia era de la Secretaría de Gobernación (Osorio Chong), y en específico del comisionado de Seguridad (sic), Monte Alejandro Rubido, con la colaboración del director del CISEN, Eugenio Imaz.

Evidentemente, después de la captura de “el Chapo” Guzmán en febrero de 2014, que se había constituido en el máximo logro de la administración peñista en materia de seguridad, lo último que se necesitaba es que ese triunfo se convirtiera en un ridículo, al fugarse el conocido narcotraficante, por segunda vez, de una cárcel de “máxima seguridad (sic)”.

Y ahora la cuestionada es la Secretaría de Marina, pues el semanario Proceso ha difundido (18 de julio) que dicha captura ni siquiera fue realizada por la Marina, sino por elementos de la DEA y por “marshals” del gobierno de Estados Unidos, disfrazados de marinos mexicanos.

De hecho, las más altas autoridades mexicanas no estaban enteradas del operativo, sino hasta que “el Chapo” estaba bajo custodia y ya iba en vuelo a la ciudad de México.

Como se puede apreciar en este apretado resumen de fracasos y excesos de las instancias de seguridad del Estado Mexicano, la realidad es que la administración de Peña Nieto no tiene control alguno sobre los cárteles del narcotráfico y sus socios y protectores dentro de la propia estructura del gobierno mexicano (en sus diferentes órdenes de gobierno); o es omisa deliberadamente, ya que es cómplice de esos grupos criminales; ni tampoco tiene control sobre las agencias de seguridad estadounidenses que actúan libremente en nuestro territorio, sin solicitar autorización alguna al gobierno mexicano.

Esto sólo indica que el gobierno mexicano ha perdido casi por completo la supremacía en materia de seguridad, y por lo tanto ni tiene la exclusividad del uso de la fuerza internamente, ni puede ejercer su soberanía, ante la flagrante y descarada intromisión en sus asuntos internos de la potencia hegemónica vecina ¿Será por eso que el gobierno de Peña Nieto se ha negado a nombrar un embajador en Estados Unidos en los últimos 5 meses, como única forma de protesta ante las reiteradas pruebas del poder estadounidense sobre el débil gobierno mexicano?.

Por lo pronto, el grupo “Hidalgo”, dentro del gabinete de seguridad, es decir el secretario de Gobernación Osorio Chong; el director del CISEN, Eugenio Imaz y el ex procurador Jesús Murillo Karam, han resultado ser los más golpeados durante estos meses por las evidentes fallas y complicidades ante el crimen organizado; y por lo tanto los dos primeros son candidatos a dejar sus puestos, a pesar de que Peña Nieto no desea hacerlo, pues está convencido de que proteger a sus subordinados “leales”, es más importante que resolver los graves problemas que enfrenta su gobierno en esta materia.

Eso no quiere decir que otros miembros del gabinete no estén en graves problemas, tales como Rubido, comisionado de seguridad que sólo salta de crisis en crisis, sin resolver ninguna; y como ya le sucedió al comisionado para Michoacán (y ahora encabezando la Comisión Nacional del Deporte), Alfredo Castillo que tuvo que dejar su puesto, después del desmantelamiento del cártel de “Los Caballeros Templarios” en Michoacán, pero substituido por la entrada a la entidad del cártel Jalisco Nueva Generación y por los crecientes enfrentamientos entre los grupos de autodefensas.

¿Y qué hace Peña para desviar la atención de esta evidente crisis de sus áreas de seguridad? Ataca a los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, acusándolos de todos los males que tiene el sector educativo en México (así se lavan las culpas del gobierno federal y los estatales en materia de rezago educativo a nivel nacional), y se presenta como un “gobierno fuerte” que pone en su lugar a un grupo de disidentes y casi guerrilleros que “tenían tomada la educación en el estado”, es decir, vamos a desquitarnos de nuestros fracasos en todos los ámbitos (crecimiento económico mediocre; devaluación acelerada del peso; aumento de la pobreza; crisis y ridículo en el ámbito de la seguridad; cuestionamientos en materia de derechos humanos; fracaso de la Ronda Uno de la reforma energética; y hasta acusaciones de “amaño” de partidos para favorecer a la selección nacional de futbol), doblando a una sección sindical que se opone abiertamente a la reforma educativa, y a la cual no se le ha podido derrotar a lo largo de 30 años.
Ni siquiera con el (no tan) seguro desmantelamiento de la sección 22 (y de las de Guerrero, Michoacán, Chiapas y el DF), se podrá echar a andar la reforma educativa, que es una reforma administrativa y política, pero no pedagógica y social, como debería haber sido; ni tampoco eso va a evitar el deterioro imparable del gabinete de seguridad de Peña, y de su continuo fracaso en política económica y social, a pesar de que su control político sobre el país se reafirma cada vez más, a través de todo tipo de fraudes y trampas electorales, como las que se vieron impúdicamente en las últimas elecciones en Chiapas.