CREAR LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN MÉXICO (CICIM)

El 2 de Marzo pasado, inició su trabajo de investigación el grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Su primera actividad fue reunirse con funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores en la ciudad de México, para posteriormente, trasladarse al municipio de Tixtla, en donde se encuentra la escuela normal rural, para reunirse con los padres de los jóvenes desaparecidos.

Según declaraciones de los expertos de la CIDH, su trabajo podría prolongarse hasta por 6 meses, después de los cuales emitirán un reporte para la CIDH y ésta podrá entonces hacer recomendaciones al gobierno mexicano sobre la investigación que ha realizado respecto a la desaparición de los estudiantes (para la Procuraduría General de la República la verdad jurídica es que fueron secuestrados, torturados, asesinados y cremados por el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos; versión que es rechazada por los padres de los jóvenes).

Los expertos que conforman el grupo enviado por la CIDH son: el abogado Francisco Cox de Chile; los abogados colombianos Angela Buitrago y Alejandro Valencia; el médico español Carlos Beristáin; y la abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz.

Es histórico el que expertos internacionales hayan sido convocados por el propio gobierno mexicano para revisar la investigación que las autoridades han realizado sobre un hecho delictivo de las mayores consecuencias, ya que tradicionalmente los gobernantes mexicanos se han negado a que instancias internacionales intervengan o califiquen de alguna manera la aplicación de la ley en el país, ni la procuración, administración e impartición de justicia en territorio nacional.

Sin embargo, ha generado tal grado de indignación nacional e internacional el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, y fue tan lenta e ineficaz la respuesta del gobierno federal ante estos hechos, que provocó la demanda de los propios padres de familia, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación de que la investigación fuera avalada por instancias distintas a las del gobierno mexicano, que se abrió la posibilidad de que por primera vez un organismo internacional tenga injerencia directa en una investigación penal en territorio mexicano.Y es que el descrédito de las autoridades mexicanas en materia de procuración e impartición de justicia ha ido creciendo a lo largo de muchos años, pues durante décadas los niveles de impunidad que prevalecen en el país son del orden de 93%[1].

Cuando un país llega a grados tan elevados de impunidad y por lo tanto de extendida desconfianza de los ciudadanos (y del resto de la comunidad internacional) en las autoridades encargadas de prevenir y castigar el delito en el país, es imperativo dar un salto cualitativo para responder a una crisis así, de lo contrario el camino seguirá siendo descendente.

En este sentido, vale la pena observar y analizar otras experiencias, muy cercanas a México, que han enfrentado situaciones similares, y que si bien distan mucho de haberlas superado, al menos han intentado nuevas formas de acometer el indispensable requisito de atacar las fuentes de la impunidad en el sistema de justicia y en las estructuras de seguridad del país.

Ese es el caso de Guatemala, que a principios del siglo XXI, en un estudio realizado por la Secretaría de Análisis Estratégico (órgano encargado de la inteligencia civil en el país), estableció que de seguir el deterioro institucional, la impunidad, la corrupción y la violencia  a niveles intolerables, para el 2020 Guatemala sería un “Estado fallido”, en donde las autoridades ya no tendrían el control sobre gran parte del territorio y sería el “crimen organizado”, “las maras” y “el vigilantismo”, los que monopolizarían la aplicación de la fuerza[2].

Ante esto, en 2006 el gobierno guatemalteco junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidieron crear un organismo que pudiera intervenir directamente en el sistema de investigación criminal y acusatorio de Guatemala, que estuviera separado de los centros tradicionales de poder, con autonomía presupuestal y operativa, para disminuir las crecientes debilidades institucionales guatemaltecas en materia de seguridad, procuración y administración de justicia.

Así, el 12 de Diciembre de 2006 se firmó el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acuerdo que fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de Agosto de 2007.

La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

Si bien, en el caso guatemalteco el objetivo por el que se creó la CICIG tenía que ver más con grupos paramilitares y guardias blancas que llevaban a cabo una “guerra sucia” contra opositores políticos, ex guerrilleros y también grupos delincuenciales que afectaban los intereses de los llamados “poderes fácticos”, con el tiempo se fue convirtiendo en una instancia que ha ayudado a mejorar las capacidades de investigación en materia criminal del Estado guatemalteco y ha presentado casos mucho más sustentados ante los tribunales, permitiendo así combatir de manera más eficaz la tan extendida impunidad.

Ahora la CICIG enfrenta en Guatemala la posibilidad de ser desmantelada (a pesar de que numerosas organizaciones sociales, organismos no gubernamentales e incluso el gobierno de Estados Unidos se oponen a ello), puesto que la administración del presidente Otto Pérez Molina no parece estar dispuesta a solicitar al Congreso un período adicional de dos años, que desde su creación en 2007, se ha venido extendiendo con el visto bueno de todos los gobiernos y congresos respectivos.

Pues bien, la situación de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que prevalece en México -lo que ha derivado en la falta de confianza de la ciudadanía en sus autoridades, al grado que la mayoría de la población no presenta denuncias por los delitos que sufre, pues desconfía de policías, ministerios públicos y jueces, ya sea por su complicidad con el crimen organizado o simplemente por su ineficacia y en ocasiones indiferencia, para aplicar la ley- lleva a la necesidad de buscar instancias que coadyuven a recuperar esa confianza, y que desgraciadamente en estos momentos no pueden surgir del propio entramado político-social del país, sino venir de la comunidad internacional, como sucedió con la CICIG.

Por ello, este grupo de expertos que estará realizando su propia investigación sobre los hechos de Iguala, se podría convertir en el inicio de lo que sería una Comisión Internacional contra la Impunidad en México (CICIM), con características similares a la CICIG, en el sentido de que podría ser la ONU (o en su defecto la OEA), el organismo internacional con el que el gobierno mexicano podría convenir la creación de un organismo, formado por expertos internacionales, encargado de participar como apoyo a la Policía Federal, a la Agencia Federal de Investigación y al Ministerio Público en casos relevantes como violaciones a los derechos humanos (Tlatlaya), desapariciones forzadas (como lo puede ser el caso de los jóvenes de Ayotzinapa) y otros asuntos que impacten decisivamente a la sociedad mexicana, y en los que se exija de parte de la ciudadanía y de la comunidad internacional la participación de una instancia imparcial que pueda avalar o en su caso corregir las investigaciones que las autoridades nacionales realicen, para así abonar a la confianza en las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia en el país.

Esta propuesta parece más necesaria ahora que se ha aprobado en el Senado de la República (con mayoría priísta) el nombramiento de una nueva procuradora general de la República  (Arely Gómez), que representa una clara “cuota de poder” que Peña Nieto ha dado a la poderosa televisora Televisa (es hermana del vicepresidente de Noticias de dicha empresa, Leopoldo Gómez), lo que claramente comprometerá la imparcialidad y profesionalismo con que se realicen ciertas investigaciones y procedimientos que tengan que ver con dicha empresa, o con grupos políticos o empresariales aliados a ella.

De igual forma, la propuesta de Peña Nieto de que el embajador de México en Estados Unidos ocupe una de las vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica otra “cuota” para Televisa, ya que Eduardo Medina Mora fue el jefe de Arely Gómez cuando fue procurador General de la República y además tiene una estrecha relación con otro de los vicepresidentes de Televisa, Bernardo Gómez; a quien en el 2005, siendo Medina Mora director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), le hizo llegar los videos en los que el empresario argentino Carlos Ahumada entregaba grandes cantidades de dinero al entonces secretario particular del que era el jefe de gobierno del D.F., Andrés Manuel López Obrador (entre otros videos que el propio Ahumada hizo llegar al gobierno en esa época).

Con nombramientos en posiciones estratégicas tan cuestionables en materia de procuración e impartición de justicia, como los que ha hecho Peña, se requiere más que nunca que la ciudadanía cuente con un contrapeso que ayude a evitar que “poderes fácticos”, como Televisa y otros (incluido el crimen organizado), sigan minando y “capturando” a las instituciones nacionales en su beneficio, por lo que la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en México (CICIM) podría servir en este sentido, por lo que organizaciones sociales, de derechos humanos y no gubernamentales deberían considerar dicha propuesta y presionar (especialmente en el ámbito internacional), para lograr su concreción.

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[1] En el contexto del incremento de casi todos los delitos del fuero común en México, 93.8 por ciento de los perpetrados durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quedaron impunes porque no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, estima la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014.

La llamada cifra negra –número de delitos que no fueron denunciados o por los cuales no se inició averiguación previa– contrasta con la de países como Estados Unidos, Inglaterra y Gales, donde la impunidad es de 63 y 61 por ciento, respectivamente. Esta cifra, “que es una forma de medir el grado de confianza de la población en las instituciones”, es superior a 60 por ciento en todos los países donde se aplica la encuesta de victimización, informó Mario Palma, vicepresidente de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades con cifra negra mayor a la nacional en 2013 fueron Guerrero, con 96.7 por ciento; el estado de México, con 96 por ciento y Michoacán, con 94 por ciento. (Zúñiga, Juan Antonio; La Jornada; septiembre 30, 2014).

[2] Editorial de el Periódico, Guatemala, 15 de febrero de 2015.