Desaparecer a las personas desaparecidas
Ricardo Raphael
Ciudad de México / 23.12.2023
No hay menos personas
desaparecidas. Los datos son inocultables. Hasta el mes de agosto de este año
existen 110 mil 964 registros. No se trata de una base elaborada de manera
arbitraria. Ese censo se constituye gracias a la información proporcionada por instituciones
oficiales: las fiscalías y las comisiones de búsqueda.
La nueva estrategia nacional
de búsqueda, presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, añadió
nuevas capas de clasificación que sirven para comprender mejor la dimensión del
fenómeno, pero no ignoró el número global de desapariciones.
¿Por qué se indignaron
entonces los colectivos de víctimas? ¿Por qué organizaron la noche del jueves
una velada en distintas ciudades para manifestar su desaprobación?
Hay tres argumentos que
merecen ser escuchados. Primero, hay agravio porque las personas familiares de
las víctimas no fueron tomadas en consideración a la hora de diseñar la nueva
metodología. Segundo, porque el tono que utilizó el Presidente —el día que la
secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó los números— no fue
empático con la gravedad del dolor. Y, tercero, porque las capas añadidas para
la clasificación despiertan dudas que debieron ser abordadas sin atacar, en
automático, a quien las expresó.
A lo anterior se suma una
declaración infame y cometida con dolo. Quien afirmó que únicamente hay 12 mil
377 personas desaparecidas, en vez de 110 mil 964, pronunció una grave mentira.
Tiene razón el Presidente
cuando dice que este tema no debería tocarse a partir de argumentos
sobrepolitizados. El problema es que él mismo ha contribuido a ese abordamiento
equivocado. No sólo sus supuestos adversarios abrazan tal actitud, también él
ha promovido una retórica encendida que contribuyó a lesionar la legitimidad de
la nueva estrategia.
El jueves pasado, durante la
mañanera, el periodista Ernesto Ledesma —cuya voz rigurosa suele cuestionar los
temas sin filias ni fobias— probó con elegancia y tino las falacias empleadas
desde Palacio Nacional.
Antes el mandatario había
dicho que Karla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda,
ofreció una entrevista a la periodista Carmen Aristegui para desestimar la
nueva metodología. Ledesma retó al Presidente para que presentara pruebas sobre
esa afirmación ya que Quintana no ha dado entrevistas desde que fue despedida
de su cargo.
También el mandatario acusó al
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de defender a los presuntos
perpetradores de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ledesma
igualmente desafió esa declaración mostrando los documentos que habían sido
tergiversados por el mandatario. Nunca el Pro celebró la excarcelación de esos
sujetos, sino el que se haya desvirtuado la llamada “verdad histórica” de tan
polémico caso.
Cabía esperar una respuesta
puntual del Presidente ante esos razonamientos. En vez de ello, el mandatario
despidió la mañanera aduciendo que tenía una llamada pendiente con el
presidente Joe Biden de Estados Unidos. Ayer viernes habría sido una buena ocasión
para que retomara el tema. Sin embargo, el Presidente prefirió el silencio y
con ello mantuvo vivo el incendio de la insana politización que rodea al nuevo
censo de desapariciones.
Este asunto merece la máxima
responsabilidad, no sólo respecto a los datos y su manera de interpretarlos,
sino también a propósito de su comunicación. López Obrador ha criticado a Karla
Quintana por haber sido irresponsable respecto de los registros. Irresponsable,
en todo caso, fue mezclar la presentación de la nueva metodología con sus
manías estigmatizantes.
Entrando al fondo, el problema
de la nueva metodología es que únicamente despejas dudas a propósito del 26 por
ciento de los registros. El restante 74 por ciento permanece aún en el terreno
de la ambigüedad.
De acuerdo con los datos
presentados por la secretaria de Gobernación, la nueva estrategia permitió
localizar formalmente a 16 mil 681 personas que antes estaban desaparecidas. A
este número hay que sumar 12 mil 377 confirmaciones de desaparición. En efecto,
en total se tiene certeza de 29 mil 058 casos.
La disputa sobre los números
tiene su origen en los otros 79 mil 955 registros, los cuales fueron
clasificados, de acuerdo con la metodología citada, a partir de etiquetas
ambiguas.
La categoría más sospechosa es
una que se denomina “Registros sin indicios para la búsqueda.” Bajo este rubro
se encuentra el número más abultado que es de 36 mil 022 casos. El sentido
común dicta que una cosa es no contar con indicios para la búsqueda —de acuerdo
con la metodología recién implementada— y otra muy distinta es asumir que no se
trata de personas desaparecidas.
Aquí la palabra “indicio” es
muy importante. Según el gobierno, tales indicios deberían obtenerse de alguna
de las bases de datos alternativas empleadas para esta investigación. Por
ejemplo, el padrón único de beneficiarios del gobierno, los registros ante el
IMSS, los datos de vacunación o la base del Servicio de Administración
Tributaria.
La lógica indicaría que si no
hay indicios es porque la persona está desaparecida y no a la inversa.
Argumentar que no está desaparecida porque no hay “indicios” es un absurdo.
Esa casilla, que significa el
32 por ciento del total de registros, debería titularse de manera distinta.
Cabe proponer “Desapariciones sin confirmar a partir de otras bases de datos”.
Luego vienen los casos
clasificados como “Registros sin datos suficientes para identificar.” En este
rubro la palabra clave es “datos” y son sólo aquellos que aparecen en el
registro nacional de búsqueda. Contrastan con los indicios que se encuentran en
las bases alternativas utilizadas por la metodología.
Según la secretaria Alcalde,
entre los datos faltantes estarían, entre otros, los apellidos (materno o
paterno), información de contacto de la persona denunciante, fecha de
nacimiento o el lugar de residencia. Aquí el argumento vuelve a ser similar:
que falten datos no implica que la persona no haya desaparecido.
Por último, están aquellas
personas clasificadas como ubicadas, pero no localizadas. Es decir que sus
datos existen en las bases alternativas, pero no ha sido posible confirmar su
existencia con toda la formalidad. Son registros, pues, en vías de localización.
No es posible desestimar la
metodología, pero tampoco vivir con ella a satisfacción. Es perfectible,
siempre y cuando no se preste al juego sucio de la retórica polarizante o a la
descalificación automática de siempre.
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