Elecciones, guerra de lodo y violencia
Luis Hernández Navarro
La Jornada 2 de Junio de 2015
Las elecciones del próximo domingo serán cualquier cosa menos normales.
A unos días de concretarse priva la violencia, las guerras de lodo entre
partidos políticos, la desconfianza hacia las autoridades electorales, la
manipulación de las encuestas, el llamado al boicot y a la anulación del voto,
el empate técnico en siete de las nueve gubernaturas en disputa y la
posibilidad de triunfo de un candidato independiente.
Aunque el gobierno federal ha tratado de subestimar
el clima de violencia alrededor de los comicios, la magnitud del problema no se
puede ocultar. Formalmente, en el transcurso de la campaña han sido asesinadas
cinco personas: una precandidata, tres candidatos y el coordinador delegacional
de una campaña en el Distrito Federal. Sin embargo, al sumar los dirigentes
partidarios, acompañantes y familiares fallecidos en los ataques, la cifra sube
a 11 muertos y hasta 20.
Pero, más allá de los homicidios, ha habido más de
70 arremetidas violentas: bombazos contra instalaciones electorales, levantones,peleas
no verbales, amenazas y agresiones directas contra políticos y aspirantes a
ocupar un puesto de elección popular.
El problema es de tal magnitud que las mismas
autoridades que públicamente desestiman el clima de violencia, tienen bajo la
lupa siete entidades asoladas por el crimen organizado, tres de las cuales
merecenespecial atención: Guerrero, Jalisco y Tamaulipas. Las otras son
Michoacán, Nuevo León, Veracruz y el estado de México.
Miedo o precaución. De acuerdo con fuentes
oficiales, durante la jornada electoral, más de 12 mil elementos del Ejército,
la Marina, la Policía Federal, el Cisen y la PGR, en coordinación con
autoridades estatales, participarán en tareas de seguridad en las entidades
bajo observación. En estos focos rojos al menos 18 candidatos a diputados
federales y dos a gobernador cuentan con escoltas asignados por la Secretaría
de Gobernación. Asimismo, más de 40 aspirantes a cargos municipales son
vigilados por cuerpos de seguridad estatales.
Las guerras de lodo entre candidatos y partidos
siempre han existido en las campañas electorales. Son como el queso de unacheeseburger. Sin
embargo, en esta ocasión han alcanzado una extensión y profundidad inusitadas,
al punto de convertirse en uno de sus sellos distintivos. Filtraciones a la
prensa y redes sociales sobre negocios turbios y asuntos privados de los
candidatos, acusaciones de todo tipo en su contra, denuncias sobre rebase de
topes de campaña, verdaderas y falsas, han terminado por oscurecer cualquier
posibilidad de discusión (en caso de que las haya) sobre las distintas
propuestas programáticas.
De la mano de ataques y denuestos, caminan las
encuestas en las que, amparados por sus resultados, los distintos candidatos se
proclaman ganadores. No es nuevo el uso de los sondeos para inducir el voto de
los indecisos y fabricar un clima de credibilidad hacia la posibilidad de
triunfo de un aspirante. Sabemos que muchas encuestas se hacen al gusto del
patrocinador. El que paga manda. Pero es de locos la diferencia en los
resultados de unas y otras que las compañías que las realizan difunden estos
días.
La confrontación no sólo se da entre partidos, sino
entre éstos y las autoridades electorales, que no aciertan a resolver la crisis
que se vive en el INE. Sus autoridades aparecen debilitadas e incapaces de
llevar a buen puerto el proceso electoral. La vergonzosa manipulación de
Rigoberta Menchú, a cambio de 10 mil dólares pagados por el instituto –y unos
30 mil más de diversas fundaciones–, para promover el voto en Guerrero y tratar
de lavar la imagen del consejero presidente como racista, no hizo más que
profundizar este descrédito.
La situación se complica aún más por la decisión
del Movimiento Popular Guerrerense de boicotear los comicios en el estado, y de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de obstaculizar
su realización en otras 10 entidades. En lo inmediato, este acuerdo propició ya
la militarización exacerbada de Guerrero, y la decisión gubernamental de
suspender indefinidamente la evaluación docente. En municipios como Tixtla,
Ayutla, Tlapa, Chilapa e Iguala (por citar sólo algunos) existe riesgo real de
que se produzcan choques violentos.
De manera diferenciada de quienes auspician el
boicot, una corriente ciudadana poco articulada orgánicamente, con escasa
presencia en los medios pero muy activa en el ciberactivismo está llamando a
anular el voto. Señala que una convocatoria similar en 2009 cosechó 5 por
ciento de los votantes y abrió la puerta a una nueva reforma política.
En los comicios para gobernador en nueve estados el
resultado final es incierto. El PRI parece tener garantizado el triunfo en
Campeche y el PAN en Baja California Sur, pero en el resto de las entidades hay
empates técnicos. El tricolor ha visto cómo su ventaja inicial
en varios de ellos se desvanece. El pleito allí es de pronóstico reservado.
El encono, sin embargo, no se da exclusivamente
entre partidos distintos, sino dentro de éstos. Está en disputa quién asume su
dirección después de las elecciones, y las distintas facciones en pugna dentro
de los partidos se meten zancadillas unas a otras, para evitar que triunfen los
candidatos identificados con sus compañeros rivales.
Destaca, por sus consecuencias en la política nacional,
la contienda de Nuevo León, donde el candidato independiente Jaime Rodríguez, El
Bronco, aliado con Fernando Elizondo, tiene posibilidades reales de
derrotar al PRI y al PAN. Sus promotores han querido presentar este episodio
como un parteaguas en la vida política nacional: el del inicio del fin de la
partidocracia.
Está en juego también la fuerza con que Morena
irrumpirá en el escenario político electoral y su pelea por ganar la mayor
cantidad de posiciones en la ciudad de México. ¿Logrará desfondar al PRD y a
Miguel Ángel Mancera? ¿Podrá convencer a abstencionistas y anulistas de que
voten por su sigla?
El fantasma de la violencia atraviesa las próximas
elecciones, aún antes de que se efectúen. Muy poco habrá en ellas de normalidad
democrática.
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