Esa es la
disyuntiva en la que se encuentra López Obrador (AMLO) en estos momentos.
La ex
secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Rosario Robles, fue a dar a la cárcel, no porque AMLO lo deseara, sino porque
el juez, acertadamente, consideró que su actuación omisa permitió el desvío
continuado de miles millones de pesos del presupuesto público, sin que hiciera
algo para evitarlo.
De haber
sido por AMLO, él le hubiera dado una palmadita en la muñeca y le hubiera dicho
“no lo vuelva a hacer”.
Y es que, a
pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
cuenta con pruebas suficientes para presentar nuevas denuncias en contra de
Robles, ayer AMLO detuvo al titular de esa dependencia, Santiago Nieto,
afirmando que no hay nuevas investigaciones contra la exsecretaria y que no hay
nada en contra del expresidente Peña.
Todo eso
huele muy mal. Se habló desde la campaña presidencial y después del triunfo de
AMLO que se había acordado un pacto de impunidad con Peña Nieto, a cambio de
que este no interviniera en la elección presidencial a favor de Meade,
candidato del PRI, ni de Anaya, candidato del PAN. Y, de hecho, Peña atacó, a través
de la Procuraduría General de la República a Anaya, de actos de corrupción, que
pegaron fuerte en la imagen del candidato panista.
Llama la
atención que en sus “conferencias mañaneras” AMLO afirmara que la detención de
Rosario Robles y su posible enjuiciamiento no tenía que ver con su gobierno,
sino que era algo decidido por la autónoma Fiscalía General.
Pero cuando
uno de sus principales funcionarios encargados del combate a la corrupción,
Santiago Nieto, afirma con contundencia que hay pruebas de que Robles está
implicada en el desvío de otros 800 millones de pesos, y que se presentará
denuncia al respecto, sale a defenderla, no el abogado de la imputada, sino el
mismo presidente de la República. Hay algo podrido en Palacio.
Esta es una oportunidad
inmejorable para jalar de este hilo y descubrir una madeja de corrupción enorme
del anterior gobierno, que implica a decenas de funcionarios públicos de alto nivel,
y especialmente al propio expresidente Peña.
Pero AMLO no
quiere entrarle porque teme que ello destape, de a de veras, toda la cloaca que
ha sido el sistema económico y político de este país y eso le descomponga su
nueva alianza con el PRI, que ahora dirigirá el gobernador con licencia de
Campeche, Alejandro Moreno, alias “alito” (o “amlito”), de quien espera apoyo
en el Congreso de la Unión por parte de los legisladores de su partido, para
aprobar diversas leyes y hasta cambios constitucionales.
Así que, los
cálculos políticos están pesando más que el combate verdadero contra la
corrupción, por lo que no es difícil que Rosario Robles sólo pase un par de
meses en la cárcel (en lo que se negocia su salida), y sus principales
colaboradores como Zebadúa y Sosamontes, se resguardan en amparos, mientras las
negociaciones políticas les permiten quedar libres, con los cientos de millones
de pesos en la bolsa, que les habrá tocado de esta “Estafa Maestra” (así como
Robles, Peña, etc.).
No por nada,
ayer se apersonaron en Palacio Nacional dos exsecretarios de Hacienda, el propio
Meade y José Antonio González Anaya, con el titular actual, Arturo Herrera,
supuestamente para hablar de asuntos hacendarios, pero la realidad es que fueron
a dar su testimonio “off the record” sobre el dinero desviado, quién se lo
quedó y para qué fue utilizado. Todo con el objetivo de que ellos no sean
involucrados (aunque lo están) en las investigaciones sobre uno de los muchos
casos de escandalosa corrupción del sexenio pasado.
Así que eso
de que se combate a la corrupción en este sexenio, está a prueba con el caso
Robles. Pero todo parece indicar que los enjuagues políticos tienen más peso que
el combate a la corrupción y a la impunidad.
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