APERTURA DE ARCHIVOS DEL CISEN

El anuncio del presidente López Obrador (AMLO) de que los documentos de la DFS (Dirección Federal de Seguridad) y la DIPS (Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales) resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN) se abrirán al público, ha generado expectación, pues señaló que “toda” la información sobre persecución política, violaciones a los derechos humanos, fraudes electorales y corrupción estará a disposición del público.

Los documentos a los que se refiere el presidente que se encuentran en el AGN y que van de 1920 a 1985, ya estaban a disposición de investigadores y periodistas desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), pero no para el público en general.

La otra parte del decreto firmado por el presidente se refiere a que información sobre los temas referidos que esté bajo resguardo de dependencias federales, será recabado por especialistas del AGN, que lo digitalizarán por alrededor de dos años, para después ponerlo a disposición del público.

Este último tema es el que no está claro, ya que eso implicaría incluso la información que pueda estar recabándose ahora mismo, y que puede estar siendo utilizada en investigaciones ministeriales y/o administrativas, o incluso en juicios, por lo que bien podría no estar sujeta a escrutinio público todavía.

Otro punto a considerar es que si efectivamente se va a abrir “toda” la información sobre los temas mencionados (sin una definición clara, puede ser de tal discrecionalidad la medida, que al final nada quede fuera de la mencionada apertura), varios miembros del actual gobierno pueden quedar seriamente expuestos a denuncias o por lo menos, a la descalificación por parte de la opinión pública y de la oposición política.

Sólo por mencionar a tres prominentes miembros del gobierno de AMLO, como Esteban Moctezuma Barragán, quien ocupa la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y quien durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), ocupó la Secretaría de Gobernación, justo cuando el gobierno zedillista intentó capturar, mediante una celada, al subcomandante “Marcos” del EZLN; sin abundar sobre el trabajo de espionaje que se realizó durante ese periodo a los simpatizantes y/o integrantes de los grupos armados contrarios al gobierno (EZLN, EPR, ERPI, etc.), así como de las organizaciones sociales afines a ellos.

Así también, Moctezuma ocupó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social, desde donde gran cantidad de recursos se canalizaron para apoyar al PRI y a sus candidatos durante esos años.

Otro personaje que podría enfrentar serias acusaciones es Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, que fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1988-1994), en el que entre otros temas delicados se cometió el asesinato del periodista Manuel Buendía (1984), el cual fue ordenado por el entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez (DFS), cuyo jefe era Manuel Bartlett (aunque él ha negado que tuviera “control político” sobre Zorrilla).

Así también, en esa época se realizaron conocidos fraudes electorales contra el PAN en estados del Norte del país, y Bartlett llegó a decir que los mismos eran “patrióticos”, ya que el PAN representaba a la “reacción” (además de la famosa “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988).

Y su actual director del IMSS, Germán Martínez Cázares formó parte del grupo cercano a Felipe Calderón Hinojosa, que junto con la entonces lideresa magisterial Elba Esther Gordillo (otra aliada de López Obrador), se confabularon para realizar el fraude electoral del 2006, mediante el cual se le arrebató la elección presidencial, precisamente a AMLO.

A lo mejor el presidente, con el pretexto de que quiere transparentar todo lo relacionado al pasado de los regímenes autoritarios y neoliberales, lo que realmente está buscando es deshacerse de algunos funcionarios de su propio gobierno, con los que ha tenido que establecer incómodas alianzas políticas, pero en el momento en que salgan a la luz pública sus “trapitos al sol”, no le quede otro remedio que pedirles su renuncia. Claro que esto es pura especulación, pero abrir sin ton ni son archivos que en muchas ocasiones fueron manufacturados para desprestigiar a opositores al régimen autoritario, parece poco prudente en momentos en que la polarización entre el gobierno y sus opositores (y los “mercados” internacionales) se ahonda cada vez más. En vez de construir puentes, parece que la estrategia es dinamitarlos.