LOS ALIADOS DE LÓPEZ OBRADOR (2)
En esta
segunda entrega sobre los aliados del presidente mexicano, analizaremos su
subordinación -prácticamente llegando a nivel de convertir al país en un
protectorado- ante la potencia hegemónica, los Estados Unidos.
Desde el
inicio de su gobierno, López Obrador decidió subordinarse a las demandas,
exigencias y chantajes del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
que continuamente lo amenazó mediante posibles sanciones económicas (aranceles
a todas las exportaciones mexicanas, sin importar lo que estableciera el
Tratado de Libre Comercio); cierre de la frontera común y designación de los
cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones “terroristas”, todo con
el objetivo de obligar al gobierno mexicano a cambiar su inicial política de
migración, más humanitaria y favorecedora del tránsito libre de migrantes por
su territorio, a otra restrictiva, encaminada a detener el flujo migratorio y a
aceptar convertir a México en “tercer país seguro”, para recibir en el
territorio mexicano a los migrantes que solicitaban asilo en Estados Unidos.
Así también,
el gobierno de Trump demandó que las fuerzas armadas se convirtieran en las
principales encargadas de detener los cargamentos de fentanilo provenientes de
Asia, que entran por las aduanas mexicanas, y que pasan de contrabando a los
Estados Unidos.
Todo lo
aceptó AMLO sin pedir nada a cambio (ahora también la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos para que siga el programa "quédate en México"), demostrando una velocidad y sumisión ante
lo demandado por el presidente de Estados Unidos, que aún en Washington,
estaban sorprendidos de que un presidente mexicano que había llegado al poder
con las banderas del nacionalismo y la defensa de la soberanía aceptara todo lo
que se le exigía, sin “meter las manos” siquiera.
Después vino
el affaire Cienfuegos (detención en Los Angeles del ex secretario de la
Defensa Nacional, acusado por la DEA de nexos con el narcotráfico), en los
últimos meses del gobierno de Trump; a lo que AMLO inicialmente respondió (con
su ya tradicional ignorancia en temas internacionales) que eso demostraba el
nivel de complicidad de los gobiernos neoliberales con el narcotráfico,
avalando así las acciones realizadas contra Cienfuegos por las autoridades de
Estados Unidos.
Pero
inmediatamente se dejó venir la respuesta de la estructura militar mexicana,
que vio en la detención de quien fuera su líder durante un sexenio (2012-2018), como una
amenaza para todos ellos; y en los hechos, como una acusación de que todas las
fuerzas armadas eran cómplices del narcotráfico, dado que su autoridad
principal, el secretario mismo, había estado implicado.
Se lo
tuvieron que explicar al despistado presidente (como si fuera un párvulo), para
que cambiara su narrativa, y entonces se pusiera a defender a las fuerzas
armadas y por supuesto al detenido y atribulado General.
El muy
acomedido canciller Ebrard[1], que siempre está buscando
la manera de incomodar lo menos posible al gobierno de Estados Unidos, se vio
obligado a señalarles que, de mantener al General en la cárcel, la cooperación en
materia de seguridad entre ambos países se vería seriamente amenazada y
especialmente, pondría en tensión las relaciones cívico-militares en México,
con las repercusiones que esto podría tener para la gobernabilidad en el país.
El
procurador Barr decidió que era mejor mantener contento a su subordinado
vasallo del sur, antes de que la situación del General Cienfuegos pudiera
escalar y poner en riesgo la relación establecida con el gobierno de AMLO, que
tan buen provecho le estaba generando a Washington; y con la ira de la DEA de
por medio, el procurador Barr ordenó el desistimiento de los cargos y la
devolución del General a México.
A raíz de
este incidente, el gobierno de AMLO trató de enviar un mensaje al
establecimiento político de Washington de que acciones unilaterales como la
llevada a cabo con Cienfuegos, sólo iban a complicarle a él mantener su
subordinación hacia los Estados Unidos, por lo que se reformó la Ley de
Seguridad Nacional para, en el papel al menos, poner restricciones a la labor
de las agencias de seguridad e inteligencia extranjeras en México.
Obviamente
ello no gustó en Washington, pero recibieron el mensaje de que lo que pedía
AMLO era que no lo exhibieran públicamente como un lacayo, sino que al menos lo
tomaran en cuenta cuando realizaran operaciones y decisiones como la de
Cienfuegos.
Así, las
reformas a la citada Ley, aunque prevalecen, se aplicarán sólo en caso de que
Estados Unidos ignore por completo al gobierno mexicano en el tema de
seguridad. En todo caso, con mostrar cierta deferencia a las autoridades
mexicanas, las agencias estadounidenses podrán seguir actuando a sus anchas en
el territorio nacional.
Con Biden,
el gobierno de AMLO inició la relación con cierta distancia y de manera algo
fría, dado que ya estaba acostumbrado a las órdenes, advertencias y de vez en
cuando, a los elogios que venían de la Casa Blanca, con Trump como presidente.
El gobierno
de AMLO trató de establecer un “modus vivendi” con el nuevo presidente, tal
como lo había hecho con Trump, y ello tenía que ver con dos cuestiones
principales.
Primero,
México reafirmaría su condición de vasallo y lacayo de Estados Unidos, incluyendo
la nueva “guerra fría” contra Rusia y China; y, aceptaría seguir con la
política de contención de los migrantes, tal como la estableciera Washington,
así como las prioridades en materia de seguridad que establezcan las agencias estadounidenses,
a cambio de que no se humille públicamente al gobierno mexicano con acciones y
decisiones unilaterales (por lo menos, que las autoridades mexicanas de más
alto nivel, puedan ser notificadas con suficiente antelación).
Y segundo,
si bien el gobierno de Biden rechazó la intención de AMLO de que el gobierno de
Estados Unidos no apoye a organizaciones no gubernamentales que López Obrador
considera “enemigas” de su gobierno; al parecer, al menos por ahora, ha logrado
que a cambio de las muchas concesiones económicas y socio-políticas que se le
han hecho a Estados Unidos a través del T-MEC y en materia de migración y
seguridad, el gobierno de Biden no apoye directamente a los opositores
políticos de López Obrador en el ámbito interno.
Y es que
AMLO ordenó a su principal negociador en el T-MEC, Jesús Seade[2] (hoy embajador en China)
cuando todavía era presidente electo, que aceptara todo lo que solicitaran los
estadounidenses, con objeto de evitar conflictos con Estados Unidos, que llevaran
al gobierno de ese país a aliarse y apoyar a los poderes fácticos que en México
están en contra de AMLO (oligarcas no aliados con él; medios de comunicación
privados; partidos políticos de derecha; y al inicio del sexenio, las propias
fuerzas armadas, que como ya analizamos en la anterior entrega, ahora sí son
sus aliadas).
Tal fue el
nivel de concesiones que México aceptó en el T-MEC[3], que nuevamente en
Washington estaban incrédulos ante la facilidad con la que el gobierno saliente
de Peña Nieto y especialmente el entrante de AMLO, aceptaron todas las demandas
y exigencias de los negociadores estadounidenses.
Así, por
ejemplo, mientras que Canadá logró que en su tratado con Estados Unidos el
mecanismo supranacional de solución de controversias inversionista-Estado,
quedara eliminado; en el caso del tratado México-Estados Unidos, quedó dentro
del T-MEC en el Anexo 14-D del capítulo de inversiones[4].
Debido a
ello, la empresa estadounidense Talos Energy está demandando al gobierno
mexicano, argumentando que se le está dando preferencia a Pemex para explotar
el yacimiento de ZAMA que, según Talos, ellos tienen concesionado desde 2015.
Por ahora, Talos afirma que se le tendrían que resarcir 350 millones de dólares
en inversiones; pero de acuerdo a lo establecido en el T-MEC, podría solicitar
que se le pague todo lo que “dejará de ganar en el futuro” por dicha inversión,
lo que puede llegar a sumar miles de millones de dólares.
De hecho,
varias empresas mineras y petroleras ya tienen demandado al gobierno mexicano
en el sentido de “ganancias futuras no realizadas”, tales como Legacy Vulcan,
por 500 millones de dólares; Odyssey por 3540 millones de dólares; y, First
Majestic Silver por 500 millones de dólares.
Lo peor es
que México está por firmar con la Unión Europea la modernización de su tratado
comercial y de inversiones, incluyendo nuevamente este tipo de “solución de
controversias” que dejarán en la ruina al Estado Mexicano, pues cualquier
empresa estadounidense o europea que considere que no ha sido tratada
“justamente” por el gobierno mexicano, lo podrá demandar por la cantidad que se
le pegue la gana; y el débil y subordinado gobierno mexicano, que aceptó este
tipo de cláusulas leoninas, tendrá que pagar.
En este
sentido, si bien AMLO ha dado la impresión últimamente de un apasionado fervor
latinoamericanista, atacando a la OEA, para sustituirla por la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); defendiendo a Cuba cada vez que
se presenta la ocasión y criticando la política estadounidense de sancionar y
bloquear a los países que no siguen sus directrices, la verdad es que toda esta
parafernalia es una forma de “curarse en salud”, tanto ante sus bases
izquierdistas en México, como ante los gobiernos progresistas de América
Latina, ya que la realidad es que AMLO le ha propuesto a Biden que México se
convierta en un aliado, en toda la extensión de la palabra, de Estados Unidos,
en su lucha por la hegemonía mundial en contra de China y Rusia.
Una y otra
vez en los últimos meses AMLO ha expresado la necesidad de crear un “frente” de
todos los países americanos contra Asía (léase China), para contrarrestar su
poderío económico; y formar en América una especie de “Unión Europea”, con
libertad de comercio en bienes, inversiones, servicios y libertad de movilidad
de personas, para que se pueda competir con los asiáticos.
Si bien
Washington no ha contestado directa y formalmente a estos desesperados llamados
de AMLO, la realidad es que sí le tomó la palabra en lo de que México se suba a
la alianza anti-China y por lo pronto, en el reiniciado Diálogo Económico de
Alto Nivel entre México y Estados Unidos, Washington ya obligó a
nuestro país a poner obstáculos o incluso expulsar a las tecnológicas chinas[5],
con la cantaleta de que son un peligro para la seguridad nacional, porque
espían en favor del gobierno chino; cuando las que realmente espían son las
tecnológicas estadounidenses y especialmente las agencias de seguridad e
inteligencia (NSA, CIA, FBI) de ese país, como se ha podido documentar hasta la
saciedad en las últimas décadas (Wikileaks, Assange, Manning, Snowden, etc.).
Así que AMLO
ha estado dispuesto a terminar de convertir al país en un protectorado de
Washington, a cambio de que desde la capital de la potencia hegemónica lo dejen
gobernar a los vasallos mexicanos a su antojo, rehaciendo al viejo PRI
omnímodo, ahora bajo el nombre de Morena; y también, dejándole algo de margen
de maniobra en materia multilateral en política exterior (regresando a la vieja
“relación especial”, mediante la cual Washington permitió una política exterior
“progresista” de México, a cambio de no aliarse con el bloque soviético).
[1]
Recordemos que Ebrard, cuando fue jefe de gobierno de la CDMX (2006-2012) trajo
a Rudolph Giuliani como consultor en materia de seguridad pública, sin resolver
nada y cobrando varios millones de dólares; así también, cuando Ebrard se “autoexilió”
primero en Francia y después en Estados Unidos, cuando su sucesor designado en
el gobierno de la CDMX, Miguel Mancera, lo acusó de negligencia y malos manejos
en la construcción de la Línea 12 del Metro, se empleó como “asesor” de Hillary
Clinton en su fracasada campaña presidencial en 2016. Ebrard también llegó al acuerdo
inicial con la administración Trump, antes incluso de iniciar el gobierno de
AMLO, para convertir a México en “tercer país seguro”, sin haber consensuado
dicha determinación con el Poder Legislativo, las fuerzas políticas del país y
en general, la opinión pública nacional. Ahora Ebrard, quiere aparentar que
está haciendo algo en lo relativo al contrabando de armas de Estados Unidos a
México, con la demanda presentada en una corte de Boston, contra 11 empresas
fabricantes de armas, lo que seguramente costará millones de dólares en
abogados, varios años de litigio y que las empresas demandadas se acaben
saliendo con la suya.; todo ello debido a que Ebrard (y AMLO) ha sido incapaz
de comprometer a los gobiernos de Estados Unidos (Trump y Biden) a detener esa
venta de decenas de miles de armas, a las organizaciones del crimen organizado
en México.
Y también, para obedecer al gobierno de Biden la orden que ha dado a
sus vasallos de que reciban a refugiados afganos, después de 20 años de
devastar Afganistán, Ebrard, muy acomedido, está recibiendo decenas de familias
afganas para cumplir con Washington, y también sumar puntos a su favor en su ya
casi fracasada aspiración presidencial (visto que AMLO está apoyando
abiertamente a Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la CDMX), ya que
varias de dichas familias son de corresponsales de grandes diarios de Estados
Unidos como el New York Times y el Washington Post, que últimamente han dado
una cobertura muy favorable al desconocido (en Estados Unidos), canciller
mexicano. En cambio, también por indicaciones de Washington, Ebrard, que es el
verdadero jefe en materia migratoria, está expulsando a todos los haitianos que
se pueda del territorio nacional.
[2]
Recordemos que Seade, una vez terminado y firmado el tratado, aceptó que Estados Unidos designara “inspectores laborales” en México, para verificar que
nuestro país aplicara su legislación laboral acorde a lo establecido en el
T-MEC. A cambio, el muy solícito Seade, no demandó reciprocidad, esto es, que
nuestro gobierno pudiera nombrar sus inspectores en Estados Unidos, para
documentar y denunciar los muchos abusos que se cometen contra los trabajadores
mexicanos (documentados e indocumentados) en ese país. Con ello se demostró,
una vez más, el nivel de subordinación de nuestro gobierno ante el de Estados
Unidos.
[3]
Que después, por órdenes de AMLO, se ratificó en
el Senado en sólo dos días.
