LÓPEZ OBRADOR
Los opositores
al presidente Andrés Manuel López Obrador están intensificando su campaña para
convencer a la mayor parte de la ciudadanía de que es tiempo de sacarlo del
poder, pues su manejo de la pandemia del coronavirus no ha sido el adecuado,
principalmente en el tema económico, al considerar que no está utilizando todos
los elementos a disposición del Estado mexicano para apoyar a las micros y
pequeñas empresas que son las que aportan el 70% del empleo del país.
Si bien, López Obrador ha tratado de mantener una comunicación constante con los grandes
oligarcas beneficiarios[1] del modelo neoliberal
imperante en el país (aún hasta la actualidad) la realidad es que la mayoría de
ellos le tienen una enorme desconfianza, no sólo por su discurso político, que
desde hace treinta años los culpa de la mayoría de las desgracias económicas y
sociales del país, sino también porque en el año y cuatro meses que lleva en el
gobierno les ha cortado diversos mecanismos mediante los cuales estos
multimillonarios han aumentado aún más su riqueza (consolidación fiscal,
eliminada; devolución de impuestos, casi eliminada; concesiones de obras
públicas y compras de gobierno, ya no están aseguradas para sus empresas,
etc.).
Sin embargo,
López Obrador no es un marxista-leninista y sabe muy bien que sin el concurso
de los oligarcas y de la iniciativa privada en general, el sistema económico no
puede funcionar pues aunque tilden sus opositores de izquierdista al presidente
mexicano, la realidad es que está muy lejos de ser un impulsor del socialismo o
el comunismo
Lo que le
queda mejor es la cantaleta de populista, ya que su muy limitado programa de
gobierno está enfocado a detener la sangría enorme de los recursos públicos de
la corrupción y el favoritismo a ciertos grupos empresariales y
político-empresariales, para redireccionarlos hacia los sectores pobres del
país (que según cifras oficiales comprende al 50% de la población; según cifras
de expertos en pobreza, más apegadas a la realidad, es el 70% de la población).
De ahí su frase
de “primero los pobres” que sin embargo en medio de la crisis económica
inducida por el obligatorio confinamiento social, provocado por la pandemia del
coronavirus, está implicando que la atención del gobierno federal vaya a los
sectores más necesitados (programas sociales, apoyos directos, préstamos con tasas
bajas, etc.), dejando de lado cualquier apoyo a las grandes empresas e incluso
a medianas y pequeñas, así como a gremios de profesionistas y trabajadores, que
se podrían agrupar en la clase media, a la cual también ha dejado sin atender
el gobierno en sus planes y programas económicos y sociales.
López
Obrador está tratando de apuntalar su gobierno en tres apoyos fundamentales,
para contrarrestar la animadversión de los oligarcas; crecientemente de la
clase media (por el alejamiento de su gobierno respecto a este segmento), y las
trasnacionales, que no han avalado algunas políticas de López Obrador, como la
energética (deteniendo las rondas de concesión de contratos de exploración y extracción
de hidrocarburos; la construcción de una nueva refinería; la disminución de las
importaciones de gasolina; el aumento de recursos públicos para Pemex, etc.);
la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco; la consulta mediante la
cual se rechazó que continuara la construcción de la cervecera Constellation
Brands en Mexicali, y el impulso de ciertas obras públicas, como el Tren Maya,
al cual no le ven una utilidad y rentabilidad claras.
Esos tres
apoyos son: sus bases sociales, que reciben las transferencias directas de
recursos de su gobierno (becas para estudiantes, apoyo para discapacitados,
adultos mayores, madres solteras; para la siembra de árboles, entre otros), que
suman alrededor de 22 millones de personas (López Obrador recibió treinta
millones de votos en las elecciones presidenciales del 2018); las fuerzas
armadas (que están siendo involucradas en una serie de tareas como la
construcción del Aeropuerto Felipe Angeles en Santa Lucía; la dirección de una
red de hospitales públicos durante la pandemia; la creación de la Guardia
Nacional con elementos del Ejército y la Marina, para el combate a la
inseguridad; más sus tareas en materia de apoyo en desastres naturales y en
defensa de la seguridad del país). Y el gobierno de Donald Trump (al que se le
han hecho todas las concesiones que ha demandado en lo comercial, con un
tratado muy favorable a Estados Unidos como el T-MEC; en lo migratorio,
aceptando a todos los solicitantes de asilo en la Unión Americana de cualquier
nacionalidad, en territorio mexicano y el despliegue de la Guardia Nacional en
la frontera sur para detener el flujo migratorio irregular; y en la seguridad,
atendiendo los reclamos para detener los cargamentos de fentanilo que pasen
ilegalmente por México y extraditando a todos los narcotraficantes mexicanos
que el gobierno estadounidense demande).
Y con todo y
esos tres importantes apoyos, en estos momentos el gobierno de López Obrador
está contra la pared debido a que por la pandemia y las medidas para combatirla
(el confinamiento social), el Fondo Monetario Internacional prevé una caída de
hasta 5.9% de la economía mexicana, del orden del que se vivió durante la Gran
Recesión del 2008-9. Además de que el desempleo se ha disparado y se presume
que seguirá creciendo durante el año.
Así también,
sigue incontrolada la inseguridad en el país, sin que las autoridades
federales, estatales y municipales, hayan podido hacer algo para evitarlo, aún
con las medidas de confinamiento social, que teóricamente tendrían que haber
incidido en una disminución de los hechos delictivos en el país.
López
Obrador señaló desde el principio de su administración que a mitad del periodo
presidencial preguntaría a la población si debía continuar o no en su cargo. Ya
se aprobó la reforma constitucional para la realización de tal consulta, por lo
que en marzo del 2022 se llevará a cabo dicho ejercicio democrático.
Sin embargo,
ante el aumento de la campaña de los opositores de López Obrador en su contra,
el presidente les propuso adelantarla al 2021, coincidiendo con las elecciones
intermedias, lo cual fue rechazado por la mayoría de los partidos de oposición.
López
Obrador está apostando a que en la segunda mitad de este año, y especialmente
en la primera mitad del 2021, la economía del país comience a recuperarse (el
FMI considera que podría crecer el próximo año hasta en un 3%), con lo que las
penurias de este 2020 quedarían atrás, y eso sumado a sus programas sociales y
los apoyos a microempresas y grupos vulnerables, generarán un gran apoyo para
su gobierno e incluso para la muy mal ensamblada y organizada coalición partidista
que le apoya, lo que le daría una mayoría ampliada en las elecciones para
renovar la Cámara de Diputados y en varias elecciones para gobernador.
En cambio,
los oligarcas, los partidos de oposición y las trasnacionales que están en
contra de López Obrador, sienten que están en un muy buen momento para acabar
por separar a la clase media de López Obrador (quizás entre 5 y 8 millones de
los votos que obtuvo López Obrador en 2018 vino de este segmento), pues los
altos niveles de aprobación del presidente en su primer año de gobierno (del
orden del 75%), ahora han comenzado a descender a entre 55 y 60% debido a un creciente
desgaste de la figura presidencial por su sobreexposición a los medios (todos
los días aparece en sus conferencias de prensa “mañaneras”), los estragos que
la pandemia están ocasionando en la población; la falta de insumos médicos para
hacer frente a la misma; la permanencia de los altos niveles de inseguridad en
el país; y en especial los devastadores efectos económicos que el confinamiento
social y productivo está teniendo en la economía nacional.
El problema
radica en que si los opositores a López Obrador logran su cometido de que se le
revoque el mandato al presidente en el 2022, quedaría como presidente un
substituto nombrado por el Congreso, que en caso de tener mayoría favorable a
López Obrador, designaría a algún cercano colaborador suyo, así que parece un
exceso de voluntarismo de los opositores de López Obrador creer que su campaña
en contra del presidente tendrá un resultado que los favorezca, más allá de que
puedan disminuir algunos puntos más la todavía alta popularidad presidencial.
Lo que es un
hecho indiscutible es que el país seguirá por la ruta de la mediocridad, ya que
el programa de gobierno de López Obrador no resuelve, ni por mucho, los grandes
problemas nacionales.
Si bien ha
atacado la corrupción, no lo ha hecho a través de mecanismos institucionales
que puedan asegurar el mantenimiento de esta política en el tiempo, es decir,
un nuevo presidente puede revertirla sin mucho problema; la inseguridad no ha disminuido
con la creación de la Guardia Nacional, pues se requiere una transformación a
fondo de las policías, el aparato de procuración y administración de justicia y
el sistema carcelario del país, algo que ni remotamente se ha planteado este
gobierno; la pobreza no se terminará solamente con las transferencias
monetarias a una parte de los sectores pobres del país, y unas cuantas obras
públicas tampoco van a cambiar de fondo la estructura desigual del sistema
productivo nacional, que está concentrado en unas 10 o 12 entidades federativas
y está volcado a cubrir las necesidades de un 30% de la población y de la potencia
hegemónica, dejando en el olvido al resto del país, que debe debatirse en
condiciones precarias y en la economía informal (56% de la población económicamente
activa); además, con todas las concesiones hechas a Trump, México se ha
convertido en un protectorado estadounidense, dejando al país enormemente
vulnerable ante la potencia hegemónica; el desastre medioambiental es
imparable, y se ha profundizado en este gobierno, que no ha tomado en serio las
implicaciones del cambio climático, pues una cosa es que discursivamente se
reconozca el riesgo, y otra muy distinta que eso se refleje en el presupuesto y
en políticas públicas. Lo mismo vale para ciencia y tecnología, que han quedado
fuera de las prioridades gubernamentales, con presupuestos raquíticos y poca
prioridad en la agenda gubernamental.
La desgracia
es que los opositores no proponen algo mejor, sino regresar a las políticas de
favorecer a ciertos grupos económicos y políticos y olvidar a la mayoría, lo
que por supuesto no va a sacar al país de su mediocridad.
Pero por
supuesto, nadie aceptará que sus “propuestas” son más de lo mismo y por el
contrario, todos los partidos, sectores y grupos de interés se consideran los
salvadores de México, cuando en realidad solo les interesa salvarse a si mismos,
a costa de los demás.
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