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Volcán Popocatépetl

domingo, 24 de octubre de 2021

 Defender a la UNAM

Rolando Cordera Campos

https://www.jornada.com.mx/2021/10/24/opinion/017a1pol

Días de pésame y dolor, de pérdidas irreparables y de búsqueda y cultivo del recuerdo y el atesoramiento memorioso.

Se nos fue el querido y entrañable amigo Felipe Cazals, creador infatigable de imágenes y relatos de vida y muerte. Ni Jorge Fons, su entrañable amigo, lo pudo encontrar en los escondrijos de su segunda casa que fueron los Estudios Churubusco.

A los pocos días, otro amigo querido, respetado y estudioso profesor, ejemplar servidor público, Antonio Gazol, partió para siempre. Por su parte, el estimado y respetado Cuauhtémoc Cárdenas y sus hijos perdieron a su compañera de vida y madre, Celeste Batel, a quien vieron partir en su sencillez reconocida y admirada. Días de guardar, diría Carlos Monsiváis.

Nos urge encontrar señales de aliento y esperanza, tratar de afinar la mirada y dar luz sobre la penumbra espesa que nos impuso la pandemia y la caída económica. Hacerlo desde la cotidianidad de nuestras universidades públicas nutridas del bullicio de sus aulas y pasillos, sus múltiples y plurales seminarios, sus actividades culturales y científicas no será fácil, porque a la que debería ser ancha avenida de rencuentros amistosos con los miles de estudiantes, con los camaradas y colegas, el Presidente y su gobierno ofrecen una perspectiva de grosera simplificación, generalizaciones absurdas, insostenibles. Impresentables en cualquier aula o coloquio.

Decir que la UNAM se volvió individualista y fue sometida por el neoliberalismo, descalifica a quien emite tan grosero e insensato juicio. A quienes lo celebran y comparten.

Buscar revivir guerras florales, disfrazadas de campañas de limpieza ideológica, no puede sino aterrizar en corrosivos desplantes de dogmatismo, cultivo cerril del peor de los encierros. Rechazar la universalidad de la cultura y la ciencia, ámbitos ajenos de etiquetas absurdas, es denostar nuestra pertenencia inequívoca a los nuevos mundos de la globalidad y sus crisis, es miopía política.

Si las jornadas de estudio y reflexión que nos esperan para redefinir nuestras misiones y proyectos en pos de un nuevo y renovador desarrollo se anuncian difíciles, porque así lo manda la incertidumbre y lo aconseja la experiencia, más duras lo serán si el poder público se empecina en regodearse en su miopía política y quiere convertir su astigmatismo intelectual en virtud teologal de una supuesta política transformadora. Si lo que ofrece Morena es resignación en vez de convocatorias a diálogos abiertos y plurales, pedagogía democrática que ha procurado siempre y defiende nuestra casa de estudios, leamos a la UNAM:

En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas, para formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente, sin ideologías impuestas y comprometidos con la búsqueda de un país más justo, libre y con menor desigualdad (tweet 22/11/21).

Cuánta razón les asiste a mis amigos y compañeros del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, a cuyas firmas desde aquí sumo la mía, cuando nos convocan a defender la Universidad Nacional ¡del poder público!, como en el 66 y el 68, nada menos.

No lo merecemos, no lo merece el país ciudadano que en 2018 votó por otra alternancia, una que portaba banderas de justicia social y ampliación de nuestra difícil democracia. Eso no debe desperdiciarse, menos echarse por la borda.

sábado, 23 de octubre de 2021

 SE VA A QUEDAR MUY SOLO

López Obrador (AMLO) sigue en su cruzada contra todas las instituciones “clase medieras” que no se subordinan a sus dictados. Desde hace unos días sus ataques se han centrado en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su alma mater, a la que acusa de haberse “derechizado” durante el periodo neoliberal; y falsamente afirmó que dicha institución educativa no criticó esa política, cuando desde la UNAM surgieron los principales críticos del mencionado modelo económico.

Todo parece indicar que las autoridades centrales de la UNAM y de varias facultades e institutos de investigación han hecho valer su autonomía y su libertad de cátedra e investigación, ante reiterados llamados primero, y presiones después, del gobierno de AMLO, para que salgan a defender y avalar todas las políticas públicas impulsadas por el gobierno actual.

Da la casualidad de que directivos, profesores e investigadores han señalado fallas, sesgos y deficiencias en dichas políticas públicas (por ejemplo en distintos programas sociales, en el Tren Maya, en el Proyecto del Istmo de Tehuantepec, en política ambiental, etc.), lo que ha enfurecido a López Obrador, que esperaba una sumisión total de la máxima casa de estudios del país a sus directivas, exigencias, ocurrencias y demandas.

Así, la UNAM salió a defender a los científicos y académicos acusados por el CONACYT y por la fiscalía General de la República de “lavado de dinero y delincuencia organizada”, lo que en el ámbito universitario se consideró un exceso.

Pues bien, AMLO no esperaba otra cosa de la UNAM que su apoyo incondicional a tan exagerada acusación.

De la misma manera, las autoridades universitarias consideraron que las condiciones para el regreso a clases presenciales aún no eran las óptimas, a pesar de las continuas presiones de AMLO para que lo hicieran lo antes posible; de ahí derivó su vitriólico ataque a los académicos de la UNAM, al acusarlos de cobrar sin trabajar, cuando lo que ha estado sucediendo es que las clases en línea se han mantenido, y los profesores han estado dando clases, por lo que han seguido cobrando sus sueldos, como debe ser.

En cambio, AMLO defiende con todo a su amigo y aliado Carlos Slim, el hombre más rico de México y América Latina, cobijándolo en el caso de la Línea 12 del Metro en el que su empresa CICSA tuvo que ver en la deficiente construcción de dicha línea; pero AMLO convino con Slim en que no se le acusaría de nada; a cambio, de que se comprometa a repararla con sus propios recursos, y con ello también se libró de la acusación penal que la fiscalía de la Ciudad de México, supuestamente autónoma, endilgó contra 10 ex funcionarios en el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012) como los únicos responsables de la mala construcción de la línea (dejando fuera a los gobiernos de Miguel Angel Mancera y el actual de Claudia Sheinbaum en el tema del mantenimiento), y por lo tanto del desplome del 3 de mayo del 2021 que provocó 26 muertos y más de 90 heridos.

Así también, después de criticar hasta el cansancio durante su etapa de opositor político, el que el gobierno de Carlos Salinas concesionara la empresa Teléfonos de México a Carlos Slim; ahora considera excelente que se ratifique dicha concesión, y defiende el actuar de Slim contra cualquier crítica o cuestionamiento. Cómo cambian las cosas una vez que se está en el poder.

Lo que es indudable es que las animadversiones, odios y complejos que carga AMLO lo están llevando a atacar a cada vez más actores y sectores de la sociedad mexicana, muchos de los cuáles se la jugaron con su candidatura presidencial en 2018, pero se han ido desencantando, desilusionando y decepcionando de AMLO, por lo que, a medida que avanza su periodo gubernamental y se acerca su fin (a menos que intente un golpe de mano para permanecer en el poder; a lo mejor por eso habla tanto últimamente con Evo Morales), se irá quedando cada vez más y más solo, especialmente cuando llegue a su fase final la lucha por la sucesión presidencial; y entonces todos sus odios y filípicas contra medio mundo, se le van a revertir de una manera muy amarga. Al tiempo.

viernes, 22 de octubre de 2021

Nuevo impuesto ecológico en función de la riqueza, plantean expertos

Afp y Ap

https://www.jornada.com.mx/2021/10/22/mundo/026n2mun

Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2021, p. 26

París. Las personas más adineradas contaminan mucho más que las más pobres del planeta, y deberían pagar impuestos específicos para compensarlo, según un estudio del World Inequality Lab (WIL) publicado ayer, antes de la cumbre climática COP26.

El 1 por ciento más rico del mundo emitió en promedio 110 toneladas de CO2 por persona en 2019, detalla el estudio realizado por el economista Lucas Chancel, codirector del WIL en la Escuela de Economía de París.

Ello representa 17 por ciento de las emisiones mundiales de CO2 de ese año. El conjunto de esas emisiones proviene de los hábitos de consumo e inversión de esta categoría de la población, según el WIL.

Además, mientras el 10 por ciento más acaudalado del mundo genera la mitad de las emisiones planetarias, la mitad más pobre de la población apenas es responsable de 12 por ciento del global, una media de 1.6 toneladas de carbono por persona.

“Hay una fuerte desigualdad en los aportes al problema climático", declaró Chancel a la agencia de noticias Afp, proponiendo tasar con impuestos ecológicos progresivos en función de la riqueza.

Los gobiernos necesitan nuevas fuentes de ingresos par invertir en infraestructuras verdes y una forma de conseguirlas es por medido de impuestos ecológicos progresivos, indicó.

Ello podría ser políticamente más viable que los impuestos sobre el consumo de carbón, que golpean duramente a los grupos de menos ingresos y no ayudan a reducir las emisiones de los más ricos, agregó.

Entre las soluciones propuestas, el informe defiende tomar en cuenta las emisiones individuales en las políticas públicas para focalizar los comportamientos contaminantes.

El estudio denuncia que el peso de las políticas climáticas recae en las clases más humildes y defiende poner más énfasis en los grupos más ricos; plantea, por ejemplo, instrumentos dirigidos a inversiones en actividades contaminantes.

La directora ejecutiva de Greenpeace, Jennifer Morgan, advirtió que países y empresas en la cumbre en Glasgow intentarán el encubrimiento verde de sus índices de contaminación del planeta.

En tanto, un reporte del gobierno del presidente estadunidense, Joe Biden, señaló que el agravamiento de los cambios climáticos requiere de que Estados Unidos haga mucho más para vigilar, aliviar y manejar los flujos de refugiados que escapan de desastres naturales.

El reporte recomienda una gama de pasos: hacer más para vigilar inundaciones y otros desastres que pueden crear refugiados climáticos, dedicar ayuda estadunidense que permita a las personas superar tormentas y sequías en sus propios países y examinar protecciones legales para refugiados forzados a dejar su país, en parte por el empeoramiento del clima.

Llama además a la creación de una fuerza especial para coordinar la respuesta de Estados Unidos a los cambios climáticos y la migración, desde científicos hasta ayuda y funcionarios de seguridad.

Cada año, los huracanes, la falta de lluvias de temporada y otros desastres climáticos repentinos obligan a un promedio de 21.5 millones de personas a dejar sus hogares a escala internacional, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

En Bogotá, el secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, aseguró que el gobierno de su país lanzará un pacto regional para reducir la deforestación en toda la Amazonia, en un esfuerzo por mitigar una de las causas del calentamiento global.

jueves, 21 de octubre de 2021

 International tribunal of legal experts to judge

U.S. human rights abuses

against Black, Brown and

Indigenous People

 

In the Spirit of Mandela, an unprecedented U.S. alliance of attorneys, academics, and organizers from the movements for Black lives, civil rights, Puerto Rican decolonization, immigrant rights, and Indigenous sovereignty/Earth protection, will put the U.S., state, and local governments on trial for crimes against people of color. From Oct. 22 to 25, the International Tribunal on U.S. Human Rights Abuses Against Black, Brown, and Indigenous Peoples will convene, both in person at a Manhattan historic landmark and virtually via live stream.

"This proceeding will establish overwhelming evidence that this country and its settler-colonial predecessors have committed genocide, as defined by the United Nations, against Black, Brown, and Indigenous Peoples for over 400 years," said Jihad Mabdulmumit, spokesperson for the coordinating committee of the In the Spirit of Mandela Coalition. "As we've seen most recently with the George Floyd street uprisings, only a strong grassroots movement from below can expose these crimes and do the work that can end them."

Presiding will be an independent nine-member Panel of Jurists, some with international stature. The majority are women and are Global South-rooted from India, Eritrea, Haiti, France, the U.S., and elsewhere. These jurists will oversee two days of testimonies from impacted victims, expert witnesses, and attorneys with firsthand knowledge of specific incidents raised in the charges/indictment. They will then deliver their verdict to the U.N.

The Tribunal will consider charges of human and civil rights violations for racist police killings of Black, Brown, and Indigenous peoples; hyper/mass incarcerations of Black, Brown, and Indigenous peoples; and political incarceration of Civil Rights/National Liberation-era revolutionaries and activists, as well as present-day activists. It will also take up environmental racism and its impact on Black, Brown, and Indigenous peoples, and public health racism and its traumatic impacts on Black, Brown, and Indigenous peoples.

Based on all the above, the overarching charge will be argued that the U.S. has committed genocide against Black, Brown, and Indigenous peoples, in violation of 18 USC 1091 and the 1948 United Nations Convention on the Prevention of Genocide. Legal aspects of the Tribunal will be led by Attorney Nkechi Taifa, along with a powerful team of seasoned attorneys from all the above fields.

The In the Spirit of Mandela Coalition, created in 2018, is a growing group of organizers, academics, clergy, attorneys, and organizations committed to working together against the systemic, historic, and ongoing human rights violations and abuses committed by the U.S. against Black, Brown, and Indigenous Peoples. The coalition recognizes and affirms the rich history of diverse global activists, including Nelson Mandela, Winnie Mandela, Graca Machel Mandela, Ella Baker, Dennis Banks, Cesar Chavez, Fannie Lou Hamer, Fred Korematsu, Lolita Lebron, Rosa Parks, Ingrid Washinawatok, and many more in the resistance traditions of Black, Brown and Indigenous Peoples.

The year 2021 marks the 70th anniversary of the campaign in which African-American human rights leaders Paul Robeson and William Patterson, with the support of eminent sociologist Dr. W.E.B. DuBois, presented the "We Charge Genocide" petition to the burgeoning U.N. headquarters in 1951. Then in 1964, Minister Malcolm X (El Hajj Malik el-Shabazz) formed the Organization of Afro-American Unity, in part to bring the case of U.S. human rights abuses to the attention of the U.N.

 

2021 International Tribunal
Follow-up efforts

 

The 2021 International Tribunal has a unique set of outcomes and an opportunity to organize on a mass level across many social justice arenas. Upon the verdict, the results of the Tribunal will codify and publish the content and results of the Tribunal to be offered in high school and university curricula; and provide organized, accurate information for reparation initiatives and community and human rights work.

It will present a stronger case, building upon previous and respected human rights initiatives, on the international stage, and establish a healthy and viable massive national network of community organizations, activists, clergy, academics, and lawyers concerned with challenging human rights abuses on all levels and enhancing the quality of life for all people.

Goals are to strengthen the demand to free all political prisoners and establish a Truth and Reconciliation Commission mechanism to lead to their freedom; establish the foundation to build a "Peoples' Senate" representative of all 50 states, Indigenous Tribes, and major religions; and provide the foundation for civil action in federal and state courts across the United States.

For more information,
contact Dr. A'isha Mohammad aishamohammed72@gmail.com
510-776-6078.

For more information:
spiritofmandela.org
tribunal2021.com
or on Facebook

miércoles, 20 de octubre de 2021

 After Corbyn, Israel Lobby Turns Its Guns on UK Academia

BY JONATHAN COOK

OCTOBER 18, 2021

https://www.counterpunch.org/2021/10/18/after-corbyn-israel-lobby-turns-its-guns-on-uk-academia/

The Israel lobby appears to be readying for a campaign to root out left-wing academics in the UK critical of Israel’s continuing oppression of the Palestinian people – echoing its efforts against the previous leader of Britain’s Labour party, Jeremy Corbyn.

As with the attacks on Corbyn, the assault on academia is being led by the Jewish Chronicle, a UK weekly newspaper that speaks for the most ardent supporters of Israel among the UK’s Jewish community.

The move follows the lobby’s success this month in pressuring Bristol university to sack one of its professors, David Miller, even after the university’s own investigation – headed by a senior lawyer – concluded that claims of antisemitism against Miller were unfounded.

Miller was formally dismissed on the unexplained basis that he “did not meet the standards of behavior we expect from our staff and the University”.

The lobby has struggled to disguise its glee that, apparently fearful of bad publicity, Bristol university capitulated to a campaign of unsubstantiated claims Miller “harassed” Jewish students.

A sociologist, Miller had been at the forefront of research into the sources of Islamophobia in the UK. His work includes a detailed examination of the Israeli lobby’s role in fomenting racism towards Muslims, Arabs, and Palestinians.

Israel has long promoted the idea that it is a bulwark against supposed Islamic savagery and terrorism, in what it and its supporters have presented as a “clash of civilizations”.

More than a century ago, Theodor Herzl, the father of political Zionism, argued in the colonial language of the time that a Jewish state in the Middle East would serve as “a wall of defense for Europe in Asia, an outpost of civilization against barbarism”.

This was a key argument the Zionist movement used to lobby the great powers of the day, chiefly Britain, to help remove the native Palestinian people from much of their homeland so that a self-declared Jewish state of Israel could be established instead.

To this day Israel encourages the view both that it is under permanent existential threat from a supposedly irrational hatred and bigotry from Muslims and that it plays a critical, first-line role in defending western values. As a consequence, the Palestinians have found themselves diplomatically isolated.

‘Tip of the iceberg’

Signaling the likely direction in which the lobby intends to head next, the Jewish Chronicle published an editorial this month headlined “Miller’s sacking should be the beginning, not the end”. It concluded: “Miller is not some lone voice but representative of a school of thought embedded in almost every part of academia.”

At the same time, under the headline “Miller is gone but he is only tip of the iceberg” its news pages reported that scholars in “74 separate British higher education bodies” had signed a letter of support for Miller earlier in the year, revealing “the extent of the network backing him at universities across the United Kingdom”.

Those signatories included, it noted, “a significant number representing Russell Group establishments, some of the UK’s most prestigious higher education institutions”.

The Chronicle highlighted the fact that 13 of the signatories were from Bristol university, and identified several academics by name.

The barely veiled implication is that there is an antisemitism crisis in British universities, which is being tolerated by senior staff.

The lobby used the same argument with Corbyn, claiming, despite a dearth of evidence, that he and his inner circle were indulging a supposed explosion of antisemitism within the party – with the strong implication that they were encouraging it.

The lobby’s claims were eagerly amplified by the billionaire-owned media and by a right-wing Labour party bureaucracy deeply hostile to Corbyn’s socialism.

Playbook revived

Over the past three years, the Chronicle has had an astounding number of rulings against it from the Independent Press Standards Organisation (IPSO), the newspaper industry’s feeble, self-appointed “press regulator”.

Most of those misrepresentations relate to the earlier campaign against Corbyn that the Jewish Chronicle played a central role in advancing. It regularly claimed that there was a plague of antisemitism on Britain’s political left.

In fact, the Chronicle appears to be reviving the playbook it and the rest of the pro-Israel lobby used against Corbyn – an outspoken supporter of Palestinian rights – that saw him and large numbers of Labour members smeared as antisemites.

Famously, the Chronicle and two other Jewish community newspapers shared a front-page editorial in summer 2018 claiming that Corbyn posed an “existential threat” to Jewish life in the UK.

The editorial was published in the wake of a general election the previous year in which Corbyn fell short by only a few thousand votes from winning a majority of seats in the British parliament. With the ruling Conservative party mired in permanent crisis at that point, it looked like a rerun election was imminent.

The stakes for the lobby were high. Had he won, Corbyn looked like he might be the first leader of a major European state to recognize Palestinian statehood and impose sanctions on Israel – including a ban on arms sales – of the kind used against apartheid South Africa.

Keir Starmer, Corbyn’s successor, has been waging a war on the party’s leftwing, again using antisemitism as the pretext, cheered on by the Chronicle and others.

The paper’s misrepresentations of the Labour party – which repeatedly fell foul of press regulator IPSO – are now being pressed into service against academia.

The Jewish Chronicle’s two-step maneuver in the Miller case is familiar.

First, it has suggested that the professor lost his job because the university concluded that his actions were antisemitic – when, in fact, all indications are that its investigation found in Miller’s favor.

And second, the paper has strongly implied that the more than 200 scholars who signed a letter to Bristol expressing concerns about Bristol’s investigation of Miller share his supposedly antisemitic views. 

Placating the lobby

Just as the Chronicle sought to create the impression of a plague of antisemitism in the Labour party under Corbyn, despite the lack of any evidence, it now hopes to suggest that antisemitism is rampant in British universities.

In fact, even those who signed the letter do not necessarily share Miller’s views about Israel or its role in fomenting Islamophobia. The letter chiefly defends the principle of academic freedom and Miller’s right to pursue his research wherever it leads him, without fear of losing his job. No one signing it has to agree with all of his findings or everything he has said.

What is truly shocking is that more academics have not come to his defense – especially given the fact that the allegations against him made by the Israel lobby were discounted by Bristol university’s own investigation.

Corbyn and his inner circle chose a similar course of action to Bristol’s, seeking to placate the lobby. But Corbyn’s office found every concession they made to the antisemitism smears only fuelled the lobby’s belief that its intimidation campaign was working and that the net could be widened further.

Soon the lobby was not only claiming that widespread support on the Labour left for the Palestinian struggle against Israel’s decades of belligerent occupation was antisemitic, but that anyone who denied that it was proof of antisemitism was also outing themselves as an antisemite.

As with its attacks on Corbyn, the Chronicle’s claims against Miller are hyperbolic, with the paper reporting uncritically that members of the Union of Jewish Students at Bristol had accused the professor of “harassment, targeting, and vicious diatribe”.

In fact, this supposed “harassment” refers either to a lecture about propaganda by Miller, based on his research, that cited the Israel lobby’s promotion of Islamophobia or to critical comments he made about Zionism and the Israel lobby in forums outside the classroom.

Miller did not harass anyone. Rather, those who identify as Zionists – for whom Israel is an abiding political priority – have chosen to take offense at his findings. They have not been bullied, intimidated, or threatened, as the Chronicle implies. Their political beliefs about Israel have been challenged by Miller’s academic work.

Notably, Miller’s research also shows that conservative movements like the ruling party in the UK have played a central role in promoting Islamophobia, as several key figures in Britain’s Conservative party such as Baroness Sayeeda Warsi have repeatedly warned.

But would Bristol have seriously investigated claims by Conservative party students, for example, that they were being “harassed” by Miller for presenting his research in class or his speaking at political events outside the classroom? Would the university have considered sacking him based on those claims?

The question does not even need posing. The political nature of the complaints – and their threat to academic freedom – would have been instantly obvious to everyone.

And therein lies the Israel lobby’s special usefulness to the establishment. The lobby’s own highly partisan, politicized campaigns against the left can – perversely but all too often effectively – be disguised as anti-racism or the promotion of human rights.

Mounting scrutiny

But, as the Chronicle implicitly recognizes in its call for the targeting of a much wider circle of British academics, ardent Zionists are facing a much bigger challenge than a single political leader or a single professor.

They feel personally affronted as their political passion project, Israel comes under mounting scrutiny. Like the Chronicle, Zionists hope to reverse various political developments over the past decade or two that have made it much harder for them to publicly defend Israel.

Those developments include:

* The success of Palestinian civil society’s calls since the mid-2000s for an international boycott of Israel to end its oppression of Palestinians;

* The horrifying images of Israel’s repeated military assaults on a Palestinian population in Gaza besieged by Israel for 15 years, living in what has become effectively an overcrowded, open-air prison;

* Israel’s sabotaging of a two-state solution offered by the Palestinian leadership by illegally building ever more settlements on Palestinian land, while also rejecting the alternative of a single state guaranteeing equal rights for Jews and Palestinians in the region;

* and recent reports, from Israeli and international human rights groups, clearly make the case that Israel qualifies as an apartheid state.

The Chronicle and the ardent Zionists in the UK speak for fear that Corbyn represented the moment when this view of Israel broke into the political mainstream.

And now they fear that, unless drastic action can be taken, scholars like Miller will introduce a more clear-eyed discourse in academia about Israel, exposing the lobby for the anti-Palestinian racists they are.

Financial penalties

Under threat of financial penalties from Johnson’s right-wing government, dozens of British universities have been pressured to adopt a new definition of antisemitism.

This was the prize the lobby sought against Corbyn. He was forced to accept not just the International Holocaust Remembrance Alliance’s imprecise definition of Jew-hatred but also 11 appended examples, most of which openly conflate strenuous criticism of Israel with antisemitism. The lobby has argued that any denial that these examples amount to antisemitism is also a form of antisemitism.

In detailing how Israel is an apartheid state in recent reports, both the New York-based Human Rights Watch and B’Tselem, Israel’s most respected human rights organization, would have fallen foul of the IHRA’s claim that it is antisemitic to describe Israel as “a racist endeavor”.

Similarly, large numbers of Israeli scholars – and almost all Palestinians and their supporters – would breach the example against requiring of Israel “behavior not expected or demanded of any other democratic nation”.

They question the notion that Israel is a democratic nation. Israeli scholars have instead termed it an “ethnocracy” because it mimics a democratic state while actually according rights and privileges to one ethnic group, Jews, that it denies to another, Palestinians.

Corbyn quickly found himself trapped by the IHRA definition and its associated examples. Any meaningful support for Palestinians against Israeli oppression – including his past actions, before he became Labour leader – could be twisted into evidence of antisemitism.

And any argument that antisemitism was thereby being weaponized by the lobby could be similarly adduced as proof of antisemitism. It provided perfect conditions for a witch-hunt of the Labour left.

Now, the lobby hopes, the same conditions can banish scholarly criticism of Israel.

One of the early targets for the lobby’s new campaign is likely to be the University and College Union (UCU), a higher education union representing over 120,000 academics and support staff. It has so far held out against the pressure campaign.

Its resistance appears to have galvanized some academic bodies to stand their ground too. Notably, in February the academic board of University College London revolted against the adoption of the IHRA definition by the university’s governing body, calling the wording “politicized and divisive”.

A report by the UCL board in December had warned that the IHRA definition conflated prejudice against Jews with political debate about Israel and Palestine. That, it said, could have “potentially deleterious effects on free speech, such as instigating a culture of fear or self-silencing on teaching or research or classroom discussion of contentious topics”.

That is exactly what the Israel lobby, and its activists in the Union of Jewish Students that targeted Miller, will hope for. With their new war on academia – assisted by a right-wing government – they may be able to inflict as much damage on academic support for Palestinians as they did political support.

Jonathan Cook won the Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. His latest books are “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) and “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). His website is http://www.jonathan-cook.net/

martes, 19 de octubre de 2021

 Apremian ONG a rechazar el programa Quédate en México

Emir Olivares Alonso

 https://www.jornada.com.mx/2021/10/19/politica/004n1pol

Periódico La Jornada
Martes 19 de octubre de 2021, p. 4

El gobierno de México está en capacidad de rechazar la reinstalación por parte de Estados Unidos del programa Quédate en México, iniciativa que viola el debido proceso, el derecho de asilo y los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano.

Así lo señalaron organizaciones civiles de ambos países, que demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pronunciarse en torno a un amparo que tiene en revisión desde febrero de 2020 –y a la fecha los ministros no han atendido–, a fin de frenar la participación de México en el también conocido como Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

A unos días de que la administración de Joe Biden reinstale el MPP –tras una orden de una Corte de Texas–, las organizaciones presentaron ante la SCJN un amicus curiae para fortalecer el mencionado amparo, 302/2020, en el que llaman al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a rechazar y no participar en ese programa.

Entre las condiciones que se señalan en la resolución de la corte de Texas (está) que sin la participación del Estado mexicano el MPP no podrá restaurarse, subrayaron los organismos, entre los cuales están Asylum Seeker Advocacy Project, Human Rights Initiative of North Texas, International Refugee Assistance Project, Latin America Working Group Oxfam America, Oxfam México y RefugePoint.

Quédate en México fue una de las banderas antimigratorias del ex presidente Donald Trump. Obligaba a quien pidiera asilo en Estados Unidos a permanecer en suelo mexicano –sobre todo en entidades fronterizas– hasta que las cortes en la materia de aquel país definieran sus solicitudes.

Al inicio de su gobierno, Biden anunció su cancelación. Sin embargo, el 25 de agosto de este año un juez del tribunal de distrito de Estados Unidos, con sede en Texas, ordenó su restablecimiento, por lo que se prevé que en noviembre la Casa Blanca lo ponga nuevamente en operación, pero para ello necesita el aval del gobierno de López Obrador, resaltaron las organizaciones.

Indicaron que durante la vigencia de ese programa –de enero de 2019 enero de 2021– se regresó a México a más de 70 mil solicitantes de asilo.

Dicha población se enfrentó a condiciones precarias de estancia (falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda); además de ser sujetas de extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos por parte del crimen organizado y diversas autoridades, enfatizaron.

lunes, 18 de octubre de 2021

¿QUÉ LE DEBE AMLO A BONILLA?

El fin de semana pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo de visita en Baja California para adular al gobernador saliente de esa entidad, Jaime Bonilla, quien como se recordará, intentó ampliar su periodo de gobierno de 2 a 5 años, lo que pudo ser detenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

López Obrador recordó que Bonilla ha sido una de las personas que más lo apoyó en su larga carrera política y en su búsqueda por la presidencia de la república.

Al respecto, no queda claro en que consistió esa “ayuda”, si fue solo moral o también fue con recursos económicos, dado que Bonilla es “empresario” (en una ocasión, antes de ser presidente, López Obrador viajó a Los Angeles, Cal. con su hijo menor, a ver un partido de los Dodgers, y quien los acompañaba era Bonilla).

Este tipo de personajes[1] que apoyaron a López Obrador en su travesía para llegar a la presidencia, tienen relaciones poco transparentes, pues no se sabe si ese apoyo fue totalmente incondicional o siempre tuvo que ver con un quid pro quo.

Así, el empresario José María Riobóo, que fue uno de los encargados de la construcción de los segundos pisos durante la administración de AMLO en la ciudad de México (2000-2005)[2], es otro de esos personajes que “ayudaron” a AMLO y a cambio (o a lo mejor fue sólo una coincidencia) la esposa de Riobóo, Yasmín Esquivel fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia[3]; al respecto, AMLO aseveró en su momento, que no había “conflicto de interés”, porque Riobóo no era funcionario público y él no instruía a los senadores a quién nombrar para la Suprema Corte. Como si todo el país se chupara el dedo.

En su momento, otro de los personajes que “apoyaron” a AMLO, fue el ahora defenestrado Consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer, quien era, hasta antes de su renuncia el pasado 2 de septiembre, un puente indispensable para poder resolver numerosos asuntos “espinosos”[4] de los que el propio presidente prefería distanciarse (recordemos que cuando AMLO fue jefe de gobierno de la CDMX, su entonces secretario particular, René Bejarano, era el encargado de realizar ese tipo de negociaciones en lo oscurito, hasta que una de ellas salió a la luz, con el empresario argentino Carlos Ahumada, quien grabó un video en el que entregó dinero en efectivo a Bejarano, por varias decenas de miles de pesos).[5]

Ahora Bonilla ha sido públicamente invitado por López Obrador a colaborar en su gobierno, al parecer en el gabinete presidencial, lo que apunta a que el empresario-político tiene algo más que una enorme cercanía con el presidente; a lo mejor AMLO le debe algo muy importante o Bonilla sabe demasiadas cosas sobre el actual presidente, por lo que es mejor tenerlo contento.

Así, el caso de la regularización de los “autos chocolate” ha sido una de las principales exigencias de Bonilla desde que llegó a la gubernatura, con el argumento de que la falta de documentación de dichos autos los hace propensos a ser utilizados por el crimen organizado para sus actividades ilegales; y además no pueden estar monitoreados en materia de control ambiental.

Pero da la casualidad de que la industria automotriz, ha insistido una y otra vez que legalizar esos autos, no sólo es legalizar un delito, sino que constituye una competencia desleal, porque esos autos son contaminantes, no cuentan con registros claros (pueden ser producto de robos) y en muchas ocasiones no cumplen con los requisitos mínimos de calidad que se le exigen a los autos nuevos y/o usados, legales del país; ni han debido pasar las inspecciones, ni pagar la serie de impuestos a que están obligados los autos producidos o vendidos por la industria legalmente constituida.

Al parecer, por lo menos hasta agosto del 2020, el presidente AMLO estaba de acuerdo con la posición de la industria automotriz[6], ya que desmintió al gobernador Bonilla que había afirmado categóricamente que estaba por firmarse un decreto para legalizar a los autos “chocolate”. AMLO señaló en ese momento que lo del decreto era falso y que la industria automotriz se oponía a dicha legalización.

¿Qué pasó en los últimos 14 meses que convenció a AMLO de cambiar su posición y firmar el decreto, que con toda firmeza Bonilla había señalado desde entonces que sí se aprobaría?

¿Qué gana Bonilla con el decreto? ¿Es sólo su preocupación por la seguridad y el medio ambiente de Baja California, o hay algún oscuro negocio detrás de todo esto? ¿Por qué la urgencia de AMLO para firmar el decreto antes de que saliera Bonilla de la gubernatura, como si fuera un regalo de último momento; y además, la serie de elogios a su gestión; y por si fuera poco, la invitación a que se sume a su gobierno, previsiblemente en una importante secretaría, donde se manejan muchísimos recursos; quizás la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde el Ingeniero Jorge Arganis está más “quemado” que un cuete en fiestas patrias, por su inclusión en el escándalo de los Papeles de Pandora? Algo huele muy, pero muy mal en todo esto.

Además, recordemos que Bonilla fue el principal impulsor de que AMLO propusiera y lograra la reducción del IVA en la frontera (a 8%), lo que favoreció los negocios de Bonilla, aunque para las arcas de las finanzas  públicas ha generado un enorme boquete fiscal, sin que se hayan visto mayores beneficios económicos en la frontera norte[7]; ni tampoco en la sur, en donde también se aprobó esa rebaja.



[1] Es el caso del ex gobernador de Chiapas, hoy senador por ese estado, Manuel Velasco Coello, quien mandó grabar a uno de sus operadores políticos, David León (quien después sería nombrado por AMLO coordinador de Protección Civil en la Segob, y estaba a punto de hacerse cargo de una corporación gubernamental encargada de la compra de medicinas y vacunas, cuando estalló el escándalo del video del hermano del presidente), entregando una fuerte suma de dinero en efectivo al hermano de AMLO, Pío, durante el proceso electoral del 2015. El abuelo del senador, Manuel Velasco Suárez, acaba de recibir post-mortem la medalla Belisario Domínguez en el Senado.

[2] En su gira por Baja California, AMLO anunció otro segundo piso en Tijuana. A lo mejor también se aparece Riobóo por ahí.

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