MÉXICO: ESTADO FALLIDO

Los recientes sucesos en el estado de Jalisco (1º de Mayo), con los ataques y actos violentos realizados por el Cartel Jalisco Nueva Generación en respuesta al inicio del Operativo Jalisco por parte del gobierno federal, son la muestra de que la estrategia de sucesivos gobiernos mexicanos de enfrentar con las fuerzas armadas y la policía al poder de los cárteles, sólo genera más violencia.

Ya se ha dicho por muchos años que el verdadero poder de los cárteles del narcotráfico proviene de su fusión con las estructuras políticas y económicas del propio Estado mexicano.

Día tras día se dan a conocer pruebas de que los políticos, funcionarios y jefes policiales y hasta militares de este país no sólo están coludidos, comprados, chantajeados o aliados con los criminales, sino que en muchas ocasiones son ellos mismos los que dirigen a estos grupos. Así también, son los empresarios (empezando con los grandes bancos y las casas de cambio), los encargados de lavar y distribuir las ganancias de las múltiples actividades criminales en el país.

De ahí que el atacar frontalmente a los aparatos de seguridad de estos grupos, detener y encarcelar a sus líderes visibles o matar a decenas o cientos de sicarios de estas organizaciones, que es lo que se ha venido haciendo desde hace 25 años, no ha minado, ni debilitado a estos grupos, porque lo que verdaderamente los sostiene es el entramado de relaciones y complicidades que se tejen dentro del propio sistema político y económico de México.

Por ello, es que el Estado mexicano ya puede comenzar a verse como un Estado fallido, en la medida en que las instituciones encargadas de la seguridad del país, aun suponiendo que pudieran estar “limpias” y sin ninguna vinculación con las organizaciones criminales, están imposibilitadas para combatirlas, pues ello implicaría el desmantelamiento de buena parte de las estructuras de poder del propio Estado, ya que este “funciona” a través de la corrupción, la impunidad, la captura de sus diversas funciones por organizaciones ilegales y la explotación y aprovechamiento del sistema político y económico del país por grupos de poder, que no responden más que a sus propias agendas e intereses. Así que podemos seguir observando “operativos” y anuncios del comisionado de seguridad o del secretario de Gobernación de que ya han eliminado o capturado a la mayoría de los “objetivos” prioritarios, o sea de los líderes de las organizaciones criminales principales del país, sin que ello tenga un efecto significativo en los niveles de criminalidad y violencia que se experimentan en diversas regiones, ya que el punto central que sigue propiciando dicha criminalidad y violencia, es decir la vinculación orgánica de las funciones del Estado Mexicano con la actividad criminal, se mantiene intacta.