Venezuela: rumbo incierto

EDITORIAL DE LA JORNADA

8 de Diciembre de 2015

La presidencia de Nicolás Maduro y el proyecto chavista sufrieron una significativa derrota política en las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que la coalición oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) experimentó un retroceso que lo coloca en minoría en la Asamblea Nacional. En contraste, las oposiciones, aliadas en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), lograron hacerse con un completo control del Legislativo, que implica las dos terceras partes de la cámara, con lo que están en capacidad de remover a los ministros del Tribunal Supremo de Justicia y a los rectores del Consejo Nacional Electoral, promover referendos y reformas constitucionales, destituir al vicepresidente de la república y someter a consulta tratados, convenios y acuerdos internacionales.

En la práctica, esta mayoría opositora puede cambiar las leyes que dan sustento a los programas sociales del chavismo en materia de trabajo, vivienda, abasto, alimentación y salud, liquidar las relaciones comerciales, tecnológicas y culturales con Cuba y, en el extremo, llamar a una nueva asamblea constituyente; en suma, introducir un viraje político e institucional sin precedentes con respecto al programa de transformaciones políticas, económicas y sociales emprendido a partir de 1999, cuando Hugo Chávez llegó por primera vez a la presidencia.

Aunque al término de los comicios tanto el presidente Maduro como la dirigencia de la oposición hicieron llamados a la unidad nacional y a la reconciliación, el hecho es que la derrota del chavismo gobernante ocurre en un país polarizado y dividido, y que la convivencia entre un Ejecutivo progresista y un Legislativo dominado por la derecha neoliberal –hegemónica en la MUD, por más que en ella participen otras corrientes– difícilmente habrá de ser armónica. En otros términos, los comicios del domingo y su resultado no parecen un buen punto de partida para superar la crisis en que se encuentra la nación sudamericana. De hecho, algunos de los líderes opositores han reconocido que el éxito electoral de su formación no va a traducirse en una normalización económica a corto plazo.

La reconciliación nacional parece incluso más improbable, tanto en lo institucional como en las calles. Los principales jefes de la oposición no ocultan su profundo rechazo a las políticas sociales y populares del gobierno bolivariano. Por su parte, los núcleos populares del chavismo no olvidarán fácilmente que la victoria de la oposición fue en buena medida construida –sin ignorar las insuficiencias, los errores y el desgaste del régimen– mediante una guerra económica y financiera y sendas campañas de desestabilización política y de descrédito internacional emprendidas con el activo respaldo del gobierno estadunidense, de las derechas españolas y latinoamericanas y de medios internacionales que distorsionaron en forma sistemática la situación interna venezolana.

Por otra parte, la derrota electoral del chavismo tendrá un impacto regional en un entorno en el que los principales proyectos gubernamentales con énfasis social y defensores de la soberanía nacional se encuentran en franco retroceso: hace unas semanas el kirchnerismo perdió la presidencia en Argentina y Dilma Rousseff se encuentra políticamente acorralada en Brasil. En tal circunstancia resulta inevitable un fortalecimiento regional de las tendencias oligárquicas y neoliberales que durante tres lustros fueron sometidas y mantenidas a raya en buena parte del subcontinente.

Asimismo, ante el auge de fórmulas pro estadunidenses, como la que representan el presidente electo argentino, Mauricio Macri, y los opositores venezolanos, cabe preguntarse por el destino de foros internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) e incluso la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), concebida e impulsada en la década anterior por los gobiernos progresistas de la región como un espacio en el que Washington no pudiera ejercer una influencia decisiva como la que posee en la Organización de Estados Americanos (OEA).