UNA CANCILLERÍA QUE DA LÁSTIMA

Como buen lacayo de Estados Unidos, Luis Videgaray formó a México con los subordinados países del Grupo de Lima para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela y llamar a consultas a su embajadora en ese país.

Es el descaro completo que un país como México, en donde los fraudes electorales son cosa de todos los días; en donde tan sólo el año pasado el actual gobierno de Peña Nieto realizó sendas elecciones de Estado, en Coahuila y el Estado de México, utilizando ilegalmente una enorme cantidad de recursos públicos para apoyar a los candidatos oficiales; comprando el voto, realizando descarados fraudes en casillas rurales, en donde la oposición no pudo tener representantes; y de plano aceptando la autoridad electoral el rebase del límite en los gastos de campaña en el caso del candidato oficialista en Coahuila, y aún así dándole la victoria.

Ya para que hablar de los fraudes descarados en las elecciones presidenciales de 1988, 2006 y 2012 que por supuesto los muy pudorosos estadounidenses no vieron, ni se atrevieron a criticar.

El gobierno mexicano actual y los dos últimos (panistas), han provocado una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente del mundo, con 33 mil desparecidos, más de 300 mil desplazados por la violencia; más de 25 mil asesinatos por año; creciente cifra de feminicidios, homicidios de defensores de derechos humanos, periodistas y candidatos a puestos de elección popular.

Si tan indignados están esos farsantes del Grupo de Lima y sus patrones de Estados Unidos y Canadá, entonces México debería ser sancionado con la misma o más severidad que el gobierno de Maduro, pues no cumple con prácticamente ninguno de los estándares internacionales exigidos por los organismos internacionales en materia de democracia y derechos humanos.

Pero qué va, si Videgaray, con tal de salvar lo que pueda del fracasado neoliberalismo mexicano; a su jefe Peña, a su amigo Meade y a él mismo, está dispuesto a desechar la soberanía nacional y los principios rectores de la política exterior mexicana. Esos principios que según los jilgueros de Televisa, como Leo Zuckerman, ya no sirven para nada.

Cada vez resulta más lamentable ver al grado de lacayismo y subordinación en el que ha caído la tecnocracia “mexicana”, convertida desde hace décadas, en la dirigente de la diplomacia mexicana, que ahora es sólo una patética sombra de lo que fue hace más de 6 ó 7 décadas.

El embajador Jorge Palacios Treviño recuerda en un escrito la validez de la Doctrina Estrada (enunciada el 27 de septiembre de 1930, por el entonces Secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada): http://archivo.diplomaticosescritores.org/obras/DOCTRINAESTRADA.pdf

“La Doctrina Estrada es una de las aportaciones más valiosas de México al Derecho Internacional, y quizá la más famosa, pero es poco conocida y, por ello, se le interpreta de diversas maneras; de ahí que unos la alaben y otros la denigren; que algunos digan que México la aplica y otros que no. En consecuencia, estimo que puede ser útil referirse aquí a lo que considero que es la Doctrina Estrada, así como a las opiniones que sobre ésta han externado destacados internacionalistas mexicanos. En la Doctrina Estrada se pueden distinguir dos partes: la primera, que es la principal, es un rechazo de la práctica de reconocer o no los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución respectiva pues de esa práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventajas de los países débiles. México, al igual que otros países de este continente, la sufrió –entre otras ocasiones-, como secuela de la Revolución de 1910 y eso fue lo que indujo al Gobierno Mexicano a tomar la posición contenida en el comunicado de la Secretaría de Relaciones, del 27 de septiembre de 1930, al que se le dio posteriormente el nombre de Doctrina Estrada en homenaje a su autor, don Genaro Estrada, entonces Secretario de Relaciones Exteriores. Esa primera parte de la Doctrina, tiene como fundamento el principio de la libre determinación, es decir, el derecho que tienen los pueblos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”, -como lo señala la propia Doctrina-, derecho que no depende de que uno o más gobiernos lo reconozcan; por ello -continúa diciendo la propia Doctrina-: “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”. Este último elemento de la Doctrina es un corolario del primero y se funda en el principio de la no intervención, es decir, constituye un rechazo también de las actitudes intervencionistas de algunos países. ¿Cuál es, entonces, la actitud que asume el Gobierno Mexicano ante un cambio violento de un régimen de gobierno? La respuesta a esta interrogante constituye la otra parte de la Doctrina Estrada: "... el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras” para ello. Desafortunadamente, el párrafo anterior se ha interpretado en el sentido de que la Doctrina Estrada obliga al Gobierno de México a tomar una decisión sobre el mantenimiento o el retiro de sus agentes diplomáticos después de la accesión al poder de un Gobierno por medios irregulares, y que el mantenimiento del agente diplomático significa aprobación del nuevo Gobierno y su retiro lo contrario; es decir, que implícitamente, lo reconoce o no aunque en ningún caso se emplee la palabra reconocimiento. A este respecto, en la ceremonia para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la Doctrina, el Lic. Alfonso de Rosenzweig-Díaz, entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores expresó: ”Nada más falso y contrario a la letra misma de la Doctrina Estrada que expresamente rechaza la posibilidad de que los asuntos interiores de los Estados puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos. La confusión quizás provenga del hecho de que Estrada, después de anunciar una nueva política –‘México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos’- estimó prudente aclarar que esta nueva política no disminuía el derecho de legación, es decir el derecho discrecional que tiene México como Estado soberano de enviar y recibir agentes diplomáticos, de mantener o suspender relaciones diplomáticas según convenga a sus intereses y a las causas internacionales con las cuales nuestro país se considera solidario. Así debe entenderse el ’cuando lo crea procedente’ que usa la Doctrina Estrada -el adverbio ’cuando’ entendido aquí en las dos acepciones ‘en el caso de que’ y ‘en el tiempo en que’-. Ese tiempo es indeterminado y no guarda necesariamente relación con el momento en que se produjo el cambio de Gobierno”.