MÉXICO SE ALEJA DE CHINA
A raíz de la cancelación del proyecto de tren rápido entre la ciudad de México y Querétaro, que había ganado en la licitación pública China Railway Construction Corporation junto con la empresa constructora consentida de Peña Nieto y familia, HIGA por el evidente conflicto de interés (la “casa blanca de Las Lomas” financiada por HIGA a la esposa de Peña); y la cancelación del proyecto Dragon Mart en Cancún, el gobierno chino ha decidido congelar nuevos proyectos de inversión en México (La Jornada y El Financiero 21 de abril, 2015), mientras Peña Nieto permanezca en la presidencia.
Cabe recordar que las cancelaciones de ambos proyectos se realizaron poco después de que se dieran a conocer los escándalos de “la casa blanca de Las Lomas” y de la residencia de descanso del secretario de Hacienda Luis Videgaray en Malinalco, Estado de México (también financiada por HIGA). Esto sucedió en el último trimestre del 2014.
Por ejemplo CNN México dio a conocer el 15 de diciembre del 2014 la siguiente información en su portal de internet:
De los 25 integrantes del gabinete presidencial, 21
tienen en conjunto 102 propiedades, incluyendo la casa en Malinalco, Estado de
México, que Luis Videgaray compró a una compañía del empresario y contratista
del gobierno federal Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa.
De los cuatro miembros del gabinete restantes, uno
decidió —como se los permite la ley— no hacer públicos sus datos patrimoniales —Jesús
Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR)— y tres no
reportaron información de inmuebles a su nombre –Aurelio Nuño Mayer, jefe de la
Oficina de la Presidencia; Rosario Robles Berlanga, de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), y Juan José Guerra Abud de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)—, según una revisión que CNNMéxico
hizo de las declaraciones patrimoniales del equipo del presidente Enrique Peña
Nieto.
De entre los 24 miembros del gabinete
legal y ampliado que sí difundieron sus datos patrimoniales, el titular de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, es el que cuenta con más inmuebles, con
18: 16 terrenos, un edificio y una casa.
El titular de la Secretaría de Energía (Sener),
Pedro Joaquín Coldwell, cuenta con 12 inmuebles; Alfonso Navarrete de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene 11; Julián Olivas de la
Función Pública (SFP), ocho; José Antonio González Anaya, del IMSS, tiene
siete; y Gerardo Ruiz Esparza de Comunicaciones y Transportes (SCT), seis.
Por su parte, Ildefonso Guajardo, de Economía,
Humberto Castillejos, consejero jurídico, y Miguel Ángel Osorio Chong, de
Gobernación (Segob), cuentan con cinco inmuebles cada uno. Mientras que
los restantes secretarios de Estado cuentan con entre uno y cuatro bienes
inmuebles.
Pues bien, el 6 de
enero del 2015 llegó Peña Nieto a Washington para reunirse con Obama; el 26 de
enero la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), cancelaba en
definitiva el proyecto de construcción del denominado Dragon Mart[1]
en Can Cún que sería construido por un grupo de empresarios chinos; y para el
30 de enero el secretario de Hacienda Luis Videgaray anunciaba la cancelación definitiva del
proyecto del tren rápido a Querétaro.
¿Coincidencia que el
Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal y CNN investigaran y difundieran profusamente
las propiedades de la subclase política priísta, a pesar de todas las alabanzas
y parabienes que se le habían hecho a Peña desde Estados Unidos por sus “valientes
reformas”?
Yo no lo creo. Me
parece que gracias al acceso irrestricto que las agencias de seguridad de
Estados Unidos tienen a toda la información del gobierno y de los grandes
empresarios mexicanos (mediante los centros de “fusión de información” y a
través de la NSA y de internet con la colaboración de Google, Yahoo y
Microsoft) los dirigentes políticos de Estados Unidos decidieron enviarle un
mensaje muy claro a Peña y al priísmo (hoy en el poder, mañana quién sabe) de
que se estaban acercando en exceso a China y la estrategia debía ser la
contraria, es decir alejarse de China y bloquearla, pues es la principal
competidora económica de Estados Unidos.
De ahí los esfuerzos
estadounidenses por que se apruebe el Tratado Trans Pacífico de Comercio e
Inversión (TPP), al cual no está invitada China, y que tiene el objetivo de
brindarle todas las ventajas a las grandes corporaciones transnacionales para
que sin interferencia alguna de gobiernos o sociedades de los países que integren
ese acuerdo, puedan aprovechar a placer los recursos naturales y la mano de
obra casi regalada, con la mira puesta en competir con China.
Así también,
Washington intentó boicotear la propuesta china del Asian Infraestructure
Investment Bank (AIIB), que tiene por objetivo convertirse en el principal
financiador de las ingentes necesidades de infraestructura del continente
asiático, siendo la primera propuesta de organismo financiero internacional
(desde la II Guerra Mundial) no surgida de Washington o Londres, y por lo tanto
representando un signo de independencia económica de China, a la cual se le ha
bloqueado para tener un mayor peso en el FMI y en el Banco Mundial.
Pues bien, Estados
Unidos (junto con Japón) se han quedado solos en su intento de boicotear al
banco, pues incluso aliados tan cercanos a Washington como Israel, Gran
Bretaña, Francia, Corea del Sur y Alemania, se han unido como miembros
fundadores del banco. Por supuesto
México siguió obedientemente las indicaciones de Washington y no se unió al
AIIB; en cambio Brasil sí será miembro fundador.
Todo esto nos revela
una vez más la subordinación completa de la subclase política mexicana (no se
puede pensar que los panistas o perredistas pudieran ser diferentes, manchados
como están con la corrupción que enloda a todo el sistema político mexicano)
ante Estados Unidos, que así puede ordenar (no pedir, proponer, menos
negociar), las medidas que le sean convenientes en materia económica o de
seguridad; ahí está la aprobación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en
donde se permite que agentes estadounidenses porten sus armas de cargo en todo
el territorio mexicano, sólo un par de días antes de que Peña fuera a la VII
Cumbre de las Américas y en donde Obama lo felicitó, como si fuera su mejor
alumno.
México tiene un
déficit comercial brutal con China, pues de 1994 a 2013, le ha exportado
productos por valor de 42,167 millones de dólares; mientras que China ha
exportado a México en ese lapso 499,659 millones de dólares (datos de la
Secretaría de Economía), lo que implica un desbalance del orden de 12 a 1
favorable a los chinos.
De ahí que México
tiene una urgente necesidad de mejorar su balanza comercial con dicho país y
aprovechar los capitales chinos para el desarrollo de infraestructura, pero
Estados Unidos no lo va a permitir, y para ello cuenta con una palanca
formidable: la corrupción de los gobernantes mexicanos, que pueden ser
exhibidos fácilmente y con ello obligados a alinearse a los dictados de Washington.
[1]
El proyecto contemplaba 722 viviendas, 20 naves comerciales y un total de tres
mil locales en una superficie de 561 hectáreas, de las cuales en 203 se iba a
llevar a cabo el proyecto y 357 hectáreas iban a ser de conservación.
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