Hoy Donald
Trump mediante un tweet y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nilsen
en una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos, aseguraron que el
gobierno de México se hará cargo de los centroamericanos que buscan asilo en
Estados Unidos, en tanto se define su situación (que podría demorar hasta tres
años); tanto de los que sean detenidos por ingresar de manera ilegal, como de
aquellos que esperan en la frontera a que se les atienda para hacer su
solicitud de asilo.
Sabiendo que
este anuncio, estaban por hacerlo las autoridades estadounidenses, un día antes
los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez y de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard anunciaron la “nueva política migratoria” del gobierno de
México, que se basará en los lineamientos de lo aprobado en el Pacto Mundial
sobre Migración, en Marrakech, Marruecos.
Así también,
se había anunciado que Estados Unidos se comprometería a aportar recursos (se
supone que créditos e inversión), hasta por 10 mil seiscientos millones de
dólares para el desarrollo del Sur-sureste de México y el Triángulo Norte de
Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Así, el
gobierno de López Obrador finalmente aceptó hacerse cargo de los migrantes
centroamericanos (los de las caravanas y los que ingresan al país de manera
individual), sin que por el momento al menos, Washington aporte nada; ni un
dólar, para las necesidades de esos miles de migrantes.
Recordemos
que México deportó por tierra durante 2017 un total de 72,128 guatemaltecos,
hondureños, salvadoreños y nicaragüenses[1]; 128,235 en 2016 y 158,789
en 2015.
Con la nueva
política migratoria, en principio al menos, se les otorgará documentación a
estos migrantes para que puedan ingresar al país, permanecer en él, residir y
trabajar.
Para lograr
esto, se tendrán que destinar recursos públicos para mantener a familias enteras,
con niños que deben ir a la escuela y personas mayores que deberán tener atención
en materia de salud; y no se sabe por cuánto tiempo, mientras se establecen y
generan sus propios ingresos, mantenerlos en albergues, a través de donaciones
de la sociedad civil y recursos económicos de los tres órdenes de gobierno.
Estamos hablando
de un flujo de entre 150 mil y 200 mil migrantes por año. Eso si el flujo no
aumenta, pues los centroamericanos pueden considerar que es mejor arriesgarse a
pasar a vivir a México, mientras ven la forma de ingresar a Estados Unidos
(como quiera que sea, estarán más cerca de su objetivo), lo que podría elevar
la cifra a 500 mil, o hasta un millón de solicitantes de asilo en un año.
Como lo
señalamos aquí en este blog, México iba a terminar aplicando una política de “fronteras
abiertas”, pues por principios humanitarios, a los que se ha adherido México y
por imposibilidad de controlar los flujos migratorios, nuestro país iba a
acabar permitiendo la entrada de prácticamente cualquier persona que lo desee.
Los costos
los tendrá que pagar la sociedad mexicana, ya que es un hecho que Estados
Unidos no aceptará a más de uno o dos por ciento de los solicitantes de asilo,
que entonces optarán por quedarse en México hasta encontrar la forma de pasar
de manera ilegal; regresar a su país o permanecer en México indefinidamente.
En todo
caso, todos los costos económicos, políticos y sociales de esta situación los
asume el gobierno y la sociedad mexicanas; sin que Estados Unidos, principal
destino de estos migrantes, asuma en los hechos ningún costo. Pero todo sea por
“llevarnos bien con Trump”.
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