Era lógico
que los grupos políticos, los oligarcas, la casta dorada de la burocracia, se
opusieran a las políticas del nuevo presidente, pues van directamente contra
sus privilegios y fuentes de riqueza y poder.
El Poder
Judicial, apoyado por los senadores de oposición, rechaza la disminución de
sus estratosféricos sueldos, y lo disfraza como una defensa de la autonomía de
dicho poder.
El acomodaticio
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González
Pérez, tampoco quiere ver afectado su sueldo y el de sus colaboradores, y ahora
se inconforma contra la reducción de sueldos señalando que hay “violaciones a
los derechos humanos” y hasta visos de autoritarismo.
Los buitres
inversionistas del aeropuerto de Texcoco, no sólo rechazan la propuesta de
recompra del gobierno (a 90 centavos por cada dólar), sino que van a exigir
mucho más que el 100%, aduciendo pérdidas futuras por lo que hubieran podido
ganar con la construcción del aeropuerto.
Por cierto,
el tan alabado acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá refuerza la
cláusula que permite a los empresarios extranjeros demandar al gobierno, en
caso de que apruebe leyes o desarrolle políticas que puedan afectar las ganancias
presentes o “futuras” de dichas empresas, lo que constituye una camisa de
fuerza que no permitirá al gobierno de López Obrador desarrollar a plenitud su
política energética, entre muchas otras. Pero sigue la necedad de aprobar ese
tratado, a pesar de que claramente favorece a las empresas trasnacionales,
sobre el interés general de los mexicanos.
Los
gobernadores “machos” de Jalisco y Chihuahua no se coordinan con el federal en
materia de seguridad pública y mandan mensajes de reto a López Obrador, con la
clara intención de posicionarse como precandidatos presidenciales, desde el
mismo comienzo de este sexenio recortado (durará 5 años 10 meses).
Los bancos
manipularon la caída de la bolsa, cuando se presentó una iniciativa para
terminar con sus usureras comisiones, lo que obligó a López Obrador a
asegurarles que las mismas permanecerán intocadas, por lo menos los tres
primeros años de su gobierno.
Las mineras
pusieron el grito en el cielo cuando se presentó una propuesta legislativa para
obligar a que cualquier concesión minera, primero deba ser aceptada por las
comunidades en las que se otorgará la misma.
En suma,
toda la gama de grupos depredadores, rentistas y corruptos que han devastado al
país durante 35 años, no desean que se les afecte mínimamente sus fuentes de
ingreso, poder y privilegios; y están dispuestos a llevar al país a crisis
políticas y económicas, de ser necesario, para mantenerlas intactas.
Pero López
Obrador no tiene opción; debe intentar cambiar lo que se pueda de este
corrupto, injusto y disfuncional régimen, a pesar de contar con un equipo muy
desigual, en donde siguen presentes representantes del viejo régimen, que
intentarán moderar o incluso sabotear sus propuestas, iniciativas y políticas[1].
[1]
Llaman la atención principalmente las áreas de seguridad e inteligencia, en donde el 95% de
los mandos siguen operando de la misma forma, y con las mismas estructuras.
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