LÓPEZ OBRADOR VA CONTRA CALDERÓN

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido cambiar la narrativa que domina en los medios de comunicación nacionales y extranjeros, que se ha centrado en la grave crisis sanitaria en el país por la pandemia del coronavirus, pues en México su nivel de letalidad es superior al promedio mundial que es de 6.82%, mientras que en nuestro país es de 9.83%.  Así también, los hospitales dedicados a tratar la enfermedad en la capital del país ya están saturados, y aún así el presidente desea reabrir la economía y hasta el regreso a clases a partir del 18 de mayo y el 1º de junio, presionado por Estados Unidos que desea reestablecer la cadenas de suministros a sus industrias; y por los grandes empresarios del país, que están teniendo que asumir crecientes costos por el cierre de sus negocios y la obligación que tienen de seguir pagando sueldos, deuda, rentas, impuestos, etc.

Por ello, es que López Obrador ha vuelto a poner en la escena el tema del fallido operativo “Rápido y Furioso” que el gobierno de Obama implementó a fines del 2009, con objeto de rastrear más de 2000 armas de alto poder que los cárteles del narcotráfico compraron en Estados Unidos y que se les pretendía dar seguimiento en México, lo cual finalmente no ocurrió.

Para López Obrador este operativo implicó o una flagrante violación a la soberanía nacional de parte de Estados Unidos, al tratar de dar ese seguimiento a las armas sin el conocimiento del gobierno mexicano; o éste último, conociendo el hecho, incurrió en responsabilidades penales al permitir que dichas armas circularan y llegaran a manos de criminales; y además al permitir el operativo por parte de autoridades estadounidenses, sin los debidos controles y permisos.

A más de 10 años de que sucedió este fallido operativo, llama la atención que ahora López Obrador se indigne tanto y quiera llamar a cuentas a funcionarios mexicanos de esa época, cuando se sabe que desde el gobierno de Fox (2000-2006), todo el aparato de seguridad mexicano ha estado completamente subordinado al de Estados Unidos, que han tenido siempre la última palabra sobre qué hacer o no hacer en materia de seguridad nacional y pública en nuestro país.

Incluso hoy, el propio gobierno de López Obrador mantiene la Iniciativa Mérida que se estableció durante el gobierno de Felipe Calderón, mediante la cual las instituciones mexicanas de seguridad compran equipo y armamento a Estados Unidos, reciben capacitación y asesoría y se mantiene una estrecha colaboración entre ambos países en materia de seguridad.

Así también, llama la atención que en plena campaña presidencial en Estados Unidos, cuando el ex presidente Obama está criticando fuertemente el muy mal manejo de la crisis sanitaria por parte de Donald Trump, y quien fuera el vicepresidente de Obama, Joe Biden es ahora el candidato presidencial demócrata, surja uno de los hechos que más se le criticó a esa administración, en su primer año de ejercicio, y que ha sido aprovechado en numerosas ocasiones por los republicanos pata criticar a Obama.

Sabemos que López Obrador le debe un par de favores (menores por cierto) a Trump, como la muy publicitada intervención en las negociaciones para reducir la producción petrolera (que de todas formas Trump señaló que se la iba a cobrar de alguna forma a México) y la venta de sólo 211 ventiladores para enfermos de coronavirus (se habían solicitado 1000), por lo que este renacimiento del caso “Rápido y Furioso”, con objeto de poner en la picota nuevamente a Obama, con el envío de la nota diplomática de nuestro país, pidiendo toda la información sobre este caso, bien podría ser parte del pago que ha exigido Trump.

Y por supuesto, también le sirve a López Obrador, no sólo para desviar la atención en alguna medida de la grave crisis sanitaria y económica que vive el país, sino también para frenar las ambiciones políticas de Calderón, que está por publicar un libro sobre las “decisiones difíciles que tomó” en su presidencia y está en espera de que el Instituto Nacional Electoral le informe si cumplió con los requisitos para que su nuevo partido político “México Libre”, obtenga su registro para participar en las elecciones intermedias del 2021.

Es factible también que el por lo general, muy deficiente servicio de inteligencia mexicano, haya descubierto que Calderón es uno de los principales impulsores de las diversas campañas en redes y por diversos grupos políticos y sociales, que llaman a la renuncia de López Obrador y/o a votar por su salida en el referéndum que se realizará al efecto en marzo de 2022.

Todo ello no implica que Calderón no esté en una situación por lo demás grave, ya que se sabe que próximamente se darán a conocer videos (tomados por servicios de inteligencia mexicanos y/o estadounidenses), en los que el entonces secretario de Seguridad Pública federal, ahora preso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, Genaro García Luna, negociaba con representantes de narcotraficantes pagos multimillonarios para él y para el propio Calderón.

Así, los ya muy sabidos, pero hasta ahora no fehacientemente comprobados nexos del gobierno de Calderón con el narcotráfico, podrán salir a la luz, y ojalá que con ello varios ex funcionarios de los que se ha especulado al respecto, sean llamados ante la justicia, como por ejemplo el ex secretario de Trabajo del gabinete de Calderón, Javier Lozano.

Muy mal se vería el gobierno de López Obrador si después de todo este escándalo, para desviar la atención de la opinión pública nacional e internacional hacia este tema, terminara echándose para atrás, sin investigar realmente a fondo a Calderón y a sus principales allegados. Pues si lo que busca es sólo mantenerlo quieto políticamente, sin llegar al fondo legal de los nexos de Calderón y sus colaboradores en materia de narcotráfico y corrupción, entonces el gobierno de López Obrador quedará igual que los viejos gobiernos del autoritarismo priísta, que únicamente utilizaban la información de las ilegalidades de quienes estorbaban al sistema, para mantenerlos controlados, pero no para hacer realmente justicia, ni una limpia a fondo de un sistema político que sigue estando podrido.