ESTADO V.S. CRIMEN ORGANIZADO
Muchas
interpretaciones se han realizado en medios de comunicación y por parte de los
consabidos “expertos” en el tema de seguridad, sobre el atentado de ayer al
secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García, por
parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El
presidente López Obrador (AMLO) ha insistido en que le dejaron el país muy
descompuesto y el aumento de la violencia e inseguridad se debe a los muchos
años que los gobiernos neoliberales fueron omisos y/o cómplices de las
organizaciones criminales (ahí está la información sobre el involucramiento de
Javier Lozano, secretario de Trabajo con Calderón, con el cártel de Sinaloa[1]), por lo que pacificar al
país llevará su tiempo.
Sobre el
atentado a García Harfuch, AMLO señaló que se debe a la labor que ha hecho el
secretario contra esa organización criminal, en especial los golpes que se le
han dado a la Unión Tepito, que al parecer está aliada con el CJNG.
Pero también
se ha señalado por parte de diversos analistas, que el gobierno de López Obrador
ha dado golpes duros a dicho cartel, como la extradición del hijo de Nemesio
Oseguera Cervantes (alias el “Mencho”), a los Estados Unidos, el pasado 23 de
febrero; así como el congelamiento de cuentas de empresas ligadas al cartel,
realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, a cargo de
Santiago Nieto.
Estos hechos
han llevado a que el CJNG ponga en la mira a diversos funcionarios que han
tenido que ver con estos golpes a su organización, por lo que asesinó al juez
Uriel Villegas y a su esposa, en el estado de Colima, debido a que ordenó el traslado
del hijo del “Mencho”, Rubén, de un penal de Oaxaca, al del Salto, Jalisco, de
donde fue extraditado a los Estados Unidos.
El “Mencho” intentó
cobrarse las afrentas del gobierno lopezobradorista con el atentado a García
Harfuch, que era uno de los blancos escogidos, ya que también estaban como
probables objetivos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
(por haber firmado la extradición); Santiago Nieto (por el congelamiento de
cuentas) y el secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo
(quien dio a conocer sobre estas amenazas); quien por cierto, recordando alguna
frase que en su momento dijo Eduardo Medina Mora cuando era procurador General
de la República, afirmó que el crimen organizado no tiene capacidad para retar
al Estado Mexicano.
Pero otra
interpretación, sobre todo del lado de los críticos del gobierno, es que un
atentado de esta magnitud en plena capital de la República demuestra que las
organizaciones criminales no le tienen miedo al gobierno y lo están retando
directamente.
Así también,
el evidente aumento de los hechos de violencia y la inseguridad en todo el país, sería la prueba de que la estrategia para pacificarlo ha resultado ineficaz.
La realidad
es que estas dos visiones plantean una confrontación del Estado (sus tres órdenes
de gobierno, y la población asentada en un territorio determinado), contra un
grupo de organizaciones criminales.
Es una
visión de blanco contra negro; buenos contra malos, muy al estilo de los “westerns”
estadounidenses.
No es así.
El Estado Mexicano ha sido una organización que ha prohijado al crimen
organizado desde hace por lo menos 100 años, pues desde sus estructuras no sólo
se han protegido y encubierto actividades criminales varias, sino que se ha
encargado de promover su desarrollo y de proveer de cuadros a las
organizaciones criminales (ahí están los “zetas”, muchos de los cuales fueron
antes miembros del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales, los “gafes”),
que de hecho tienen una relación simbiótica[2] con el Estado.
Sin la protección
e impulso de las estructuras gubernamentales, negocios como el contrabando de
todo tipo de productos, el narcotráfico y el narcomenudeo, la trata de
personas, la venta de armas, el robo de transportes de carga, de comercios, de
casas habitación, el secuestro, si bien existirían, su alcance e impacto en la
sociedad sería mucho menor que el que tiene en nuestro país.
En México,
la “industria” de las actividades criminales (incluidas las facturas falsas,
fraudes, piratería, robos de identidad, cibercrimen, etc.), da de comer a
millones de personas, capitaliza a miles de empresarios, enriquece a
funcionarios públicos, policías, militares, jueces y políticos; y en general se
inserta como un sector muy lucrativo de la economía nacional.
Eso no
quiere decir que todo el Estado Mexicano esté involucrado en actividades
criminales, pero con que un 15 o 20% de los funcionarios y del aparato de
seguridad (federal, estatal y municipal) y un quinto de la economía estén
involucrados y/o influidos por ellas, es más que suficiente para que el país
enfrente de manera permanente los estragos que la realización de dichas
actividades y su combate, provocan en la sociedad mexicana.
Si bien
López Obrador y su gabinete están realizando acciones contundentes contra
algunos grupos de la delincuencia organizada, tales como el CJNG, el cártel de
Santa Rosa de Lima en Guanajuato; y en
la ciudad de México, la Unión Tepito, la Anti-Unión Tepito y el cártel de
Tláhuac; por otro lado parece seguir el guion de administraciones pasadas
(especialmente la de Calderón), pues está dando un trato diferenciado a uno de
los carteles, el de Sinaloa (deferencias con la mamá del “Chapo” Guzmán; liberación
del hijo del “Chapo” en Culiacán por órdenes del presidente, en un operativo
que no fue autorizado por AMLO; se ha dejado tranquilo al líder de facto
del cártel, el “Mayo” Zambada); con lo que se cae en la misma situación de siempre,
de eliminar la competencia de ciertos cárteles, para favorecer a uno o dos de
ellos, con los que se llega a ciertos acuerdos, ya sea para lograr una especie
de “pax narca”; o peor aún, para obtener beneficios pecuniarios y apoyo
económico y social (en donde tienen presencia los cárteles) en periodos
electorales.
De ahí que
la simbiosis Estado-organizaciones criminales no se rompe, sino sólo se
modifica en beneficio del gobierno en turno, con lo que el problema de fondo
sigue magnificándose.
¿Qué hacer?
Moisés Naím,
estudioso del fenómeno delictivo en el mundo, da algunos consejos[3]:
“Está claro
que, independientemente de cuál sea su organización o su presupuesto, ningún
organismo gubernamental de ningún lugar puede luchar contra le ley de gravedad….Interponerse
entre millones de clientes desesperados `por comprar y millones de comerciantes
desesperados por vender, e impedir que hagan lo uno y lo otro; he aquí lo que
pedimos a los gobiernos…Despenalizar algunas clases de comercio ilícito
constituye una necesidad pragmática, derivada de una sencilla realidad en la
era de la globalización, resulta prácticamente imposible conseguir que todas
las fronteras sean seguras durante todo el tiempo”.
Esto quiere
decir que para quitar presión presupuestal, política y social a los gobiernos,
pragmáticamente ciertas modalidades de comercio ilícito deberían intentar
despenalizarse.
Sin embargo,
esto sólo aplicaría para algún tipo de contrabando de mercancías y en especial
de drogas, pero no para otro tipo de delitos como la extorsión, el secuestro,
la pederastia, la trata de personas, el cibercrimen, los fraudes, etc.
Es decir, la
gama de actividades criminales es enorme, y por lo tanto, no todo puede ser
legalizado o despenalizado.
Por lo
tanto, la única forma de combatir, disminuir y acotar las actividades
criminales que lesionan a la sociedad en su conjunto y pudren por dentro al
Estado (infiltrándolo y corrompiéndolo) tienen que incluir una reforma a fondo
del Estado en cuestión.
Esto
implicaría que instancias externas a él, no involucradas en actividades
criminales, pudieran tomar el control e ir limpiando sus estructuras, de tal
forma que la simbiosis con las organizaciones criminales pudiera irse
desbaratando, para entonces sí pasar a una etapa de combate a organizaciones
externas al Estado, que no están imbricadas en él, y por lo tanto las
estrategias de combate al crimen podrían ser mucho más eficaces.
Pero el
problema radica en que en una sociedad como la mexicana, con 100 años de estar
acostumbrada a convivir, prohijar y hasta admirar la vida criminal, resulta
sumamente complicado que sectores de la población y personas honestas que no
tienen que ver con dichas actividades, estén dispuestos a arriesgarlo todo para
cambiar la situación, sin garantía alguna de que lograran los resultados que se
proponen.
Normalmente,
acaban siendo los encargados de combatir a la delincuencia los mismos
personajes reciclados de gobiernos anteriores, debido a que los pocos honestos
que lo intentan terminan muertos o despedidos; y por lo tanto, estrategias y
políticas públicas, por muy bien diseñadas que estén para combatir la
criminalidad, terminan en manos de personajes que sólo intentan sobrevivir en
el puesto, en el mejor de los casos; o que de plano siguen la pauta de aliarse
con los criminales (incluso llegando a convertirse ellos mismos, en jefes de
bandas y cárteles).
Así,
suponiendo que López Obrador y su gabinete no estén involucrados con ningún
grupo o actividad criminal (con la duda respecto al cártel de Sinaloa), lo más
probable es que sus propuestas y políticas públicas para contener y disminuir
la violencia y la inseguridad se queden cortas, ya que la mayor parte del
aparato con el que intenta llevar a cabo las reformas (muy tibias) en la
materia, es el mismo de siempre, con los mismos vicios y las mismas relaciones
peligrosas, de los últimos 30 años, por lo menos.
En suma, la
sociedad mexicana, si quiere disminuir significativamente el riesgo que constituye
el crimen organizado, tiene que empezar por desvincularlo del Estado; no
pretender que son dos entes separados. Y para ello, la sociedad civil
organizada tiene que recapturar al Estado en su favor, lo que implica un nivel
de organización y de compromiso que en estos momentos, simplemente no existen
en nuestro país.
[2]
La simbiosis es la asociación íntima de organismos de especies diferentes para
beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital.
[3]
Naím, Moisés; 2006; Ilícito, cómo traficantes, contrabandistas y piratas
están cambiando al mundo; Random House Mondadori ; Colombia; 314-315.
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