La operación electoral del Cártel de Sinaloa

Hacer frente a este fenómeno sólo sería posible con un acuerdo de muy alto nivel entre todas las fuerzas políticas del país, dice Eduardo Guerrero Gutiérrez.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/2021/06/20/la-operacion-electoral-del-cartel-de-sinaloa/
Eduardo Guerrero Gutiérrez

junio 20, 2021 |

Por un lado, no es ningún secreto que entre el Presidente y el Chapo Guzmán se han registrado varios gestos de simpatía. Las visitas a Badiraguato; decir que él “no hace leña del árbol caído (sobre la condena a cadena perpetua del capo)”; el saludo a María Consuelo Loera; desistirse de último momento en la captura de su hijo Ovidio Guzmán, entre otros. Por otro lado, el 6 de junio Morena se quedó con el carro completo en Sinaloa, un estado donde la izquierda nunca había gobernado. Rubén Rocha, candidato de Morena a la gubernatura, ganó con una ventaja de 25 puntos. El partido de AMLO también ganó las diputaciones por mayoría relativa en los siete distritos electorales del estado y se quedó con la alcaldía en 17 de los 18 municipios.

Ante estas dos premisas es tentador especular si Morena le debe la contundente victoria en Sinaloa a la gente del Chapo (en particular a sus hijos, los Chapitos, que al parecer fueron quienes buscaron beneficiar al partido del Presidente, en contra de la línea que siguió el Mayo Zambada). Al menos en el caso del gobernador electo, la ventaja fue tan holgada que se antoja difícil que no fuera resultado de la voluntad popular. Sin embargo, conforme pasan los días, y se acumulan testimonios y crónicas, resulta cada vez más evidente que la gente del Chapo sí quiso darle una ayudadita al partido del Presidente.

Hay muchos relatos de irregularidades antes y durante la jornada electoral. Por ejemplo, personas armadas robaron algunas urnas en Los Mochis. Estas historias son similares a las que se cuentan en otros estados. Sin embargo, lo peculiar, y lo que probablemente tuvo un impacto importante en los resultados en Sinaloa, fue la estrategia para “neutralizar” por completo a toda la estructura de operadores de la alianza PAN-PRI-PRD, empezando por el secretario de organización electoral del PRI, José Alberto Salas Beltrán, quien fue levantado el sábado previo a las elecciones.

Según me han comentado amigos sinaloenses, este operativo se hizo con un método y una disciplina escalofriantes, de corte casi militar. En la víspera de las elecciones, tras llevarse a Salas Beltrán, los operadores de la alianza fueron levantados uno a uno. También se llevaron a representantes de casilla. Sin embargo, no hubo mayores desmanes ni excesos. Los operadores y representantes de casilla fueron liberados después de concluir la jornada electoral. Claramente se buscó que el operativo fuera lo más discreto posible. En Sinaloa no hubo candidatos asesinados. Al parecer, en los cálculos de quienes operaron en contra de la alianza, no hizo falta.

Lo ocurrido en Sinaloa nos invita a reflexionar sobre el grado de involucramiento del crimen organizado en las elecciones, pero también sobre el carácter de la competencia política en México. En una democracia consolidada, donde los ciudadanos votaran exclusivamente de acuerdo a su evaluación individual de los candidatos, y donde la compra y la coacción del voto fueran verdaderamente excepcionales, sería muy difícil para el crimen organizado incidir de forma significativa en los resultados con una estrategia como la que vimos en Sinaloa.

Sin embargo, como sabe de sobra la gente de los partidos, en México las elecciones son un juego sucio, donde unos y otros le siguen apostando a las estructuras de “operadores”, un eufemismo para personajes que en muchos casos se dedican a cometer delitos electorales, en particular distintas formas de compra del voto. De ahí que la existencia de estas estructuras, y su trabajo el día de los comicios, sea tan importante.

Como se vio en Sinaloa, el crimen organizado puede golpear fuertemente a un partido si el día de la elección logra neutralizar su estructura de operadores. No dudaría que, en elecciones competidas, pudiera llegar a inclinar la balanza. No es necesario hacer demasiada alharaca, basta secuestrar a algunas decenas de operadores, en quienes recae echar a andar la “maquinaria” el día de la elección. Por supuesto, hace falta tener un pequeño ejército de personas armadas y bien disciplinadas para ejecutar una operación de esta naturaleza. También se necesita buena inteligencia para conocer la red de operadores que se busca inmovilizar. No es mayor problema; para eso, los grupos como el Cártel de Sinaloa se pintan solos (con comprar o intimidar a una persona clave es suficiente).

Desafortunadamente, el corolario de las elecciones de junio es que es mejor llevar la fiesta en paz, o incluso cortejar, a los grupos del crimen organizado con mayor capacidad de operación. Caer de su gracia (o tener adversarios que son más populares con ellos) puede resultar muy costoso en términos electorales. Hacer frente a este fenómeno sólo sería posible con un acuerdo de muy alto nivel entre todas las fuerzas políticas del país. Tristemente, un acuerdo de esa naturaleza parece hoy más lejano que nunca.

 

La guerra contra las drogas de Nixon resultó en fracaso total

Este combate por la salud pública, escondía otros objetivos del ex presidente de EU: la izquierda antiguerra y los afroestadunidenses

Se cumplen 50 años; enormes costos políticos y sociales

David Brooks

https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/mundo/021n1mun

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 18 de junio de 2021, p. 21

Nueva York. El presidente Richard Nixon declaró una guerra contra las drogas hace 50 años (se cumplen esta semana), proclamando que eran el enemigo público numero uno de Estados Unidos. Medio siglo después, y cientos de miles de millones de dólares, cientos de miles de muertes por la violencia de esa guerra dentro y fuera de Estados Unidos y la encarcelación de millones, hay más drogas ilícitas y más baratas y disponibles que nunca y el país está experimentando otra crisis mortal más de sobredosis de opiaceos.

Por la evidencia que se ha acumulado a lo largo de cinco décadas, esa guerra contra las drogas es un fracaso con enormes costos políticos y sociales.

Esa guerra, según admitió uno de los asesores más cercanos de Nixon, tenía otro objetivo, además de una supuesta preocupación por la salud de los estadunidenses. “La Casa Blanca de Nixon… tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y la población afroestadunidense (…) Sabíamos que no podíamos convertir en algo ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero lograr que el público asociara a los hippies con la mariguana y a los negros con la heroína, y después criminalizarlos severamente, podríamos irrumpir en esas comunidades(…) arrestar a sus líderes, catear sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí”, declaró John Ehrlichman en entrevista con la revista Harper’s en 1994.

El término guerra contra las drogas entró al vocabulario político el 18 de junio de 1971 en una conferencia de prensa donde Nixon, quien un día antes envío su iniciativa antinarcóticos al Congreso, declaró que el abuso de drogas ilícitas se había convertido en el enemigo público número uno del país.

En 1973 Nixon creó la agencia antinarcóticos conocida como DEA. Pero con el incremento dramático en los presupuestos dedicados a la guerra antinarcóticos, otras agencias ingresaron al juego, incluidas el FBI y la CIA y el Departamento de Estado.

En los años 80, el presidente Ronald Reagan promovió medidas más punitivas contra delitos relacionados con la droga, y con ello empezó un dramático incremento en la encarcelación por delitos relacionados con las drogas que se elevó de 40 mil 900 en 1980, a más de 430 mil en 2019, según the Sentencing Project, impactando sobre todo a comunidades minoritarias y pobres del país.

El enemigo en esta guerra también estaba en el extranjero: intervenciones estadunidenses en países como Panamá, Venezuela, entre otros, se han justificado bajo el rubro de la guerra contra el narco, al igual que los programas de cooperación que han permitido la presencia y el asesoramiento estadunidense en gran parte del hemisferio americano, incluidos México y Colombia. La CIA usó el narcotráfico para financiar fuerzas contrarrevolucionarias en Centroamérica tal como se documentó en audiencias e investigaciones sobre el escándalo Irán-contras en los 80. Trump usó esa guerra para justificar su muro fronterizo.

Gasto de 50 mil mdd anuales

Hoy día, el gobierno estadunidense gasta casi 50 mil millones de dólares anuales en la guerra contra las drogas, según cálculos del Drug Policy Alliance (DPA). Desde 1971, esa guerra, según algunos cálculos, ha costado a Estados Unidos aproximadamente un billón de dólares.

Dentro de Estados Unidos se realizan más de 1.35 millones de arrestos por posesión de droga cada año. O sea, cada 25 segundos una persona es arrestada por drogas para uso personal; en 2019, 26 por ciento de los arrestados fueron afroestadunidenses, a pesar que son sólo 13.4 por ciento de la población nacional y consumen y venden drogas al mismo nivel que los blancos, reporta el Centro FXB de la Universidad de Harvard y DPA.

A pesar de esta inversión masiva en la guerra de 50 años, se acaba de marcar un nuevo récord de 81 mil muertes por sobredosis de drogas entre mayo de 2019 a mayo de 2020, reportaron los Centros de Control de Enfermedades (CDC).

Hoy día, las autoridades advierten que, junto con la pandemia del Covid-19, hay una nueva epidemia de uso de opiaceos, con un incremento de 38 por ciento en muertes por sobredosis, una crisis que fue generada, en parte, por medio de narcotraficantes legales que se visten de traje en oficinas lujosas de empresas farmacéuticas, o que son doctores.

La semana pasada, en la esquina de Broadway y Canal, un joven repite mariguana, mariguana. Otro ofrece lo mismo en la entrada noreste de Washington Square, y a veces mucho más –opiaceos, ácido y éxtasis– que han estado a la oferta durante años. A pocas cuadras de donde El Chapo fue enjuiciado en el centro de Brooklyn, uno puede hacer el conecte para comprar el mismo producto que el fue acusado de enviar a las calles de Estados Unidos.

Múltiples investigaciones nacionales e internacionales han documentado y concluido que esa guerra ha fracasado. Repiten cada año que después de tantas vidas destruidas aquí y en el extranjero, tantos encarcelados y la inversión de una fortuna, las tasas de consumo permanecen más o menos igual que hace 50 años, y algunas drogas están hasta más disponibles y baratas que antes, en un mercado en que los estadunidenses gastan alrededor de 150 mil millones de dólares al año, según cálculos de RAND Corporation.

Desde hace 10 años, la Comision Global, integrada por ex presidentes y otros ex altos funcionarios, entre ellos George Schulz, Paul Volker, Ricardo Lagos, César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Carlos Fuentes y Kofi Annan (hasta sus muertes), entre otros, ha recomendando un giro dramático en la política antinarcóticos, anulando el concepto de guerra y promoviendo un enfoque de prevención y salud pública (https://www.globalcommissionondrugs.org/).

DPA, organización que desarrolló una estrategia exitosa para rechazar la óptica de la prohibición y promover la legalización y el control sanitario de las drogas, subraya en este 50 aniversario que “esta guerra sólo ha logrado los propósitos dañinos que deseaba Nixon. No ha resuelto ningún problema asociado con el consumo…. hemos desperdiciado cientos de miles de millones de dólares sujetando a nuestro propio pueblo a la criminalización y encarcelación masiva que de manera desproporcionada ha dañado a las comunidades minoritarias”.

Iniciativas para despenalizar

Esa organización, junto con una coalición cada vez más amplia de grupos sociales, han logrado impulsar el desmantelamiento de partes de esa guerra, con iniciativas locales y estatales para despenalizar las drogas y legalizar la mariguana. Hoy día, el fruto de ese trabajo es que la mariguana para usos recreativos ya es legal en 16 estados y la capital del país (entidades en donde viven más de 43 por ciento de la población nacional), y el uso medicinal del cannabis es legal en 36 (https://drugpolicy.org).

En 2020, votantes en Oregon, en un esfuerzo impulsado por DPA y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aprobaron la despenalización de la posesión de toda droga para uso personal –el primer estado en hacerlo– y financiar programas de tratamiento y recuperación de adicción con fondos generados con el impuesto sobre ventas legales de mariguana.

Un 83 por ciento de los votantes opinan que la guerra contra las drogas ha fracasado, y 66 por ciento favorecen despenalizar la posesión de drogas y promover una estrategia de salud pública, según un nuevo sondeo presentado esta semana por DPA y la ACLU.

Algunos creen que 50 años después se está llegando al fin de esta guerra.

 

Between the lines of the Biden-Putin summit

https://thesaker.is/between-the-lines-of-the-biden-putin-summit/

June 17, 2021

Biden hinted the US wants Russia ‘back in the fold’ but Putin won’t be leaving China’s embrace any time soon

By Pepe Escobar with permission and first posted at AsiaTimes

Let’s start with the written word.

In Geneva, the US and Russia issued a joint statement where “we reaffirm the principle that a nuclear war cannot be won and must never be fought.”

Assorted Dr. Strangeloves will cringe – but at least the world has it in writing, and may breathe a sigh of relief with this breakthrough of sorts. That doesn’t mean that a “non-agreement capable” US industrial-military complex will abide.

Moscow and Washington also committed to engaging in an “integrated bilateral Strategic Stability Dialogue in the near future that will be deliberate and robust.” The devil in the details is in which “near future” the dialogue will progress.

A first step is that ambassadors are returning to both capitals. Putin confirmed that the Russian Foreign Ministry and the State Department will “start consultations” following the new START-3 treaty extension for five years.

Equally important was the actual Rosebud in Geneva: the Minsk protocol. That was one of the key drivers for the White House to actually request the summit to the Kremlin – and not the other way around.

The US establishment was shaken by the lightning-flash military buildup in Russian territory contiguous to Donbas – which was a response to Kiev provocations (Putin: “We conduct exercises on our territory, but we do not conduct exercises dragging equipment and weapons to the US border”).

The message was duly received. There seems to be a change of posture by the US on Ukraine – implying the Minsk protocol is back.

But that can all be – once again – shadow play. Biden said,

“We agreed to pursue diplomacy related to the Minsk agreement.”

To “pursue diplomacy” not necessarily means strictly abiding by a deal already endorsed by the UN Security Council which is being disrespected by Kiev non-stop. But at least it implies diplomacy.

A benign reading would reveal that some red lines are finally being understood. Putin did allude to it: “In general, it is clear to us what our US partners talk about, and they do understand what we say when it comes to the ‘red lines.’ But I should say frankly that we have not gone as far as placing the emphases in detail and distribute and share something.”

So no detail – at least not yet.

Giving away the game

Talking before boarding Air Force One out of Geneva, a relaxed Joe Biden seems to have given away the game – in a trademark self-deluded way.

He said, “Russia is in a very, very difficult spot right now… They are being squeezed by China. They want desperately to remain a major power.”

This reveals a curious mix between zero-knowledge about the complex, always evolving Russia-China comprehensive strategic partnership and outright wishful thinking (“squeezed by China”, “desperate to remain a major power”).

Russia is a de facto major power. Yet Putin’s vision of complete Russian sovereignty can only flourish in a truly multipolar world coordinated by a Concert of Sovereigns: a realpolitik-based Balance of Power.

That’s in sharp contrast to the unipolarity privileged by the Hegemon, whose establishment considers any political player calling for sovereignty and multipolarity as a sworn enemy.

This cognitive dissonance certainly was not removed by what Putin, Biden and their extended teams discussed at Villa La Grange.

It’s quite enlightening to revive the arc from Anchorage to Geneva – which I have been chronicling for Asia Times for the past three months. In Alaska, China was hurled into a dingy environment and received with insults at the diplomatic table – responded in kind by the formidable Yang Jiechi. Compare it with the Hollywood-style ceremonial in Geneva.

The difference in treatment offered to China and Russia once again gives away the game.

US ruling elites are totally paralyzed by the Russia-China strategic partnership. But their ultimate nightmare is that Berlin will understand that once again they are being used as cannon fodder – which they are as it’s been clearly visible throughout the Nord Stream 2 saga.

That might eventually propel Berlin into the ultimate Eurasian alliance with Russia-China. The recently signed Atlantic Charter signals that the ideal scenario for the Anglo-Americans – shades of WWII – is to have Germany and Russia as irreconcilable opposites.

So the main American goal in the somewhat quirky Putin-Biden photo op (Putin smirk meets Biden looking into the distance) was to trick Putin into thinking Washington wants Russia “back into the fold”, moving Moscow away from Beijing and avoiding a triple alliance with Berlin.

What about regional stability?

There were no substantial leaks from Geneva – at least not yet. We don’t know whether Lavrov and Blinken actually did much of the talking when only the four of them – plus translators – were in the library room.

At the extended meeting, notorious Maidan cookie distributor Victoria ‘F**k the EU’ Nuland had a seat on the table. That might imply that even if US-Russia agree on nuclear stability, regional stability remains largely off the table (Putin: “What is stable in supporting a coup in Ukraine?”)

Biden vaguely referred to the US and Russia possibly working together on humanitarian aid to Syria. That was code for Idlib – where NATO’s Turkey is actively supporting jihadis of the al-Nusra kind. Not a word on the illegal American occupation of Syrian territory – complete with oil smuggling, and the fact that the real humanitarian crisis in Syria is a direct result of US sanctions.

None of this was asked in both pressers. A passing word on Iran, another passing word on Afghanistan, not even a mention of Gaza.

Putin, in full command of the facts and insisting on logic, was clearly accommodating, emphasizing “no hostility” and “a willingness to understand each other”. Biden, to his credit, said disagreements were not dealt with in a “hyperbolic atmosphere” and his “agenda” is not directed against Russia.

Putin went into extreme detail explaining how Russia is “restoring lost infrastructure” in the Arctic. He’s “deeply convinced” the US and Russia should cooperate in the Arctic.

On cybersecurity, he was adamant that Moscow provided all information on US requests about cyber attacks, but never receives answers from the Americans. He emphasized most cyberattacks originate in the US.

On human rights: “Guantanamo is still working, does not comply with any international law”. And “torture was used in American prisons, including in Europe.”

Very important: they did touch upon, “casually”, the vaccine wars and the “possibility” was evoked of mutual recognition of vaccines.

For the record: US mainstream media was invited for Putin’s presser – and felt free to lodge accusatory “questions” faithful to the “rogue Kremlin behavior” script while no Russian media whatsoever was allowed on Biden’s presser.

In a nutshell: applying Kissinger’s Divide and Rule to put a spanner in the Russia-China works was D.O.A. when you’re dealing with ultra-savvy players such as Putin and Lavrov.

Putin, in his presser, said, “I have no illusions, and there can be no illusions”. Later, Kremlin spokesman Dmitry Peskov was asked if Geneva would lead to the US being removed from Russia’s Unfriendly Nations list: “No…there are no grounds yet.”

Still, there are glimmers of hope. Stranger geopolitical things have happened. If warmongers are sidelined, 2021 might even end up as The Year of Strategic Stability.

 

El 2024

Después de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, está claro que ha iniciado ya la competencia por las elecciones presidenciales y la renovación del Congreso en el 2024 en México.

Competencia tanto dentro de las formaciones partidarias contendientes, como entre ellas.

El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha centrado en los siguientes rubros:

Redistribución de la riqueza desde las capas sociales altas y medias hacia las bajas, a través de la transferencia directa de recursos, mediante diversos programas asistencialistas; recuperación de recursos mediante cobro de impuestos a empresas y grandes contribuyentes, que habían recibido facilidades para no pagarlos; austeridad en el gasto corriente del gobierno (número de empleados, sueldos de funcionarios, viajes al extranjero, remodelación, renta y compra de bienes inmuebles; compras gubernamentales, etc.); aumento del salario mínimo para recuperar su nivel adquisitivo y apoyo a revisión de contratos colectivos de trabajo, en el mismo sentido.

Combate a la corrupción, a través de centralización de compras gubernamentales y ampliación de compras directas; eliminación de contratos (Aeropuerto Internacional en Texcoco) y concesiones a empresas y grupos identificados con gobiernos anteriores.

Obras públicas como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Proyecto Transístmico, el Aeropuerto Felipe Angeles, reconfiguración de otras refinerías, recuperación de carreteras y puertos.

Permanencia de México en los tratados de libre comercio, especialmente el que se tiene con Estados Unidos y Canadá, para atraer inversión extranjera.

Recuperación de la política energética como un activo del Estado Mexicano, dejando en segundo lugar a la iniciativa privada, lo que ha conllevado la inversión de una gran cantidad de recursos para las empresas productivas del estado (Pemex y CFE), disputas con inversionistas privados nacionales y extranjeros (con el apoyo de sus gobiernos), e intentos de cambios legislativos (y ahora constitucionales), para asegurar esa política energética nacionalista.

Finanzas públicas sanas, para evitar el castigo de parte de los mercados internacionales y para mantener el crédito del país en el exterior.

Nueva estrategia para combatir la inseguridad y la violencia, poniendo énfasis en la creación de la Guardia Nacional, la investigación y el “congelamiento” (a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) de cuentas de grupos criminales e individuos acusados de serlo; nuevo marco de cooperación con Estados Unidos para combatir narcotráfico, trata de personas y desapariciones forzadas; énfasis en programas sociales, para evitar incorporación de jóvenes al crimen organizado.

Política exterior basada en los principios tradicionales establecidos en la Constitución; buena relación con Estados Unidos; pero también apoyo a regímenes progresistas en América Latina (como Bolivia y Argentina) y mantenimiento de relaciones con los regímenes considerados adversarios de Estados Unidos, como Cuba y Venezuela.

Hay muchos otros rubros del proyecto de AMLO, pero estos serían los más destacados.

Dicho proyecto mantiene el apoyo de la mayoría de la población, tal como se pudo constatar en las últimas elecciones intermedias, en donde el partido del gobierno, Morena, junto con sus aliados del PT y el PVEM, mantuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y 11 de 15 gubernaturas en disputa; que sumadas a las 5 con que ya contaba, llega en total a 16, de un total de 32 (el PAN tiene 7; el PRI, tiene 4; el Movimiento Ciudadano 2; el PRD 1, el PVEM 1 y el PES 1).

Así, el proyecto de AMLO, a pesar de que disminuyó la ventaja que tenía sobre los partidos opositores lograda en las elecciones del 2018, sigue teniendo una confortable mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo -aunque tendrá que negociar con la oposición si quiere hacer cambios en la Constitución- y contando las gubernaturas de partidos aliados a Morena (PVEM y PES), tiene de su lado 17 de los 32 gobiernos estatales[1].

Esto es una gran plataforma para iniciar la contienda para el 2024, aunque el triunfo no está completamente garantizado, dado que dos procesos se han iniciado ya, que pueden obstaculizar el triunfo de Morena y de su probable candidato(a) presidencial en el 2024.

Por un lado, la disputa por dicha candidatura (si descontamos que AMLO no buscará algún mecanismo para mantenerse en el poder, lo que sin duda generaría unas tensiones y disputas de tal calibre, que podrían desarticular por completo al endeble sistema político mexicano) dentro de la coalición gobernante; y, las posibilidades de que el proyecto de AMLO se enfrente a oposiciones cada vez más poderosas en lo interno y en lo externo.

Por lo que respecta a la lucha interna por la candidatura presidencial dentro de la coalición gobernante, ya ha quedado claro que hay, por lo pronto, tres contendientes fuertes: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal.

La tragedia de la Línea 12 del Metro en la ciudad de México, con 26 muertos y más de 80 heridos, ha sido un parteaguas en la lucha por la candidatura presidencial del partido en el poder, ya que dicha línea fue construida durante el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012), en la ciudad de México; pero la responsabilidad por su mantenimiento ha recaído, primero en el gobierno de Miguel Angel Mancera, hoy senador por el PRD (2012-2018), y en el de Sheinbaum después, lo que ha provocado una guerra de acusaciones acerca de quién de ellos es el mayor responsable de lo sucedido.

Por ahora, tanto Ebrard como Sheinbaum están siendo duramente golpeados en la prensa nacional e internacional (reportaje del New York Times en primera plana el domingo 13 de junio), por supuestamente haber construido mal la línea, y no haberle dado el mantenimiento adecuado, dejando en un segundo plano el papel que el gobierno de Mancera pudo haber tenido en el caso del mantenimiento.

Así también, el triunfo de la oposición en 9 de 16 alcaldías de la ciudad de México fue un golpe mayúsculo para el partido en el poder, que consideraba a la capital del país como su cuna y su principal reserva de votos; también para el presidente AMLO, quien fue jefe de gobierno de la ciudad (2000-2006), y para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues se consideró un voto de castigo por su gestión (que supuestamente estaba muy bien evaluada en las encuestas) como gobernante en la ciudad.

Conforme pase el tiempo, la lucha por la candidatura presidencial entre estos personajes, va a comenzar a permear las estructuras gubernamentales y partidarias, y como siempre ha sucedido en este tema, va a comenzar a influir en las políticas públicas y en las decisiones o no decisiones que estos personajes tengan que tomar en su responsabilidad, pues el tema de cómo benefician o perjudican dichas decisiones sus posibilidades presidenciales va a contaminar, cada vez más, su actuación; y por ende, los resultados que tengan dentro del proyecto de AMLO.

En este sentido, conforme pase el tiempo, el poder con el que cuenta el presidente va a aumentar en lo interno del gobierno y de su coalición de partidos, ya que su popularidad (que sigue rondando el 60%) y el manejo del propio presupuesto, lo hacen un “fiel de la balanza” (López Portillo dixit) en el momento en que se tenga que escoger candidato presidencial, por lo que los que aspiren a la candidatura, tratarán de lograr el apoyo del presidente, lo que nuevamente viciará sus decisiones y su forma de actuar.

Pero al mismo tiempo, con el paso de los meses, el poder del presidente comienza a mermar, pues se acaba su periodo, y los diferentes intereses políticos y económicos comienzan a apostar por tal o cual partido, o tal o cual candidato; y, al mismo tiempo, las políticas públicas impulsadas por AMLO, ya no tienen la frescura y el impulso inicial, por lo que la posibilidad de su reforma o incluso su cambio, puede empezar a impactar en distintos sectores del país, e incluso de la propia coalición gobernante.

Estas fuerzas contradictorias, de mayor poder del presidente por su peso específico para inclinarse a favor o en contra de determinado candidato dentro de su coalición; y su relativa pérdida de poder, por el inevitable fin de su mandato, va a provocar una profundización de las disputas políticas dentro y fuera del gobierno; una menor claridad sobre lo que realmente requiere el país, debido a la contaminación que el proceso sucesorio genera en los tomadores de decisiones, así como entre diversos sectores sociales y del aparato productivo; y, la propia dinámica sucesoria y electoral, va a generar que actores disfuncionales, como el crimen organizado, o externos, como el gobierno de Estados Unidos, también intenten influir de diversas formas, generando aún más desavenencias entre los aspirantes a la candidatura presidencial, así como entre las coaliciones gobernante y opositora, que previsiblemente se enfrentarán en el 2024.

Por su parte, la frágil coalición que se formó en estas elecciones intermedias, entre PRI, PAN y PRD; y la competencia adicional de un actor no articulado con el gobierno o con esta oposición, como lo es el Movimiento Ciudadano, también va a generar presiones cada vez mayores para delimitar el poder de cada actor dentro de la coalición opositora, con objeto de tener mayor influencia en el momento de definir el rumbo legislativo y electoral que se debe tomar de aquí al 2024, y especialmente cuando llegue el momento de elegir candidato presidencial, pues los partidos que conforman la coalición opositora saben muy bien que van a perder todavía más gubernaturas en los siguientes 3 años, y que de no mantenerse unidos, no tendrán ninguna posibilidad de disputar, con visos de triunfo, la presidencia de la República.

En 2024 estará en juego la permanencia de un proyecto que no llegó a ser de izquierda, sino más bien de recuperación de las facultades del Estado Mexicano para moldear el capitalismo dependiente que existe en México, inserto dentro de la zona de influencia y de seguridad nacional de la potencia hegemónica, para hacerlo menos desigual, menos injusto y vinculado a los intereses del gran capital nacional e internacional, así como menos corrupto.

Si ha logrado o no esos objetivos hasta el momento, y si lo logrará para el 2024 el gobierno de AMLO aún está por verse. Y aún está por verse si el candidato(a) al que le dé su apoyo, está dispuesto(a) a seguir dicho proyecto.

Por su parte la oposición, si bien retomará partes de dicho proyecto, como la política asistencialista a los sectores más pobres del país, seguramente planteará modificaciones en lo relativo a la relación iniciativa privada-Estado, a las facultades de este último para definir el rumbo del país, y al lugar que México debe ocupar en el escenario internacional (para AMLO el aspecto internacional ha sido secundario).

Así, la decisión de los sectores fundamentales del país y de la ciudadanía en general sobre ambos proyectos (insertos dentro de la política neoliberal y el capitalismo dependiente del país), puede muy bien definirse por la personalidad y carisma de los candidatos y por lo amplio o restringido de las alianzas partidistas que se conformen.

Lo que es indudable es que los próximos 3 años estarán fuertemente influidos por la lucha sucesoria, y por lo general dicha influencia se torna nociva para los intereses generales del país.

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[1] En 2022 se renovarán otras 6 gubernaturas; en 2023 otras 2 gubernaturas; y en 2024 las últimas 9)..

 

Niegan en SRE pasaportes a delegados del EZLN; Galeano acusa racismo

De La Redacción

https://www.jornada.com.mx/2021/06/15/politica/009n2pol 

Periódico La Jornada
Martes 15 de junio de 2021, p. 9

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha negado el pasaporte a varias personas indígenas que fueron designadas como delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en una comisión que viajará a Europa.

El subcomandante Galeano denunció que a pesar de que los delegados “cumplen todos los requisitos que se exigen, hacen el pago estipulado, viajan desde sus comunidades (en Chiapas) hasta las oficinas (en la Ciudad de México) de la mal llamada ‘Secretaría de Relaciones Exteriores’ y, con todo y la pandemia, hacen cita, fila, esperan su turno y… se les niega el documento”.

Los delegados lo requieren para formar parte del grupo aerotransportado que volará a Europa para unirse a la avanzada de siete delegados del Escuadrón 421 que partió a bordo de La Montaña el 2 de mayo.

Galeano enfatizó que resultan indignantes los obstáculos del supremo gobierno y su burocracia ignorante, necia y racista. Porque podría pensarse que es sólo burocracia, que te toca la mala suerte de topar con alguien que piensa que tiene poder porque está detrás de una ventanilla, un escritorio, una oficina. Pero no, es también algo más y se podría sintetizar así: racismo.

Los empleados de la cancillería piensan que se trata de migrantes centroamericanos. “Sí, todos esos papeles se presentan, pero el problema es que, a ojos de la burocracia de la SRE, el color de la piel, el modo de hablar, la forma de vestir y el lugar de procedencia es lo que cuenta. ‘Al sur del metro Taxqueña, todo es Centroamérica’”.

Dio algunos ejemplos: “una señora, burócrata de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó la credencial del INE con un despectivo ‘ésa no sirve para nada, sólo para votar’, y le exigió a la compañera, de más de 40 años de edad, habitante de la selva Lacandona, su certificado de secundaria, para comprobar que no era guatemalteca”.

Agregó: “a un compañero (más de 60 años de edad) lo cuestionaron: ‘¿no será que quieres ir a Estados Unidos a trabajar?’ El compa respondió: ‘no, ahí toca luego, en otra vuelta. Ahorita nos toca Europa’ (…) se le mandó a otra ventanilla. Ahí le dijeron: ‘eso está muy lejos y es caro el viaje, no puede ser que tengas el dinero necesario porque eres indígena. Tienes que traer el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito’”.

Para probar que era un acto de racismo y no sólo burocracia, dijo el subcomandante, los zapatistas enviaron a tramitar el pasaporte a un compañero blanco y barbado, a quien se lo entregaron el mismo día, sin pedirle más que su acta de nacimiento, su identificación con fotografía y comprobante de pago.

 

THE BLACK ALLIANCE FOR PEACE

 

Fear of a rising China has gripped the supposedly “global elites” of the world. G7 member states agreed on Saturday that all wifi connections be dismantled around the room they convened in because they worried China would eavesdrop, part of a years-long narrative that China’s private tech companies are conducting surveillance on its behalf.

At the meeting, U.S. President Joe Biden pitched to G7 member states an alternative project to contend with China’s Belt and Road Initiative (BRI), an 8-year-old program involving the construction of railways, ports, and roads, along with cultural exchange. Already, dozens of countries have signed onto it.

But G7 leaders didn’t seem enthused as talks ended Saturday. Countries like Germany and Italy are heavily invested in the Chinese supply chain. In fact, Volkswagen and BMW cars are top sellers in China. Even though Italy pulled out of the BRI, its officials remember China's generosity when it provided personal protective equipment and medical professionals during the height of Italy's COVID-19 outbreak in 2020. The rift within the Pan-European colonial-capitalist project is obvious. 

But the white-supremacist hold remains as the United States continues funding the Zionist state of Israel, which perpetuates a deadly apartheid system on occupied Palestinians.

When U.S. Rep. Ilhan Omar (D-MN) tweeted last week, comparing the United States and Israel to Hamas and the Taliban, senior Democrats released a statement disparaging her. However, their statement said the United States and Israel are “governed by the rule of law.” We at the Black Alliance for Peace (BAP) finds that laughable since the United States and Israel continue to operate outside the rule of law as rogue states, breaking treaties and violating international laws with impunity. Therefore, it is not clear why Omar felt compelled to backtrack from her original comments.  

Operating squarely within the Black Radical Internationalist Tradition, BAP minces no words and makes no distinctions between states that commit terror and non-state actors that do the same. We also do not align ourselves with what the pan-European colonial-capitalist powers tell us about countries like China or Russia. We understand relying on the goodwill of supposed “democracies” is a losing game. Black and colonized peoples from the United States to Colombia and across the Atlantic Ocean in Africa has seen what these so-called “civilized” states have done to our people and to other colonized peoples over the course of 529 years. And so we assert our right to draw our own conclusions based on a framework of People(s)-Centered Human Rights, which comes out of the tradition that produced Black radical organizers like Malcolm X and Fannie Lou Hamer. We say “time out” for waiting for a solution from the white-supremacist colonial-capitalist patriarchy. The people of the world are just a decade away from irreversible climate change as well as increasing militarized force to repress us as capitalism devolves. We must come up with our own solutions. The Black Alliance for Peace is designed to be a step in that direction.

 

Análisis programático poselectoral

Miguel Concha

https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/opinion/017a1pol

Concluido el proceso electoral es momento de reflexionar sobre las implicaciones de sus resultados, evitando el reduccionismo que está detrás de las justificaciones que atribuyen a los propios las causas de los éxitos, y las derrotas al mal comportamiento de los contrarios. Es hora de asumir responsabilidades y repensar el desarrollo y la democratización de la nación.

Para hacer propuestas, conviene realizar un breve balance: 1. El partido del Presidente tuvo avances y retrocesos; dentro de los primeros está el haber triunfado en 11 de las 15 gubernaturas en juego y, con ello, el apoyo de la mayor parte de las entidades del país. Mantiene con sus aliados la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, con 280 parlamentarios, pero no le alcanza para la calificada que requieren las reformas constitucionales. En efecto, mientras que con las elecciones de 2018 la mayoría calificada le quedaba a sólo 11 diputados, hoy le queda a 54. Pero mal se haría, y ahí es donde inicia el análisis de las restricciones, en plantear el asunto como algo únicamente numérico y no programático.

La mayoría absoluta, necesaria para aprobar leyes y el presupuesto, depende del Partido Verde, pues sin sus 43 diputados la mayoría del gobierno desaparece, queda en 237, y a un partido que ha hecho alianzas sucesivas con el PRI, con el PAN y con Morena, no le resultaría difícil encarecer su costo conforme se acerque 2024. Del lado opositor, no es imposible, como el propio Presidente ha planteado, que una parte del PRI (posiblemente 77 por ciento de su bancada), esté dispuesto a apoyarlo en situaciones cruciales. Todo depende del costo-beneficio que éste realice. Y ésta es la principal restricción para una política que proponga cambios de fondo –que no se han realizado en la primera mitad del actual sexenio–; que la decisión quede en manos del mercado político y no de las preferencias de la sociedad.

2. A los tres partidos coaligados los unió la adversidad, no un programa. Más allá de la defensa de los órganos autónomos, su oferta a la ciudadanía fue nula. La respuesta de ésta se debió a que se le ubicó como un mal necesario. Para muchos que se vieron desencantados con algunas prácticas del Presidente, los votos emitidos fueron del descontento, no de la adhesión. Con todo, en las circunstancias actuales lo único recomendable para no caer en los juegos políticos de suma cero, es el diálogo. Pero, para que éste sea productivo, y no sólo un regateo sobre el precio de las mercancías políticas, se requiere de otro actor, la ciudadanía.

3. Las razones del comportamiento electoral de la sociedad son múltiples y variadas. Es ciertamente simplificador reducirlas a sólo un contenido clasista o de manipulación por los medios. Por supuesto que hubo razones socioeconómicas en la votación por una u otra coalición. Pero eso no significa necesariamente una adhesión popular a los programas de gobierno, que aún está pendiente de demostración, o un supuesto apoyo de las clases medias al conservadurismo. Unos y otros tienen motivos para votar por cualquiera de las opciones.

Es también cierto que la comunicación juega un papel. Al respecto, la Ciudad de México es un panóptico que se debe analizar. Tiene un electorado maduro y una Constitución de avanzada. No se le puede infantilizar, al suponer que sólo reaccionó a ciertos medios de comunicación. Lo que se debe reconocer es que hay sectores progresistas, sobre todo de izquierda social, que no están de acuerdo con el tratamiento dado por la Presidencia a los derechos humanos y sus instituciones; al movimiento feminista y sus demandas; al manejo de la pandemia, que dejó a muchos trabajadores sin ingresos; a la política social, que no ha sabido superar el asistencialismo; a la burocracia trabajadora que perdió sus empleos; a todos aquellos activistas injustamente tratados en los ataques a la sociedad civil, y muchos más que en 2018 podrían explicar el amplio triunfo de AMLO, y hoy pueden explicar su retroceso, donde lo hubo.

Hay tres paquetes que urge discutir entre gobierno, oposición y sociedad: a) la estrategia para superar los efectos socioeconómicos de la pandemia. Para ello hay que repensar la política económica y la social. La austeridad o las transferencias no pueden evadir un asunto de fondo, la necesaria reforma fiscal; b) la atención urgente a la inseguridad con un enfoque de seguridad ciudadana, que significa el respeto a los derechos humanos y, para ello, el control social sobre las fuerzas armadas. La búsqueda de las personas desaparecidas y el alto inmediato a la trata de personas deben ser prioritarios y, c) continuar el camino de la democratización de la nación.

Lo que requiere superar la democracia sólo delegativa y la participación ciudadana entendida como consulta. Urge repensar el régimen político, para que en 2024 no estemos lamentando los mismos vacíos. Hay que darle opciones a la ciudadanía, no sólo nuevos partidos. En ello la Presidencia podría y debiera tomar la iniciativa.