EL JUICIO A GARCÍA LUNA
ESTADO Y CRIMEN ORGANIZADO
En un par de
semanas más terminará en Nueva York el juicio al ex secretario de Seguridad
Pública de México, Genaro García Luna (2006-2012) y lo más probable es que se
le encuentre culpable de su asociación con el cártel de Sinaloa.
Para el
gobierno de López Obrador (AMLO) este hecho es muy importante pues demostrará a
la opinión pública mexicana (como si no lo supiera ya), que las altas esferas
de los gobiernos neoliberales (1982-2018), y especialmente el de Felipe
Calderón, estuvieron asociadas con el crimen organizado y ello ha sido una de
las principales causas, junto con la corrupción, por las que el país padece sus
principales problemas y atrasos (pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad,
etc.).
Nada nuevo
bajo el sol. Como lo hemos analizado en este blog y decenas de estudiosos y
periodistas de México y Estados Unidos lo han documentado por años, el negocio
del narcotráfico y en general el crimen organizado no puede prosperar si no
tiene la complicidad, la protección y la permanente ayuda de las élites
políticas y económicas de los países en donde se asienta.
Pero para
AMLO, una vez desatada la lucha por la presidencia para las elecciones del
2024, es imperativo que quede asentado en un juicio en Estados Unidos, que el
gobierno de Calderón fue cómplice y protector del principal cártel del
narcotráfico en el mundo.
Realmente no
se entiende porqué esa obsesión de AMLO para establecer que el gobierno
mexicano durante ese periodo presidencial protegió y se asoció al crimen
organizado, más que su ya eterna animadversión a Calderón por haberle “robado”
la presidencia en 2006.
El Estado
Mexicano está dominado por un inestable conjunto de grupos que compiten y se
asocian indistintamente, con el objetivo de acumular poder político y
económico. Y en esa dinámica, la vertiente criminal es una parte relevante del
acervo de poder de esos grupos.
De ninguna
forma los grupos del crimen organizado son “externos” al Estado Mexicano; a la
estructura de dominación que existe en el país. Esos grupos son parte integral
de dicha estructura y como tales se asocian con x ó y grupos
políticos y económicos, y compiten con otros.
En ocasiones,
el gobierno federal (y lo estatales y municipales) apoya a algunos y combate a
otros, pero nunca los combate a todos de una misma manera, ni al mismo tiempo,
porqué dentro del gobierno sus distintas facciones se asocian o enfrentan a
esos grupos criminales, según conviene a sus intereses.
Pero esto no
sólo es característica del Estado Mexicano. Muchos otros estados utilizan a los
grupos criminales para sus fines específicos.
El caso de
Estados Unidos es paradigmático. Basta recordar como durante la Segunda Guerra
Mundial el antecedente de la CIA, la Office of Strategic Services (OSS)
contactó al “sindicato del crimen” dirigido por “Lucky” Luciano para que la
mafia ayudara en la invasión aliada en la isla de Sicilia (1943). A cambio,
varios procesos contra mafiosos importantes serían convenientemente arreglados.
De la misma manera,
la CIA se encargó de coordinar entregas de drogas en Estados Unidos con las
cuales la famosa “contra” nicaragûense, financiaba sus operaciones contra el régimen sandinista.
Asimismo, los
gobiernos israelíes han usado a su “diáspora” criminal (principalmente en
Estados Unidos y Gran Bretaña), para chantajear con escándalos y perversiones
sexuales a las clases dirigentes de otros países (los casos más significativos
han sido recientemente los de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell)[1].
Así que, la
asociación de gobiernos y organizaciones criminales por diversas razones, entre
las cuales el enriquecimiento de los políticos y burócratas no es la menor, es
común; y el caso mexicano no es ninguna anomalía.
El mismo
gobierno de AMLO, por más que lo quiera negar, está inmiscuido con grupos criminales,
pues si dichas actividades siguen ininterrumpidas en el país y los trasiegos de
droga hacia Estados Unidos, así como el tráfico de personas (y el de armas de
allá para acá), no sólo no se han detenido sino que han crecido[2], sólo se explica porque
las autoridades de ambos países siguen beneficiándose económicamente de esas actividades
ilegales.
Que a López
Obrador no le llegue “su tajada”, eso no quiere decir que buena parte de su
gobierno no siga haciendo lo que los gobiernos neoliberales y los del nacionalismo
revolucionario hicieron; es decir, asociarse, proteger y beneficiarse de las
actividades nominalmente ilegales de los grupos criminales. Por ello, el juicio
a García Luna no sólo no descubre nada nuevo, sino que no va a cambiar nada.
Sólo le sirve para propaganda política a AMLO, en tiempos de sucesión
presidencial; y al gobierno de Estados Unidos para seguir con su cantaleta de
que el problema de las drogas en ese país sólo es culpa de los corruptos
gobiernos mexicanos y de su asociación con los cárteles mexicanos del
narcotráfico.
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