INICIATIVAS CIUDADANAS FALLIDAS

Los ciudadanos mexicanos con interés en la vida política del país son relativamente pocos, en relación al tamaño del país (población: 120 millones; y territorio: 1.9 millones de km2); ya que por ejemplo, en elecciones intermedias como las que se realizarán el próximo 7 de junio la participación casi nunca pasa del 50% de los electores, que en este caso son casi 84 millones, por lo que los que finalmente votarán podrían llegar a ser entre 42 y 44 millones de votantes.

Por ejemplo en materia de solicitudes de información a las dependencias del gobierno federal, el número fluctúa entre 150 y 160 mil al año, en un país con una población adulta y con derecho a voto de 84 millones de personas, eso quiere decir que (en el mejor de los casos) sólo el 0.1% de los ciudadanos mayores de edad se interesan en conocer cifras, datos, leyes, decisiones, etc. del gobierno federal.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE) los tres principales partidos políticos de México validaron el siguiente número de afiliados al terminar el 2014: el PRI acreditó cinco millones 44 mil 528 “Registros válidos”; el PAN demostró 220 mil 568 registros válidos, mientras que el PRD obtuvo un total de dos millones 590 mil 972 registros.

Los otros partidos: el PT con 892 mil 756; el PVEM con 947 mil 346; Movimiento Ciudadano con 795 mil 281, y Nueva Alianza con 639 mil 174. Al solicitar su registro, Morena entregó 620 mil registros, Encuentro Social y Frente Humanista alrededor de 250 mil cada uno.

En total serían alrededor de 12.5 millones de ciudadanos afiliados a los partidos políticos, lo que representaría el 14.8% del número total de electores en el país, esto es ciudadanos con derecho a votar.

Como se puede apreciar no más del 15% de la ciudadanía participa en la vida política nacional (siempre y cuando consideremos la sola "afiliación" a un partido, como participación), y todavía menos (ni siquiera el 1%), se toma la molestia de exigir al gobierno federal información sobre la administración pública.

Por ello, resulta encomiable que surjan iniciativas ciudadanas que intentan impactar en la toma de decisiones políticas y en la vida pública del país.

Recientemente se intentó conformar un Congreso Popular (Mayo del 2014), con objeto de frenar los cambios en las leyes secundarias en materia energética e impulsar un referéndum al respecto; así también con motivo de las próximas elecciones intermedias, varios académicos y analistas políticos están impulsando una iniciativa para que la mayoría de la ciudadanía anule su voto y de esa manera se mande un mensaje de repudio a la subclase política mexicana; y un grupo de ciudadanos logró reunir más de 140 mil firmas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral solicitando el retiro del registro del PVEM, por sus reiteradas violaciones a la legislación electoral.

Desgraciadamente las instituciones del Estado Mexicano no responden a este tipo de iniciativas, a menos que llegaran a realizarse con manifestaciones masivas, una campaña extensa en redes sociales y convocatorias a paros o huelgas, pues de lo contrario muy fácilmente las desecha.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las propuestas (realizadas por el PRD y Morena) para realizar un referéndum sobre los cambios legislativos en materia energética, sin realizar ni siquiera una discusión a fondo del tema, y sólo basándose en tecnicismos jurídicos; la campaña para anular el voto no ha tenido una repercusión mayor y lo más probable es que no impacte de manera significativa en la votación (quizás se anulen 3 o 4% del total de votos); y a pesar de que el INE aceptó revisar la solicitud para quitar el registro al PVEM, esa discusión la realizará después de las elecciones del 7 de junio, cuando muy probablemente el PVEM aumente su votación, ayudado por sus prácticas ilegales de campaña (regalo a los votantes de vales de medicinas o para obtener "primer empleo"), y entonces se argumente que la ciudadanía otorgó su apoyo al registro de dicho partido, por lo que el INE no puede quitárselo.

Por ello, si bien loables estas y otras iniciativas ciudadanas para mejorar o limpiar la vida pública del país, carecen de fuerza para obligar a las instituciones a atenderlas, ya que con recovecos legales, prolongando la respuesta a las solicitudes que se les hacen o de plano rechazándolas sin más, detienen el aún endeble esfuerzo ciudadano por mejorar en algo la ineficiente, corrupta y abusiva forma de gobernar que prevalece en el país.