La
calificadora de riesgos Standard & Poor’s (S&P) ha movido de estable a negativa la perspectiva de calificación de la deuda emitida por las
principales empresas y entidades financieras del país como Pemex, CFE, la banca
de desarrollo (Nafin, Banobras, etc.), e incluso bancos privados (Bancomer,
Banorte, Citibanamex, Inbursa, etc.) y algunas empresas privadas importantes
como Coca Cola Femsa, América Móvil y Liverpool[1].
Para S&P,
hay riesgos de desequilibrio fiscal y de menor crecimiento económico, lo que
impactará en la capacidad financiera de las empresas productivas del Estado, los
bancos y las compañías privadas.
La realidad
es que la deuda pública del país vino creciendo durante los últimos 20 años, y
especialmente los últimos 5, en los que llegó a crecer a una tasa promedio
anual del 13.5%[2];
alcanzando al final del año pasado los 10.4 millones de millones de pesos
(igual al 44% del PIB).
Sin embargo,
como el gobierno de Peña Nieto era considerado amigable hacia la inversión
privada y los “mercados”, no se subrayó desde las calificadoras, ningún riesgo
grave sobre la deuda o la fortaleza financiera del país.
Pero la
llegada de un presidente calificado como “populista”, cuya primera decisión
relevante fue cancelar la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco
y después, detener las concesiones para exploración y explotación petrolera,
contempladas en la reforma energética, con objeto de reorientar esa política
para rescatar a Pemex del saqueo y la descapitalización a la que la sometieron
de manera deliberada los gobiernos neoliberales, prendieron los focos rojos en
los centros de decisión de las finanzas internacionales; en donde ya daban por
descontado que todos los recursos energéticos de México habían pasado a formar
parte de sus activos (como lo consiguieron con Irak y Libia; y esperan poder
hacerlo con Irán y Venezuela).
De ahí que
le estén enviando mensajes inequívocos al presidente López Obrador, de que
mantener su intención de rescatar a Pemex del abandono y el pillaje a la que la
condenaron los gobiernos anteriores; y de no profundizar en la “ortodoxia”
financiera que prescriben los organismos financieros internacionales, mediante
la cual se asegura el permanente endeudamiento del país, a expensas de su
desarrollo económico (este año se destinarán 1 billón 691 mil 601 millones 300
mil pesos al pago de deuda intereses y comisiones; y se estima que el monto de
la deuda pública a contraer en 2019 será de 539 mil 871 millones 400 mil pesos,
equivalente a 2.5% del PIB)[3], la “degradación” de la
calificación crediticia de México y de sus principales empresas continuará, con
objeto de presionar financieramente al gobierno para que no aplique políticas “populistas”
que puedan poner en riesgo el pago de los intereses y comisiones de la deuda,
que es lo único que interesa a los centros financieros internacionales,
principales beneficiarios de la globalización económica.
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